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15 Días de Protestas, 40 Muertos, Más de 400 Desaparecidos: El Gobierno de Colombia Responde con Extractivismo

Han transcurrido 15 días de manifestaciones en Colombia contra las políticas tributarias que pretenden gravar la canasta básica familiar, a pesar de que el salario mínimo de los colombianos está por debajo de los 260 dólares mensuales, y de que la tasa de desempleo en la pandemia ha aumentado en un 16%. Actualmente hay un millón de desempleados más que al inicio de la pandemia en 2020.

El gobierno ha invertido dinero en la guerra, y ha anunciado la compra de 24 aviones de guerra que cuestan más de 4.500 millones de dólares, a pesar de que las cifras de abusos policiales en las protestas van en aumento, con más de 40 manifestantes muertos y unos 500 desaparecidos. El congresista Wilson Arias ha denunciado la compra de más de 14.000 millones de pesos en armas para el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la policía utilizada para reprimir las protestas en Colombia.

Colombia está literalmente en llamas, la prensa nacional está sesgada, la información está manipulada, la prensa alternativa es violentada en las calles, incluso a un periodista le han lanzado una granada a la cabeza según la denuncia de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa).

El suroeste del país, donde se concentran las manifestaciones más fuertes, ha sufrido cortes de energía y el bloqueo de las redes de internet, lo que ha imposibilitado la transmisión de la vida de los atropellos que ocurren en la zona. También se ha producido la aparición de civiles vestidos de blanco que se autodenominan “buenos ciudadanos”, estas personas están fuertemente armadas y no hay quien las detenga, la policía las ha escoltado en varias ocasiones.

No suficiente con esto, el 11 de mayo, el gobierno nacional ha decidido proponer los proyectos de ley 296 y 312 de 2020, a través de los cuales se aprobaría el convenio firmado entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Emiratos Árabes para la eliminación de la doble imposición en materia de renta y la prevención de la evasión y elusión fiscal y sus protocolos, firmado en Dubái el 12 de noviembre de 2017.

Esto significa que el gobierno colombiano sigue fortaleciendo la relación con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, gobierno que hasta ahora tiene una polémica inversión en Colombia y se trata de la explotación de ORO y polimetales en el ecosistema del Páramo de Santurbán, en el noreste colombiano.

Este ecosistema abastece de agua a más de 2.500.000 personas en Santander y Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. Desde hace 10 años, los ciudadanos se manifiestan en contra de este tipo de proyectos, y hasta la fecha se han detenido 3 proyectos de megaminería en el Páramo de Santurbán.

Dos intentos de la multinacional Greystar, uno de ellos de minería a cielo abierto y cuya solicitud de licencia ambiental fue denegada. Y el segundo, en el que la misma empresa cambió su nombre por el de ECO ORO y presentó un megaproyecto de minería subterránea en el mismo lugar donde había presentado la anterior solicitud.

La empresa se ha encontrado con la oposición de los ciudadanos. Su proyecto va en contra de los principios de protección del medio ambiente en la legislación colombiana, y en respuesta a la denegación de la solicitud de la empresa, ésta ha decidido demandar al Estado colombiano ante el CIADI (Banco Mundial) por más de 764 millones de dólares.

El tercer proyecto corresponde precisamente al de los Emiratos Árabes Unidos con su empresa MINESA, que pertenece a la filial del fondo soberano del Estado emiratí: MUBADALA. MINESA se ha encontrado con el mismo panorama que los anteriores inversionistas en Colombia: un pueblo que rechaza la explotación megaminera en Colombia y especialmente en las altas montañas de los ecosistemas estratégicos que abastecen de agua para el consumo humano del 80% de la población colombiana.

Así que en enero de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha decidido archivar esta solicitud de explotación polimetálica, pero la decisión va mucho más allá de una ecuación técnica de los expertos que consideran totalmente arriesgado e inviable un proyecto de esta envergadura en un ecosistema tan frágil como los Páramos en Colombia.

No se trata ‘sólo’ de los 9 millones de onzas de oro y otros metales que explotará el fondo del príncipe emiratí. La decisión es política. Los anteriores gobiernos colombianos (Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos) han realizado transacciones aparentemente ‘desinteresadas’ con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, las más recientes: una donación de 10 millones de dólares para la reactivación económica de Colombia o la exorbitante suma de 150 tabletas para ‘reducir la brecha digital’ en Colombia, un país con más de 50 millones de habitantes.

Las quejas de los ciudadanos también van más allá de la protección del ecosistema. Hasta el momento, existe un vacío normativo en cuanto a la delimitación de estos ecosistemas, y Santurbán específicamente no está delimitado. No está claro el alcance de los pasivos ambientales, ni se garantiza que el proyecto, por su robusta estructura, no se lleve por delante a las poblaciones que allí viven.  

Las quejas de los ciudadanos también van más allá de la protección del ecosistema. Hasta el momento, existe un vacío normativo en cuanto a la delimitación de estos ecosistemas, y Santurbán específicamente no está delimitado. No está claro el alcance de los pasivos ambientales, ni se garantiza que el proyecto, por su robusta estructura, no sobrepase a las poblaciones que allí viven.  

¡EL PUEBLO NO SE RINDE! ¡EL AGUA Y LA VIDA SE RESPETAN!

¡MINESA FUERA DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN!