Polémico video revela la estrategia de Minesa para evitar el rechazo de su minería en Santurbán
En el video se ve al presidente de la compañía, Santiago Urdinola, empresa árabe que a principios de este año había vuelto a radicar un Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el propósito de extraer unos nueve millones de onzas de pirita y cobre.
Urdinola expone en una reunión privada la estrategia para sacar adelante la licencia ambiental. “Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien. Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de yo allá tenga una marcha diaria (…), nos funciona”, asegura. El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunas élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque.
“Si ellos sienten que es parte del ejercicio o (…) que es Petro marchando por tumbar el gobierno de Duque, y dicen ‘no me voy a dejar tumbar de Petro’, nos funciona (…) La pregunta es cómo hacemos que nuestros stakeholders se sientan tranquilos” se le escucha decir en el video.
Para Urdinola, una de las claves es presentar la información correcta a a los ministros encargados. Por ejemplo, hablar de energías renovables con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
A Urdinola le parecen inquietar las frecuentes noticias en las que Minesa no suele aparecer bien parada. “Acá va a haber mucha presión mediática. A los medios les gusta la historia de la comunidad que está brava, no la historia de quienes hemos ayudado, de los niños que van a la escuela y de la que hay agua potable gracias a Minesa. La historia es la de la comunidad que siente que va a ser reasentada. Hay 50 familias que vamos a sacar de su territorio, donde han vivido por más de 100 años, porque están en la huella del proyecto. Esa es la historia mediática; la que van a explotar”, advierte.
El video, que dura casi nueve minutos, fue muy mal recibido entre quienes forman parte del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, que desde hace varios años han convocado marchas para protestar por la explotación minera en el territorio.
“Rechazamos contundentemente estas declaraciones del video. Es una estrategia contra la ciudadanía, que nos hemos movilizado hace 9 años para rechazar la megaminería en Santurbán. Es una estrategia para engañar a Bucaramanga, a Bogotá y a los funcionarios que toman las decisiones. Es poner un manto de duda en este proceso de resistencia ciudadana”, le dijo a W Radio Mayerly López, una de las voceras del Comité.
En sus palabras, en caso de que la Anla apruebe la licencia ambiental de este proyecto, se pondrá en riesgo el suministro de agua de 2,5 millones de personas. “Confiamos en que la Anla haga un proceso serio y riguroso. No confiamos en la empresa, y menos después de este video”, afirmó al tiempo que reveló que el próximo 10 de mayo realizarán una nueva marcha para oponerse al proyecto de Minesa.
Fuentes: CONTAGIORADIO ‘Filtran video que evidencia campaña de estigmatización de Minesa contra ambientalistas’; EL ESPECTADOR ‘Polémico video revela estrategia de Minesa para evitar el rechazo de su minería en Santurbán’.
Cámara aprobó la construcción del puerto de Tribugá en Chocó
Los apartes del Plan Nacional de Desarrollo que le dan luz verde fueron aprobados ayer por el legislativo. La decisión, pese a que falta la aprobación del Senado, genera preocupación para las comunidades y los expertos. Se estima que 1.000 hectáreas de manglar en el Pacífico serán destruidas con esta intervención.
Las comunidades de Tribugá, uno de los nueve corregimientos de Nuquí (Chocó), no quieren un puerto. Su posición tiene sentido: aunque una obra de este tipo promete puestos de trabajo, desarrollo y carreteras para una región que bien lo necesita, la construcción de la misma implica pasar por encima de un territorio protegido por ellos, el Distrito Regional de Manejo, Cabo Corrientes. Un ecosistema del que no solo dependen las comunidades gracias a la pesca artesanal, el corte y uso de los manglares y el ecoturismo, sino donde viven alrededor de 8 especies de mangles, anidan tortugas sobre 971 hectáreas de playas, pianguas y pequeños moluscos que son la base de la alimentación en la zona. Pero ayer la Cámara de Representantes aprobó su construcción.
De resultar también aprobado, se empezaría a construir un puerto de muelles de hasta 3.600 metros de longitud, con profundidades entre 15 y 20 metros y capacidad para recibir barcos de hasta 200.000 toneladas. Todo eso, en medio de este territorio. La obra, de hecho, se estima más grande que el Puerto de Buenaventura y uno de los más masivos de América Latina.
Fuente: EL ESPECTADOR ‘Cámara aprobó la construcción del Puerto de Tribugá en Chocó’
Habitantes de Taganga, en Magdalena, denuncian la construcción de un nuevo proyecto en la bahía
Habitantes de Taganga, en Magdalena, denuncian que la empresa Terminal de Graneles Líquidos de Daabon (Terlica) adelanta la tercera modificación de la licencia ambiental otorgada para la construcción de un puerto en la Bahía a pesar de que las comunidades se han manifestado en contra del proyecto por las afectaciones sociales, económicas y ambientales que ocasionaría.
En 2008 la ruptura de una válvula en las instalaciones de Terlica en Taganga ocasionó un derrame de aceite de palma crudo a la Bahía de Playa Grande, afectando a miles de corales y otros organismos marinos. A pesar de este antecedente y de que la empresa aún no ha terminado con las ordenes del Ministerio de Ambiente de compensar los daños, las autoridades ambientales han aprobado dos modificaciones a la licencia ambiental.
Por su parte, las comunidades temen que la emergencia ambiental que provocó Terlica en el 2008 se pueda repetir, lo que perjudicaría al ambiente y a la supervivencia de los 6.000 habitantes del corregimiento que dependen de la pesca y el turismo. Además, expertos resaltan que un accidente en el muelle podría generar problemas más graves dado que se pretende transportar aceite de palma, químicos derivados del petróleo e hidrocarburos por este puerto.
El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, argumenta que la licencia ambiental aprobada por la ANLA está deslegitimada. No tuvo consentimiento ni el proyecto fue socializado con las comunidadesas que habitan el territorio. Además hay presuntos hechos de favorecimiento y conflicto de intereses en el otorgamiento de licencias y concesiones. ‘‘Decimos no al Puerto de las Américas porque estaría ubicado dentro de la Línea Negra, que es una zona teológica de los indígenas de la Sierra Nevada, por lo que requiere una consulta previa’’, recalcó tambien.
Fuentes: CONTAGIORADIO ‘”¡No queremos muelle!”: el grito de los habitantes de Taganga’; REVISTA7 ‘Nuevo Puerto en Taganga ¿en veremos?’
¿Qué lograron los líderes sociales que instalaron el refugio humanitario en Bogotá?
Casi una semana estuvieron en la capital cerca de 2.000 líderes de todo el país para hacer un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad Internacional por la falta de garantías de seguridad en sus territorios. Estuvieron en el Congreso, en varias embajadas, hicieron manifestaciones y se llevan compromisos importantes. “No puede ser que estemos a la discreción de un presidente que piensa más en Venezuela que en Colombia (…) Mientras él llama a la paz en Venezuela aquí asesinan a los líderes, los amenazan, los sacan de sus tierras”, les dijo la senadora Aída Avella a miles de líderes sociales que habían llegado Bogotá a instalar un refugio humanitario como una medida para combatir lo que consideran la desatención del gobierno de Iván Duque a la oleada violenta contra los defensores de los derechos humanos en el país.
Los voceros del refugio señalan que a nivel general el objetivo de haber instalado un refugio humanitario en Bogotá y sacudir a la opinión pública en las grandes ciudades sobre la crisis en los territorios, se alcanzó. Tambien lograron sensibilizar a las embajadas, al darles a conocer la situación, y ellos asumieron el compromiso de interlocutar con el Gobierno Nacional para que se pueda atender de mejor manera el tema de la protección de los líderes sociales”, explica Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Aparte de eso esta tambien Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que se comprometió publicamente a reactivar la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de interlocución directa entre las organizaciones sociales y varias entidades del Gobierno Nacional, que llevaba suspendida desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia.
Sin embargo, les quedan sinsabores en lo referente a respuestas del Gobierno, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, en relación con dos temas. Por un lado, la muestra de resultados en las investigaciones sobre las estructuras armadas encargadas de ejecutar los asesinatos de líderes sociales. Según dicen, los hallazgos en este sentido son mínimos. Y por otro lado, la respuesta sobre un número infinito de judicializaciones a líderes sociales en los territorios, sobre las cuales han pedido explicaciones, sin éxito.
