{"id":34237,"date":"2023-09-21T11:10:27","date_gmt":"2023-09-21T09:10:27","guid":{"rendered":"https:\/\/catapa.be\/?p=34237"},"modified":"2023-09-26T16:07:32","modified_gmt":"2023-09-26T14:07:32","slug":"el-impacto-del-acuerdo-de-escazu-sobre-el-derecho-a-decir-no-en-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/catapa.be\/es\/el-impacto-del-acuerdo-de-escazu-sobre-el-derecho-a-decir-no-en-america-latina\/","title":{"rendered":"El impacto del Acuerdo de Escaz\u00fa sobre el derecho a decir no en Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"

Este art\u00edculo presentar\u00e1 y explicar\u00e1 brevemente c\u00f3mo <\/span>el Acuerdo de Escaz\u00fa puede repercutir positivamente en el derecho a decir no<\/b>. Para entenderlo mejor, empezaremos explicando de d\u00f3nde viene, sus caracter\u00edsticas \u00fanicas, sus objetivos, los derechos que otorga y su v\u00ednculo con nuestra campa\u00f1a “El Derecho a Decir No” en Catapa vzw.<\/span><\/p>\n

El <\/span>Acuerdo Regional sobre Acceso a la Informaci\u00f3n, Participaci\u00f3n P\u00fablica y Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/b>, tambi\u00e9n llamado <\/span>Acuerdo de Escaz\u00fa<\/span><\/a> fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y entr\u00f3 en vigor el 22 de abril de 2021. En el seno de la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU con 24 Estados Signatarios y 14 Partes entre ellos (Colombia, Ecuador y Bolivia).<\/span><\/p>\n

\"Defense<\/span><\/p>\n

“CIDH- ddhh indigenas Colombia _1039<\/a>” por\u00a0Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/a> licencia bajo\u00a0CC BY 2.0 <\/a>.<\/p>\n

El acuerdo de Escaz\u00fa es bastante singular por tres razones: en primer lugar, <\/span>es el \u00fanico acuerdo jur\u00eddicamente vinculante procedente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible<\/b> (R\u00edo +20); en segundo lugar, es el primer tratado de la regi\u00f3n en materia de medio ambiente; y en tercer lugar, es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente”.\u00a0<\/span><\/p>\n

El principal objetivo del acuerdo es cumplir los objetivos del principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece que:<\/span><\/p>\n

\u201cEl mejor modo de tratar las cuestiones medioambientales es con la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos interesados al nivel que corresponda. En el plano nacional, cada persona tendr\u00e1 acceso adecuado a la informaci\u00f3n sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades p\u00fablicas, incluida la informaci\u00f3n sobre materiales y actividades peligrosas en sus comunidades, y la oportunidad de participar en los procesos de adopci\u00f3n de decisiones. Los Estados facilitar\u00e1n y fomentar\u00e1n la concienciaci\u00f3n y la participaci\u00f3n del p\u00fablico haciendo que la informaci\u00f3n est\u00e9 ampliamente disponible. Se proporcionar\u00e1 un acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, incluidas las v\u00edas de recurso y reparaci\u00f3n”<\/span><\/em><\/p><\/blockquote>\n

De este modo, el acuerdo lucha por “<\/span>el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible<\/b>“.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se relaciona con el Derecho a Decir No?<\/b><\/h2>\n

El Derecho a Decir No representa “el derecho fundamental de las comunidades no s\u00f3lo a participar en los planes y a ser informadas sobre ellos, sino tambi\u00e9n, en caso de que los resultados de los procesos de negociaci\u00f3n no sean satisfactorios, a <\/span>decir finalmente “No” a las propuestas”.<\/b> Esta noci\u00f3n esencial no s\u00f3lo amplifica las voces de las comunidades y las sit\u00faa en una posici\u00f3n m\u00e1s equitativa, sino que tambi\u00e9n <\/span>presiona a las empresas para que respeten los conocimientos ind\u00edgenas y el derecho consuetudinario<\/b>. El derecho a decir “No” a la miner\u00eda es, por tanto, tambi\u00e9n el <\/span>derecho a decir “S\u00ed” a una vida autodeterminada <\/b>y proporciona a las comunidades un instrumento concreto para idear su propio modelo de desarrollo mediante procesos de base y el derecho desde abajo”.\u00a0<\/span><\/p>\n

Este derecho se ha construido sobre el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), que <\/span>permite a los pueblos ind\u00edgenas otorgar o no su consentimiento a proyectos que puedan afectarles a ellos o a sus territorios<\/b>.<\/span><\/p>\n

