El suelo colombiano es rico en recursos naturales.

El país no solo tiene las reservas de carbón más grandes de América Latina; también posee altas cantidades de oro, níquel, cobre, plata, platina y piedras preciosas. Al asumir el cargo en 2010, el presidente Santos dijo que la minería sería una de las cinco locomotoras del crecimiento en Colombia.

Colombia, la región

Económicamente Colombia va bien después de más de medio siglo de conflicto armado entre el estado y los movimientos rebeldes (incluyendo la FARC). El país es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina. Este rápido crecimiento económico tiene mucho que ver con las políticas económicas del gobierno aparte de los recursos naturales. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del presidente Santos se enfoca en cinco ‘locomotoras’: la infraestructura, la vivienda, la minería y la energía, la agroindustria y la innovación. Un objetivo clave del Plan Nacional de Desarrollo es atraer a inversores extranjeros para desarrollar grandes proyectos de agricultura, minería y energía.

 Desafortunadamente, la llegada tanto de compañías nacionales como de multinacionales extranjeras y de los grandes proyectos que ponen en marcha causa nuevos conflictos en el territorio colombiano. Grupos indígenas locales y campesinos son expulsados de sus tierras para dar paso a varios megaproyectos. Aunque Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, este problema persiste gracias a las políticas del gobierno que favorecen a los inversores y sus planes de desarrollar megaproyectos que exigen grandes cantidades de tierra. El gobierno colombiano considera las regalías mineras uno de los principales recursos para financiar el período posterior al conflicto. Sin embargo, la mayoría de las áreas ricas en recursos pertenecen a las regiones más pobres y más vulnerables del país. En consecuencia, justamente aquellas áreas que son fundamentales para el plan de desarrollo rural de los acuerdos parciales son las áreas en las que el gobierno ha dado un gran número de licencias mineras a compañías multinacionales. Esto causa muy a menudo malestar social a nivel local.

Además, este plan de desarrollo tiene un gran impacto sobre la biodiversidad y los diversos ecosistemas del país. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) muestra que Colombia es uno de los mayores contaminantes en cuanto a la utilización de mercurio en la minería artesanal. Cada año, entre cincuenta y cien toneladas de mercurio se pierden durante el proceso de extracción de oro.

Historia

El oro y la plata jugaron un papel importante a través de la historia de Colombia. Hasta ahora se piensa que las poblaciones locales, incluyendo los Muisca, Quimbaya y Tayrona, tenían una economía en parte basada en el oro. Antes de que llegaran los españoles, sin embargo, ya había comunidades con “mineros a tiempo completo”. El ejemplo más famoso de esto sería el sitio de Buriticá, en las montañas de Antioquia en el norte. Desde ahí, una parte del excedente de oro se vendía a los Quimbaya y los Muiscas, pero la mayoría se comercializaba con las poblaciones más al norte, hacia la Dabeiba.Cuando los españoles pisaron territorio colombiana en 1499, los intereses del colonizador también se centraban en el oro. Cartagena se convirtió en el centro de una economía basada en las minas de oro. Así, Colombia se convirtió en el mayor productor de este mineral en el siglo XIX. Se estima que entre 1537 y 1886 se produjo oro con un valor de $ 639 millones de dólares, además de una gran cantidad de plata.

Colombia tiene tres regiones principales donde se puede encontrar oro: la región andina, las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras altas de Guyana. La región andina alberga muchas de las ciudades centrales del país y se puede dividir en tres cordilleras, el centro, el este y el oeste. Gran parte del oro que se produjo en los siglos anteriores provenía de esta región, principalmente del departamento de Antioquia,. Hasta mediados del siglo XX, Colombia era uno de los mayores exportadores de oro en el mundo. Después de eso, la importancia de la minería disminuyó un poco hasta que recientemente el interés por estas prácticas ha aumentado de nuevo. Durante la última década, Colombia atrajo a un número creciente de inversores extranjeros. Estos se veían beneficiados por la legislación minera aprobada y alentada por los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010).

Además de los grandes proyectos, también son muchos los individuos que trabajan en la minería colombiana. Según el Censo de Minería 2011-2012, aproximadamente 314.000 personas trabajaban en las operaciones mineras pequeñas y medianas. Mucha gente todavía practica la ‘minería artesanal’, cuya forma más rudimentaria implica la separación manual del oro de la arena en los ríos. Aparte de eso, también existe bastante actividad minera ilegal en Colombia, lo cual causa criminalidad y violencia de forma frecuente.