Fuente: EL ESPECTADOR ‘¿Qué lograron los líderes sociales que instalaron el refugio humanitario en Bogotá?’
La Fiscalía pide medidas cautelares por daños ambientales al río Cauca de Hidroituango
Se trata de una solicitud basada en el trabajo desarrollado por un equipo de 9 peritos, ingenieros, biólogos y ecólogos que, apoyados por la Policía Judicial, estuvieron en Hidroituango investigando los posibles daños ambientales.
Entre las conclusiones se encuentra el hallazgo de riesgos para las fuentes hídricas, fauna, flora, y la vida de los habitantes. Un primer riesgo es la llegada del buchón, explica el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Es una planta invasora que se desplazó 8,5 kilómetros por los fuertes vientos. La presencia de esa planta hace que el agua no corra con fluidez y reduce los procesos de conservación de los ecosistemas, lo que provoca la desaparición de los animales que habitan el río.
La segunda medida está relacionada con una planta de asfalto abandonada en el río San Andrés, explicó el Fiscal. Actualmente hay residuos que caen a los cuerpos de agua, del San Andrés pasa al Cauca y finalmente al Magdalena, disminuyendo la calidad del agua. Esta planta de asfalto había sido contratada por Hidroituango, pero no se habría cerrado de manera correcta. Además, los niños, comentó Martíneza, juegan con los residuos como si fueran plastilina, a pesar de que estos, como la brea, tienen componentes con características cancerígenas.
La tercera medida tiene que ver con la escombrera El Higuerón. La escombrera se encuentra sobre una pendiente que da al río Cauca y las rocas amenazan en la actualidad con desprenderse. Los expertos encontraron grietas hasta de 60 metros de profundidad. Esto genera un gran peligro de derrumbe sobre la vía que hay allí, por la que pasan vehículos y peatones, y, de caer al río, un represamiento del mismo. Por ello, el ente investigador pidió la estabilización urgente e inmediata de taludes y el cierre técnico de la escombrera.
Por último, la Fiscalía pidió que se intervenga la afectación a la cadena alimentaria de la zona. La presa de Hidroituango está impidiendo el paso, río abajo, de sedimentos y nutrientes necesarios para la vida óptima de la fauna. “Los sedimentos y nutrientes no logran superar la barrera de la presa, y se quedan allí”, explicó el jefe del ente acusador. Esto afecta a la diversidad y riqueza biológica y los expertos encontraron consecuencias en las poblaciones de peces en calidad, tamaño, reproducción y peso.
Fuente: EL TIEMPO ‘Fiscalía pide medidas cautelares por daños ambientales de Hidroituango’
5° Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental en San Vicente de Chucurí, Santander
Asociasiónes, colectivos y comités ambientales de todo el país se reunieron el 5, 6 y 7 de abril en San Vicente de Chucurí en Santander por el 5° encuentro del Movimiento Nacional Ambiental de Colombia. La reuníon resultó en tres días plenos de intercambios de experiencias, estrategias de lucha y talleres interactivos entre los ambientalistas que estaban presentes.
El evento se cerró el domingo a la tarde con la primera marcha ambiental en el municipio de San Vicente; “donde en el año 2017, el alcalde del municipio fue presionado por las empresas mineras para que se negara a convocar la consulta que ya había sido legítimamente exigida por la ciudadanía y avalada por el tribunal administrativo de Santander”, según dice también la declaración final, que puso el punto final al encuentro.
La declaración del encuentro se puede leer a través del siguiente enlace.
Fuente: MOVIMIENTO NACIONAL AMBIENTAL ‘Declaración del V Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental San Vicente de Chucurí, Santander’.
Mandatarios locales y organizaciones sociales de Jericó muestran su indignación sobre la ‘audiencia pública’
Jericó prohibió la minería de metales por acuerdo municipal, pero el debate frente a la conveniencia de esta práctica en un lugar con vocación cafetera sigue abierto, pues la multinacional AngloGold Ashanti tiene sus ojos puestos en esa tierra, que ve con gran potencial para la explotación minera.