En consonancia con este concepto, el <\/span>Acuerdo de Escaz\u00fa es un valioso mecanismo jur\u00eddico <\/b>regional para apoyar el ejercicio del Derecho a Decir No en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, debido al reconocimiento y protecci\u00f3n de los derechos de acceso que otorga, como el <\/span>derecho de acceso a la informaci\u00f3n ambiental<\/b>, el <\/span>derecho de participaci\u00f3n p\u00fablica en el proceso de toma de decisiones ambientales<\/b> y el <\/span>derecho de acceso a la justicia en materia ambiental<\/b>.<\/span><\/p>\n

<\/h2>\n

\u00bfQu\u00e9 implican estos derechos en el acuerdo?\u00a0<\/b><\/h2>\n

 <\/p>\n

Derecho a la informaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

El derecho de acceso a la informaci\u00f3n ambiental comprende el <\/span>acceso a la informaci\u00f3n relevante de los proyectos siguiendo el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n<\/b>, lo que significa que las personas pueden solicitar y recibir informaci\u00f3n de las autoridades competentes sin tener que demostrar ning\u00fan inter\u00e9s o raz\u00f3n particular, lo que representar\u00e1 la oportunidad para que los particulares, ONGs y asociaciones de estar informados en cada una de las etapas de negociaci\u00f3n de los proyectos mineros les permita <\/span>actuar antes de que las autoridades tomen cualquier decisi\u00f3n definitiva sobre los terrenos<\/b>.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n implica el deber de las partes firmantes del Acuerdo de Escaz\u00fa de facilitar este acceso a la informaci\u00f3n ambiental a las personas o grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad mediante la implementaci\u00f3n de procedimientos que les asistan y asesoren en la preparaci\u00f3n de sus solicitudes hasta la obtenci\u00f3n de una respuesta que garantice el ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones. Esto significa que <\/span>la Administraci\u00f3n prestar\u00e1 la asistencia y el asesoramiento jur\u00eddico necesarios<\/b> a las personas que, dada su situaci\u00f3n particular, no dispongan de los conocimientos o recursos econ\u00f3micos para presentar las solicitudes por s\u00ed mismas pero quieran participar en estos procesos.<\/span><\/p>\n

\"People“No a la Mineria<\/a>” by somos2013<\/a> is licensed under CC BY 2.0 <\/a>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n incluye en qu\u00e9 circunstancias se permite a los Estados denegar la informaci\u00f3n solicitada y las condiciones aplicables para la entrega de la informaci\u00f3n aportando transparencia y claridad sobre los fundamentos jur\u00eddicos, l\u00edmites y excepciones para ejercer este derecho. El acuerdo de Escaz\u00fa tambi\u00e9n pide a las partes la <\/span>designaci\u00f3n de instituciones imparciales<\/b> que supervisen el cumplimiento de las disposiciones y normas establecidas en el mismo. Este derecho supondr\u00e1 un enorme cambio con respecto a los procedimientos actuales, en los que la mayor\u00eda de las veces se niega regularmente la informaci\u00f3n medioambiental a las personas o autoridades, haci\u00e9ndola demasiado complicada para que la entiendan personas no implicadas en los proyectos.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Derecho a la participaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

El derecho a la participaci\u00f3n p\u00fablica en el proceso de toma de decisiones ambientales <\/b>implica la creaci\u00f3n de mecanismos de participaci\u00f3n abiertos e inclusivos siguiendo los marcos normativos nacionales e internacionales, destinados a <\/span>incluir al p\u00fablico desde las primeras etapas de los proyectos<\/b> y actividades en materia ambiental, como los procesos de concesi\u00f3n de permisos ambientales, revisiones, reex\u00e1menes o actualizaciones. Cualquier aspecto de inter\u00e9s p\u00fablico, como la ordenaci\u00f3n del territorio, pol\u00edticas, estrategias, normativas, etc. Y <\/span>exige a las partes firmantes la difusi\u00f3n de las decisiones tomadas<\/b> y c\u00f3mo se consideraron las observaciones del p\u00fablico para llegar a las decisiones.<\/span><\/p>\n

Gracias al Acuerdo de Escaz\u00fa, a partir de ahora, <\/span>el p\u00fablico tiene derecho a supervisar e involucrarse en los proyectos desde el principio<\/b>, lo que representar\u00e1 no m\u00e1s sorpresas feas e inesperadas para las comunidades y la sociedad sobre el destino de sus tierras. A partir de ahora, sus voces deben ser escuchadas y tenidas en cuenta, y los Estados tendr\u00e1n que demostrar c\u00f3mo se incluyeron las recomendaciones y decisiones del p\u00fablico a la hora de tomar las decisiones.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Derecho de acceso a la justicia\u00a0<\/b><\/h3>\n