En los últimos años el sector minero experimentó un crecimiento, calculado por el CETEC, una organización de pequeñas comunidades agrícolas en Cali: Según se demuestr,a las ganancias de la minería desde 1990 se han multiplicado por diez, de 2,5 mil millones a más de 25 mil millones de dólares al año. Entre 2010 y 2014 se duplicó esa cantidad de nuevo. El aumento de oro extraído muestra una curva similar. En 2015, el sector minero representaba el 2,3% del producto interior bruto total de Colombia. Para el mismo año se calcula que el sector minero representa el 18,8% de las exportaciones realizadas y el 17% de la inversión extranjera directa en Colombia.

Desde el año 2000, millones de kilos de oro fueron descubiertos en el país. Uno de los descubrimientos más grandes es el proyecto minero La Colosa de AngloGold Ashanti, la compañía interesada en extraer cerca de Tolima.

La Colosa

La Colosa es el nombre del proyecto minero planeado por la empresa sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) en Cajamarca, ciudad en el departamento del Tolima, donde se estima que el suelo contiene 680.000 kg de oro. Desde 1999, la empresa lleva a cabo exploraciones allí y espera efectivamente poder extraer el oro a partir de 2023. Esta mina sería la mina de oro a cielo abierto más grande en el norte de los Andes y la tercera más grande en América Latina después de Yanacocha en Perú y La Escondida en Chile.

Además, La Colosa sólo forma parte de un plan de distrito minero mucho más grande, una región en la que se explotan varios depósitos geológicamente vinculados. Si el proyecto minero llega a realizarse, tendrá un gran impacto en las ciudades y la naturaleza en la zona amplia, y Cajamarca corre el riesgo de desaparecer del mapa. El distrito minero está previsto en una zona donde hay una reserva natural con una rica biodiversidad y resurten fuentes de agua (churros blancos), que proveen el área amplia de agua. La región también es muy fértil y es considerada una de las principales regiones agrícolas de Colombia. «Este caso puede ser visto como un emblema en Colombia debido a su tamaño y el estado muy avanzado de desarrollo del proyecto».

Periodistas, grupos locales de ciudadanos, colectivos, ciudadanos independientes, estudiantes y académicos hacen preguntas críticas sobre el proyecto y están convencidos del gran impacto que la mina tendría en la región (Tolima y partes de Quindío). Sin embargo, entre la población local las opiniones difieren. Hay un gran desconocimiento entre la población local, en gran parte debido a la falta de información y las promesas de AGA. AGA afirma que la apertura de la mina proporcionará puestos de trabajo en una ciudad donde hay mucha pobreza. Por ejemplo, la misma empresa estableció una organización de la sociedad civil que está a favor de la minería: «Sí a la mina». Algunas figuras claves en Cajamarca como el alcalde y una directora de escuela también están a favor de la llegada de la mina y aceptan con mucho gusto regalos de la multinacional.

Varios grupos locales, incluidas las organizaciones socias de CATAPA, trataron de informar la población de la mejor forma posible sobre el impacto que la mina traerá consigo, apoyan alternativas locales y organizan marchas de protesta. Durante 2016 hubo un plan para organizar una «consulta popular» en Cajamarca. Eventualmente se hizo, aunque un poco más tarde de lo previsto (véase más adelante).

A pesar del plan de desarrollo ‘Locomotora Minera» del gobierno colombiano para promover las operaciones de minería a gran escala a través de un clima favorable a la inversión, el proyecto ya ha sufrido bastante retraso. AGA tenía la intención de terminar la fase de exploración en 2015 y de empezar a extraer en 2016. Sin embargo, la oposición social y el más reciente voto en contra durante la consulta popular lograron ejercer presión temporal y retrasos. Sin embargo, con el 69% de las concesiones mineras en Cajamarca en su poder, AGA todavía parece capaz de realizar sus planes.

Después de un año de obstáculos en Cajamarca se realizó la primera  consulta popular de iniciativa ciudadana en 2017 para decidir si se permite o rechaza el proyecto minero (véase más adelante).

AGA es la tercer empresa más grande en el campo de la extracción de oro. La compañía tiene su sede en Sudáfrica, donde también cuenta con seis minas de oro (en 2013 todavía el 37% de la producción de oro de AGA era en Sudáfrica). Entre otros problemas, debido a graves conflictos de trabajo en las minas, es cada vez más difícil para AGA extraer oro en este país. En su búsqueda de nuevas reservas de oro, AGA, explora ahora en Colombia. Colombia no solo tiene una gran cantidad de minerales, sino que además su gobierno se compromete fuertemente a crear un clima empresarial (Locomotora Minera) favorable para las empresas mineras multinacionales. En las palabras del ex CEO de AGA, Mark Cutifani, «por tanto Colombia es uno de los tres grandes prioridades de la empresa» (sept. 2012). Teniendo en cuenta sus expectativas en Colombia, AGA invierte la parte más grande de su presupuesto de exploración en este país (39%).