El pasado 12 de abril en el municipio de Jericó se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Centro Democrático y por una Comisión Accidental del Congreso de la República. Esta audiencia planteó, dentro de sus propósitos, un diálogo entre varios actores para abordar temas sobre “medio ambiente y desarrollo sostenible en el suroeste antioqueño” y promover una comisión de seguimiento a la “situación minera, social y de planeación del Territorio”. En la audiencia estuvieron presentes los voceros de varias organizaciones ambientalistas, expertos en geología, ingeniería ambiental y derecho; empleados de AngloGold Ashanti, la minera en cuestión, y delegados de los gobiernos departamental y nacional.
La convocatoria a esta audiencia sorprendió a varios mandatarios locales y a organizaciones sociales del suroeste de Antioquia porque aún no quedan claros los propósitos y alcances de esta iniciativa. Es importante tener presente que su convocatoria e implementación se desarrolló en un extraño y confuso contexto que se caracterizó por:
- La convocatoria del Centro Democrático a la “audiencia pública”.
- El mensaje en Twitter del Senador Álvaro Uribe Vélez sobre su oposición a proyectos mineros en el suroeste.
- La presencia de Mario Uribe en la audiencia.
- La percepción de algunos medios de comunicación al considerar que “el uribismo recarga a los antimineros en el suroeste”.
- El desconocimiento de las organizaciones sociales y fuerzas vivas del suroeste.
Resulta evidente el protagonismo que asumió el Centro Democrático y el Uribismo en esta “audiencia pública”, y a la vez resulta contradictorio ya que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez otorgó alrededor de 11.000 títulos mineros y dejó en trámite otros 7.000 para que fueran legalizados por sus sucesores; todo esto además de la cercanía que el Senador Uribe ha tenido siempre con las empresas trasnacionales mineras.
Para la actualidad, el gobierno de Iván Duque profundiza en su Plan de Desarrollo el modelo extractivo en el territorio colombiano.
Valorando lo anterior, las conclusiones del evento fueron resultado del consenso entre las partes de la Comisión Accidental, lo cual no se puede confundir con un proceso de concertación entre los actores en conflicto. El debate por la legalidad de la minería y la posible explotación de cobre en Jericó se trasladará al Congreso de la República. Así lo anunciaron algunos de los integrantes de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
En la audiencia fue evidente el rechazo de las comunidades a la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti, rechazo que se ha manifestado de múltiples formas a través de movilizaciones, plantones, travesías, vigilias, acuerdos municipales, mandatos populares, planes de vida y otros mecanismos políticos y jurídicos. Por este motivo, ni el Uribismo ni el Centro Democrático “recargan” la lucha antiminera en el suroeste, sino todo lo contrario: han profundizado el conflicto mediante sus políticas extractivas.
Vean tambien el documental hecho por ciudadanos de Jericó mediante el cual comparten su punto de vista frente al asunto minero aquí.
Fuentes: CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL ‘Sobre la “Audiencia Pública” en Jericó’ ; EL COLOMBIANO ‘Comisión del Congreso hará seguimiento a minería en Jericó’.
Presidente Duque no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras del suroccidente colombiano. La minga le pone una nueva cita para retomar los diálogos en mayo
Para más información contextual, les recomendamos leer el Mines&Territory de marzo
La minga indígena, tras 26 días de bloqueos en la Vía Panamericana y los municipios de Cauca y Nariño, llegó a su fin el 5 de abril. El gobierno y los mingueros habían alcanzado un acuerdo económico por $843.000 millones. Una de las condiciones del acuerdo era un diálogo público entre los mingueros y el Presidente de la República, Iván Duque.
Sin embargo, después de muchas dilataciones y pretextos, aunque Duque llegó hasta el municipio de Caldono, no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras. El argumento de la petición presidencial era la seguridad nacional. Duque pidió que el encuentro se diera en la casa cultural de Caldono a puerta cerrada, solo con los líderes más importantes como asistentes. Pero ellos no aceptaron.
“Le faltó honor a su palabra y faltó al respeto a los mingueros y mingueras al no escucharlos. Esta actitud muestra claramente la falta de capacidad y autonomía para ejercer su papel de dirigente del país”, acusa el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, ente principal que movilizó la Minga en primer lugar.
El cara a cara del presidente con la Minga tenía de fondo varias tensiones que se podían sentir en el ambiente: los trinos de Uribe, la versión de la infiltración ilegal planteada por el fiscal. Pese a que los indígenas se sentían con ello maltratados, estaban dispuestos a acomodarse a las circunstancias si el presidente hablaba en el parque principal. Lo que más les interesaba era debatir con Duque sobre tierras, paz, Plan de Desarrollo y derechos propios de las comunidades étnicas en Colombia.
Además de ello, para la Minga era trascendental que Duque firmara los acuerdos a los que habían llegado, esto es, que se le diera un piso jurídico a los 843.000 millones de pesos a los que se había comprometido la ministra Nancy Patricia Gutiérrez para ser destinados a la educación, la salud y proyectos productivos en el Cauca y Nariño.
“La minga es de indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás organizaciones sociales del país. Aquí no hay terroristas, no hay delincuentes, lo que hay es un pueblo digno que esperó a dar un diálogo sobre temas que nos preocupan, como es el tema de la tierra y los riesgos al territorio, el tema de la vida. Esta minga dejo 88 compañeros heridos, nueve muertos, entre ellos Deiner Ceferino Yunda Camayo, joven minguero que perdió la vida cuando el ESMAD le disparó en el pecho. La minga del suroccidente continúa y se fortalece cada vez más desde distintos puntos del territorio. Nos vincularemos a la minga nacional”, afirma el CRIC en su sitio web.
Una nueva cita
En el marco del Paro Nacional, las autoridades territoriales junto con más de 4.500 habitantes se movilizaron en Cali, Popayán, Bogotá, Medellín, Manizales y Neiva. Su intención, además de exigir los puntos principales por los que se originó la minga, es decir, el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la garantía de los derechos fundamentales, la restitución de tierras, el cuidado del medioambiente y el reconocimiento de su autonomía- manifestarse en contra del asesinato y persecución a líderes sociales, era denunciar la estigmatización y judicialización de los manifestantes y las agresiones por parte de la fuerza pública, entre otros.
Con fecha del 24 de abril, el CRIC, junto con el apoyo de las organizaciones indígenas de Huila, Caldas y Valle, emitió una carta de invitación al presidente Iván Duque para que la próxima cita tuviera lugar el 20 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Intercultural de la ciudad de Popayán, Cauca. Dentro de las discusiones que tendrían lugar en dicho encuentro se incluye la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y organizativos de los indígenas, campesinos y afros que “se ven amenazados por la agenda legislativa radicada en el Congreso que nos desconoce”.
“Es de considerar que las comunidades se encuentran en asambleas permanentes y que la Minga reitera y mantiene la importancia del diálogo entre usted, como presidente de la República, y las autoridades y organizaciones sociales. Esperamos contar esta vez con su disponibilidad al diálogo con los colombianos y colombianas de la periferia del país”, reza el documento.
La extinción de los indígenas
Jesus Olivero Verbel, Vice-Rector de Investigaciones en la Universidad de Cartagena, nos deja su punto de vista sobre la protesta indígena y la vulneración de esta minoría en su columna en el periódico ‘El Universal’.
“Lo que sucede en el Cauca es un retrato puntual de la problemática indígena en el país. Esta población, en extremo vulnerable, con muchos miembros deambulando por las calles, está extinguiéndose a punta de violencia, desapariciones, desplazamiento y envenenamiento, fotografía manifestada con diferentes matices en todos los rincones del país.
En La Guajira sus niños mueren de hambre, han perdido los territorios que ahora son huecos inmensos del tamaño de ciudades y no les responden por los chivos extraviados; en la Sierra Nevada colocan antenas y hoteles en sus sitios sagrados y les maman gallo todo el tiempo con los compromisos; en el Chocó y Guainía la minería destruye sus ríos acabando con la selva y los peces que son su alimento; en Córdoba Urrá les arrebató y destruyó su río convirtiéndolos en mendigos; y en el Amazonas, el mercurio de la minería los envenena, la comunidad de Taraira, en el Parque Nacional de Yaigojé Apaporis, posee las concentraciones más altas de este metal tóxico en Latinoamérica.