El derecho de acceso a la justicia en materia ambiental<\/b>, exige a las partes firmantes adecuar su legislaci\u00f3n interna con garant\u00edas de respeto al principio del debido proceso, implementando mecanismos judiciales y administrativos que permitan al p\u00fablico impugnar y apelar cualquier decisi\u00f3n, acci\u00f3n u omisi\u00f3n que afecte el ejercicio de los derechos de acceso o cuando cualquier decisi\u00f3n, acci\u00f3n u omisi\u00f3n pueda afectar el medio ambiente o pueda representar una violaci\u00f3n a las leyes y reglamentos relacionados con el medio ambiente.<\/span><\/p>\n

Como ya se ha mencionado, uno de los aspectos m\u00e1s destacados del acuerdo son sus disposiciones relativas a los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales. Ya que es el primer acuerdo vinculante en el mundo que <\/span>exige garant\u00edas de seguridad y un entorno propicio para las personas, grupos y organizaciones que trabajan promoviendo y defendiendo los derechos humanos en materia medioambiental<\/b>.<\/span><\/p>\n

En este aspecto, el acuerdo insta a la aplicaci\u00f3n de medidas adecuadas y eficaces para intervenir oportunamente en la <\/span>defensa, protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en materia medioambiental<\/b>, incluyendo “su derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n, de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edficas, y a la libre circulaci\u00f3n, as\u00ed como su capacidad para ejercer su acceso”.\u00a0<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el acuerdo fomenta la aplicaci\u00f3n de sus disposiciones a trav\u00e9s de<\/span> la creaci\u00f3n y el fortalecimiento de las capacidades nacionales<\/b> de las partes para tomar medidas, es decir, para formar a las autoridades, los funcionarios p\u00fablicos, los funcionarios judiciales, las instituciones nacionales de derechos humanos, los juristas y el p\u00fablico en general en los derechos de acceso reconocidos por el acuerdo, y reconocer el papel vital que desempe\u00f1an las asociaciones, organizaciones y grupos para sensibilizar al p\u00fablico en los derechos de acceso.<\/span><\/p>\n

\"Mining<\/span>“Mineria Amalfi 07<\/a>” by Antropovisual<\/a> is licensed under CC BY-SA 2.0 <\/a>.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es el futuro del Acuerdo de Escaz\u00fa?<\/b><\/h2>\n

Aunque el proceso de ratificaci\u00f3n de este ambicioso acuerdo ha sido lento, dada la falta de voluntad pol\u00edtica de las partes firmantes, <\/span>el acuerdo de Escaz\u00fa representa un hito para el ejercicio del Derecho a Decir No<\/b> ya que proporciona un antecedente legal regional en Am\u00e9rica Latina y el Caribe en el reconocimiento de los derechos de acceso por el cual las comunidades, grupos e individuos pueden decir no a los proyectos mineros y proponer alternativas a los mismos.\u00a0<\/span><\/p>\n

El acuerdo de Escaz\u00fa tiene un largo camino por delante y muchos obst\u00e1culos que superar antes de convertirse en un hito s\u00f3lido para la protecci\u00f3n de los derechos de acceso de las comunidades, algo que no puede hacer solo. Por ello, <\/span>el trabajo ahora es darlo a conocer a la opini\u00f3n p\u00fablica, promover su ratificaci\u00f3n por m\u00e1s estados y monitorear su implementaci\u00f3n<\/b> con el objetivo de dotar a las comunidades de m\u00e1s mecanismos legales para ejercer su derecho a decir no al actual sistema econ\u00f3mico destructivo y fomentar el reconocimiento de los derechos de acceso y promover su ratificaci\u00f3n para aquellos estados que a\u00fan est\u00e1n pendientes de hacerlo y monitorear su implementaci\u00f3n en aquellos estados que ya lo ratificaron.<\/span><\/p>\n

En Catapa vzw, queremos seguir promoviendo el Derecho a Decir No a la miner\u00eda y <\/span>el Derecho a Decir S\u00ed a una forma de vida sostenible donde las comunidades puedan determinar y controlar las decisiones relacionadas con sus territorios<\/b>. Por ello, queremos mostrar nuestro apoyo a la ratificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa, dados sus valores compartidos con nuestra campa\u00f1a RTSN, donde nuestra lucha por un futuro mejor sin miner\u00eda contin\u00faa hasta que nuestras voces sean escuchadas.<\/span><\/p>\n

Este art\u00edculo ha sido escrito por la Catapista Laura Carvajal.<\/span><\/em><\/p>\n

<\/h3>\n

Bibliograf\u00eda<\/h3>\n