Recién en el año 2007 se hizo evidente para la población colombiana que AGA estaba presente allí y que ya llevaba haciendo exploraciones desde hace unos ocho años en todo el país en busca de oro. AGA presentó formalmente su intención de construir el proyecto La Colosa después de que el presidente Uribe anunciara que Cajamarca albergaba una gran cantidad de oro. Antes del año 2007, AGA operaba bajo el nombre de Sociedad Kedhada SA. Ese nombre le permitió mantener un perfil bajo y adquirir un gran número de concesiones mineras. Otra táctica de la empresa para cubrir su fuerte presencia en Colombia y evitar un gran potencial de responsabilidad ambiental y laboral en el futuro es la creación de varias filiales en Colombia.

Dentro de Colombia, el proyecto La Colosa es extremadamente importante para AGA. En una conferencia AGA declaró que «La Colosa es un recurso de oro grande, de clase mundial y es cada vez más grande […] y es sólo la punta del iceberg dado una gran cantidad de objetivos en Colombia.» Sin embargo, pocos colombianos se dan cuenta del enorme tamaño que el proyecto podría llegar a tener de forma real.

El proyecto minero La Colosa en sí tendría un impacto en varias otras ciudades y municipios de Tolima, donde no hay reservas de oro. A parte de una mina a cielo abierto, que causa un enorme cráter en el paisaje, la roca extraída debe ser depositada en otro lugar y los residuos tóxicos que permanecen después del proceso químico para “filtrar” oro de la roca deben ser guardados en una Instalación de Almacenamiento de Relaves. Dado que se trata de una de las minas más grandes en el mundo, también los residuos de roca y las instalaciones de almacenamiento de relaves serían de considerable tamaño. La compañía consideraba llevar la roca extraída a la llanura de Piedras, a 96 kilómetros de Cajamarca, para procesarla y guardar los residuos tóxicos allí. En un referéndum local en el año 2013, el 99% de la población dijo que no a los planes de AGA en esa región.

AGA quiere ir más allá de La Colosa y considera este proyecto minero como parte de un futuro distrito minero más grande. La compañía dio a conocer estas intenciones en el año 2013. Mientras que un informe de inversión del año 2010 hablaba un distrito minero de 60.000 hectáreas, un mapa del año 2013 el periódico El Nuevo Día muestra un distrito minero de 200.000 hectáreas, que incluyera gran parte de los páramos entre Cajamarca y Roncesvalles.

El impacto de la Colosa

Aunque se conoce el impacto desfavorable de modelos de desarrollo como este, aún existe un gran desconocimiento entre la población local sobre las consecuencias de la minería y el impacto ecológico y social que ésta trae.

Un proyecto de esta escala masiva también implica un gran impacto a nivel ecológico y social. El archivo “La Colosa: una muerte anunciada» hace un pronóstico del impacto planeado del vertido de residuos de roca, de la instalación de almacenamiento de relaves, del consumo de agua y de electricidad de la mina a cielo abierto.

El vertido de residuos de roca:

Los autores sostienen que es probable que la mina producirá durante su vida útil 100 millones de toneladas de residuos de roca. Y no se trata solamente de un volumen muy grande de residuos a ser vertidos en otro lugar. Mucho más problemático es que estos residuos de roca, debido a la alta cantidad de metales que contienen, causarán la contaminación de la superficie y aguas subterráneas («drenaje ácido de minas»), contaminación que permanecerá aún después del cierre de la mina.

La instalación de almacenamiento de relaves (o presa de relaves):

La topografía no permite construir la instalación de almacenamiento de relaves cerca la mina a cielo abierto, por lo que esta instalación se construiría en una zona más plana a unos 100 kilómetros de Cajamarca. La instalación de almacenamiento de relaves del proyecto La Colosa amenaza con ser la más grande en el mundo. Según las cifras de la empresa, la presa tendría una capacidad de 1.420 millones de toneladas y una altura de 250 metros y constituye una amenaza muy importante para la población local. La proporción de los problemas y errores de tal presa es la más alta en todo el mundo. Además, puesto que la altura de la presa es tan excepcional, los riesgos potenciales se elevan.