Es triste que mientras nuestros verdaderos ancestros reclaman su territorio, nosotros le entregamos medio departamento del Cesar a extranjeros para que nos dejen un cráter lunar en donde nada podrá sembrarse en miles de años, todo sin que esto tipifique una vía de hecho. En este país se han violentado tanto los derechos de nuestros indígenas y en general de las minorías, que no hemos salvado ni la memoria histórica de estos atroces acontecimientos. La situación del Cauca debe replantearse, los indígenas pueden flexibilizar su protesta para no asfixiar a las comunidades ajenas al conflicto, y el Gobierno puede comprometerse a escucharlos in situ. Así, nadie perdería.”
Fuentes: CRIC ‘Presidente Duque no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras del suroccidente Colombiano’; SEMANA ‘Duque está en Caldono pero no se ha puesto de acuerdo con la minga para dialogar’; EL ESPECTADOR ‘Minga le pone nueva cita al presidente Iván Duque para retomar los diálogos’; EL UNIVERSAL ‘La extinción de los indígenas’.
Rechazan políticas de Duque en el paro nacional de Colombia
La movilización nacional fue el primer paro al que se enfrentó el presidente Iván Duque desde que asumió el cargo el 7 de agosto del año pasado. El descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como la creciente violencia contra líderes sociales y la estigmatización a los pueblos indígenas, son las causas principales que detonaron el paro que se desarrolló el 25 de abril en las principales ciudades de Colombia.
Diversos movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones campesinas e indígenas aunados a otras entidades aglutinadas en una sola voz, se tomaron las calles para rechazar las políticas económicas y sociales concentradas del PND del presidente Iván Duque.
Los sindicatos también mostraron su posición contraria a la reforma laboral que está inscrita en el plan de desarrollo, porque denuncian que elimina el contrato laboral tal como está contemplado en las leyes colombianas, así como afecta el salario mínimo por la formulación de contratación por horas, constituyendo un ataque directo a los mecanismos de negociación colectiva.
Asimismo el conjunto de ciudadanos que se manifestaron este jueves, expresó su apoyo a la minga social, un movimiento que busca la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, frenar la ola de asesinatos contra sus líderes, así como exigir al Gobierno que cumpla con numerosos acuerdos que las organizaciones han firmado con distintas administraciones en los últimos años. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que durante casi un mes bloqueó el suroeste del país en una protesta para exigir más atención del Gobierno, se movilizó hasta Popayán, capital del departamento del Cauca, por “la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”.
Otro motivo de protesta durante la jornada de movilizaciones en todo el país fueron las demandas del sector educativo que señala el incumplimiento del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados, y asimismo denuncia el carácter restrictivo del PND que impacta los principios de libertad de cátedra y la autonomía escolar, así como tiende a la privatización de la educación en Colombia, alertó la Unión Nacional de Educación Superior (UNEES).
Los pensionados presentes en el paro nacional adviertieron que el supuesto plan de desarrollo del Gobierne incluye una “reforma simulada” al sistema previsional que retrocede en la protección a la vejez.
Fuente: TELESURTV ‘Rechazan políticas de Duque en paro nacional de Colombia’
Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking
El ente de control asegura que al país le hacen falta estudios técnicos, seguridad jurídica y fortaleza institucional. Señala que implementar en este momento el fracking puede ser catastrófico e irreversible por los altos impactos sociales y ambientales que generaría.
Dicha tecnología, que comenzó a ser usada en Estados Unidos en 1999, tiene como punto de partida el fracturamiento hidráulico, que consiste en la inyección, a muy alta presión, de ingentes cantidades agua mezclada con arena y químicos, que generan microfisuras en las rocas generadoras para permitir que el crudo (o el gas) ascienda a la superficie.
De forma vehemente el excontralor Edgardo Maya Villazón le solicitó al Gobierno Nacional en agosto del año pasado, antes de terminar su periodo, una moratoria en la aplicación del fracking al considerar que el país no contaba con la fortaleza institucional ni los estudios necesarios para implementarlo. Siete meses después, esta iniciativa vuelve a tomar fuerza tras la publicación de un estudio de 202 páginas en el que la Contraloría General de la República señala que el Estado no está preparado para establecer esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.
