Los Alcaldes, Comunidades Campesinas y Organizaciones Sociales de las Provincias de Ayabaca y Huancabamba (Piura), San Ignacio y Jaén (Cajamarca), que conformamos el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, respecto al condenable suceso del día 16 de Julio en el distrito de Namballe-San Ignacio donde se ha producido la muerte de manera extraña del Alcalde distrital Amadeo Mijahuanca Peña, nos dirigimos a la opinión pública, nacional e internacional para expresar lo siguiente:
El Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, comenta en una declaración del 7 de julio las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Consulta. La conclusión de Anaya es que la Ley de Consulta, así como ha sido aprobada por el Congreso en el mayo pasado, es coherente con todos los principios de derecho internacional y del Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, el Relator pide su promulgación y aplicación.
El proceso de dialogo entre los pueblos indígenas y el gobierno peruano finalizado con la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Consulta el pasado 18 de mayo, ha representado sin duda un momento importante en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos y un avance para la democracia y la participación ciudadana del país. Las observaciones a la Autógrafa de la Ley formuladas el 21 de junio por el Poder Ejecutivo son incompatibles con los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 25 de junio pasado la presa de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica ubicada en la región de Huancavelica ha reventado vertiendo en el río Totora 500 toneladas métricas de material toxico.
El lunes 21 de junio, el Poder Ejecutivo presentó en fecha y hora límite, un conjunto de observaciones a la Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas, que había sido aprobada por el Congreso de la República el pasado 19 de mayo.
"A lo largo del año fue creciendo el descontento y el malestar social por las políticas del gobierno, sobre todo en relación con los proyectos de extracción y legislación sobre el uso de la tierra y los recursos naturales".
Así empieza el apartado sobre Perú del último informe "El estado de los Derechos Humanos en el Mundo" de Amnistía Internacional, presentado en Lima el pasado 27 de mayo.