Páramos y consumo de agua:

Los páramos son un ecosistema único de las plantas en el norte de los Andes que se encuentra en las montañas justo por debajo de la línea de nieve. Los páramos son tan valiosos porque sirven como un depósito de agua asegurando la humectación y la fertilidad de las zonas más bajas. 50 hectáreas del proyecto La Colosa se sitúan en el área de páramos. Basado en las presentaciones que AGA da a sus inversores parece que AGA llevó a cabo perforaciones en la zona donde empiezan los páramos. Recientemente, en el año 2016, sin embargo, la Corte Suprema de Colombia prohibió todas las actividades mineras en las tierras altas (páramos). Según la corte, la extracción de petróleo y de oro en las tierras altas causa demasiado daño al ecosistema, que es esencial para el suministro de agua de las ciudades situadas más abajo, como Bogotá.

La Colosa también amenaza la cantidad de agua disponible para el consumo y la agricultura ya que la minería consume una gran cantidad de este elemento. Se prevé que bajo la influencia del cambio climático habrá escasez de agua en el departamento del Tolima. El proyecto La Colosa no haría sino empeorar tal situación.

Electricidad:

Se espera que el consumo de electricidad de la mina planeado sea mayor que el consumo de todos los habitantes del departamento del Tolima juntos. Parece que los proyectos hidrológicos masivos que se abren en toda Colombia y también en Tolima son destinados principalmente para proporcionar electricidad para proyectos como La Colosa. Esos proyectos hidrológicos a su vez tienen un gran impacto sobre los ecosistemas naturales.

Hoy en día los habitantes de Cajamarca ya sienten el impacto de la minería en su vida diaria. El empleo creado por la empresa y los proyectos ejecutados bajo la apariencia de responsabilidad social corporativa dividen a la comunidad local. De aquellos que reciben apoyo directo de la compañía también se espera que apoyen la empresa. En los últimos años ha surgido un desacuerdo agudo dentro de la sociedad entre quienes están a favor y quienes están en contra de la mina. A nivel de política local, 9 de los 11 concejales consideran la mina como inevitable.

Aunque el proyecto La Colosa se encuentra todavía en la fase de exploración, la presencia de la empresa minera tiene un impacto importante en la situación social y económica de Cajamarca. Un ejemplo es el alquiler en esta ciudad, que por la llegada de proyectos a gran escala en la zona, incluyendo el proyecto planificado La Colosa, se ha quintuplicado. Además, los propietarios prefieren alquilar a trabajadores que vienen de otro lado fuera de Cajamarca en vez de a familias con niños y madres solteras (proyecto solidario Colombia, 88). El precio de los alimentos también ha aumentado.

Desde que la compañía minera hizo pública su ambición de construir el proyecto La Colosa en 2007, la población local ha comenzado a unirse. La gente sale a la calle para protestar contra la llegada de la mina, denuncia las irregularidades de la empresa y defiende visiones alternativas para la región. En Cajamarca han aparecido diferentes organizaciones: el colectivo juvenil COSAJUCA, una organización que promueve el ecoturismo en la región como un proyecto de desarrollo alternativo para la región; y varias organizaciones agrícolas que apoyan a la agricultura a pequeña escala (por ejemplo Apacra y UCAT). En el año 2010 también surgió el Comité Ambiental y Defensa de la Vida, que aune a varias organizaciones, iniciativas ciudadanas, colectivos, grupos ecologistas, estudiantes, académicos y ciudadanos independientes. Desde entonces, este comité solo se ha fortalecido y ha llevado a la creación de nuevos comités en otros municipios. También es importante el compromiso académico a través de los movimientos que surgieron dentro de la Universidad del Tolima y UniQuindio.

Desde 2009, los ciudadanos y los movimientos sociales protestan de varias formas en contra de la llegada de la mina: a través de una audiencia pública, una demanda legal colectiva contra las autoridades ambientales y mineras del Estado colombiano, a través de toda una serie de grandes marchas de protesta llamados »Marchas Carnavales”, debates públicos, reuniones municipales y referendums locales. También a nivel político hay voces que piden abandonar las concesiones mineras, como el alcalde de Ibagué y algunos parlamentarios que dieron visibilidad al caso en el parlamento.

Uno de los principales eventos de la serie de acciones de protesta fue el referéndum local de Piedras en julio de 2013, donde se formuló la pregunta sobre si la empresa tendría que obtener la aprobación para sus actividades mineras en el municipio. 99% votó en contra de la presencia de la empresa en el territorio. Esta fue la primera vez que se llevó a cabo un referéndum local sobre la actividad minera y recibió mucha atención de los medios nacionales. Sin embargo, aunque el referéndum es un mecanismo legalmente vinculante en la constitución de Colombia, el tribunal de Colombia cuestionó la legalidad de la realización del referéndum.