El informe advierte, entre otras cosas, sobre las posibles consecuencias que traería el fracking a las fuentes de agua subterránea, al igual que la probable disminución del recurso hídrico superficial, los derrames o las fugas de fluidos que podrían producirse, los riesgos en el manejo y disposición de las aguas de producción, y los efectos colaterales que esta técnica generaría como, por ejemplo, el aumento de la sismicidad y la contaminación por cuenta del inadecuado manejo en el transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas (químicos, lodos, aceites, fluidos) empleados para fracturación hidráulica.
El actual presidente Iván Duque Márquez se comprometió en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, que si triunfaba en los comicios presidenciales no permitiría la implementación de esta técnica. “Tenemos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, señaló en ese momento el hoy Presidente Duque ante un grupo de académicos y estudiantes universitarios congregados en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
El pasado noviembre, tres meses después de asumir la Presidencia, Duque convocó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el fin de estudiar las posibles consecuencias que generaría la aplicación de la técnica del fracking en el país. La misión de esta comisión, integrada por trece académicos de diversas disciplinas que van desde la biología, pasando por el derecho, la filosofía, la economía hasta llegar a las ingenierías –civil, mecánica y de petróleos- y la resolución de conflictos interculturales, era discutir la viabilidad del fracking en el país, tras conversar con las comunidades de los territorios donde se proyecta realizar pilotos, evaluar los impactos de esta tecnología en otros países y revisar la normativa ambiental existente. Su informe final, que los expertos entregaron al Gobierno nacional este 15 de marzo, no dio vía libre al fracking en Colombia, pero determinó que sí es posible adelantar proyectos piloto integrales que permitan profundizar el conocimiento sobre la técnica, así como sobre sus verdaderos efectos.
Las voces en contra del fracking no demoraron en darse a conocer. Ante la Secretaría General del Consejo de Estado fueron radicadas el 24 de abril las primeras cinco intervenciones de organizaciones, las cuales apoyan la demanda de nulidad contra el marco regulatorio del fracking interpuesta en 2016 por el Grupo de Litigio e Interés Público, GLIP, de la Universidad del Norte.
Estas intervenciones se dan después de la suspensión de las normas que regulan el fracking ordenadas por el Consejo de Estado en noviembre de 2018, que en su momento concluyó que “la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana,” y que se debía “aplicar el principio de precaución, siempre que, aun cuando no existe certeza científica absoluta, haya pruebas mínimas de daños potenciales.”
Mientras el debate avanza en los escenarios de decisión política, en los territorios donde podrían llevarse a cabo estos proyectos la violencia arrecia contra quienes se oponen a esta técnica. En San Martín, un pueblo cercano a los 17 mil habitantes en el departamento del Cesar, unos cincuenta ciudadanos de muy distintos perfiles se unieron en abril 2016 para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), cuyo propósito fundamental es rechazar la realización de pruebas piloto de fracking en tierras sanmartinenses. Desde el mismo momento de su nacimiento, la organización ambientalista ha realizado talleres, foros, seminarios, marchas y jornadas de sensibilización contra esta técnica. Esto les ha costado señalamientos, estigmatizaciones, amenazas de muerte y atentados contra sus vidas.
Pese a las voces que se oponen a esta técnica de extracción, Ecopetrol anuncia que ya hay preparados proyectos para desarrollar. La empresa anuncia que hay 20 proyectos pilotos en tres zonas del país, con una inversión de 500 millones de dólares que, según sus directivas, prometen aumentar las reservas de gas y de petróleo hasta 20 años más.
El gobierno nacional ya está conciliando las diferencias que el fracking ha generado entre ambientalistas y la industria petrolera, y se estima que muy pronto tomará una decisión final.
Fuentes: SEMANA ‘Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking’; NOTICIAS CARACOL ‘Gobierno tendría lista decisión que daría vía libre al fracking en Colombia’; VERDAD ABIERTA ‘El fracturamiento social que ya está generando el fracking’; ALIANZA COLOMBIA LIBRE DE FRACKING ‘Organizaciones solicitan al Consejo de Estado mantener la suspensión del fracking en Colombia’.
Fotografía tomada por Hernando Bazurto
Fotografía tomada por Hernando Bazurto
Fotografía tomada por Camilo Toro