En 2016, movimientos locales de Cajamarca también planearon organizar tal referéndum local en la esperanza de retrasar aún más el proyecto y finalmente detenerlo. Finalmente, el referéndum tuvo lugar el 26 de marzo de 2017.

Consulta Popular

El 26 de marzo de 2017, los habitantes de Cajamarca decidieron si la minería será o no permitida en su territorio. Después de una opinión negativa sobre la cuestión en el referéndum, que fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado en diciembre de 2016, la pregunta fue reformulada por el tribunal administrativo de Tolima. Esta fue finalmente redactada de la siguiente manera: “Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (Dejusticia), el resultado de la consulta debe ser vinculante. La ley establece claramente que si un tercio o más de la población va a votar, el resultado debe ser aceptado e implementado. Cajamarca cuenta con 16.312 personas que tienen el derecho de votar. Esto significa que 5.438 habitantes de Cajamarca deben votar para que el referéndum sea válido. Si los habitantes de Cajamarca votan en contra de la minería, el consejo y, finalmente, el alcalde deben tomar las medidas necesarias para prohibir la minería.

El resultado del referéndum fue abrumador. El 97,9% de los votos fueron en contra de la minería. 6.296 personas acudieron a votar, de las que 6.165 votaron en contra y 76 a favor de la minería, siendo el resto de los votos nulos y abstenciones. Si bien esto debería significar que no se efectuará minería en Cajamarca, esto sigue sin ser seguro. Pues el viceministro de Minería, Carlos Cante, declaró que el carácter vinculante de la consulta no está claro. Él cree que una decisión política aún podría garantizar que los inversores puedan continuar legalmente.

El Ministro de Minería, Germán Arce, también declara que el referéndum no se aplica a AngloGold Ashanti, porque la decisión no vale para los acuerdos ya convenidos. La compañía firmó un contrato con la Agencia Nacional de Minería antes del referéndum y, por tanto, puede continuar con sus planes e inversiones ya que es un derecho ya adquirido. En este caso la exploración no se puede detener. Sólo las autoridades ambientales tales como la Agencia Nacional del Medio Ambiente (ANLA) todavía pueden prohibir el uso. Valentina Camacho, de Comité Ambiental de Cajamarca, cree que el gobierno no va a respetar el resultado del referéndum, por lo que la lucha continuará a nivel jurídico.

Los habitantes de Cajamarca se preparan para la Consulta Popular

En 2003, la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti se instaló en Colombia.  Durante cuatro años buscaron oro y compraron concesiones mineras a lo largo del país. En 2007, la compañía finalmente encontró lo que estaba buscando: enormes reservas de oro en el corazón de la municipalidad de Cajamarca, en el departamento de Tolima. El proyecto La Colosa causó indignación, de manera inmediata, a nivel nacional e internacional ya que el proyecto llevaría a la deforestación, el uso de grandes cantidades de agua, la contaminación del aire, y tensiones en las aguas subterráneas, así como sociales. Además, los Páramos estarían en peligro de extinción, un lugar único en la naturaleza del que emanan numerosos manantiales de Colombia. Puesto que Cajamarca no solo es conocida por sus tierras fértiles para la agricultura, siendo el suministro del país; sino también por ser el lugar que alberga uno de los ecosistemas más importantes, un proyecto de este tamaño significaría un desastre completo.

A pesar de que Cajamarca es el centro de este proyecto minero, fue el referéndum en Piedras lo que hoy en día se considera un hito en relación con la resistencia en contra de la minería a gran escala. Este referéndum, organizado como respuesta a la posibilidad de que AngloGlod Ashanti construyera una presa en su territorio, llevó al 60% de la población a votar con un resultado abrumador: un 99% de votos por el “No”. Este resultado fue crucial para el retroceso de la empresa.

Además, este hecho inspiró a muchas otras comunidades, entre ellas Tauramena, Cabrena y Cajamarca, hacia la resistencia los planes mineros a través de la organización de la consulta popular. Este mecanismo constitucional se basa en los principios de autonomía sobre el territorio y la descentralización de la toma de decisiones. De acuerdo con el Artículo 33 de la Constitución sobre el funcionamiento de las municipalidades, una municipalidad está obligada a celebrar la consulta popular cuando un proyecto minero amenace con suponer un cambio significativo en el uso del suelo de la municipalidad. Los Cajamarcunos lograron reunir 5.000 firmas y así obligaron al consejo municipal a organizar una votación sobre un posible referéndum. Finalmente se planeó para el 26 de marzo.

A pesar de todo, ese desarrollo positivo de los hechos se complicó debido a dos factores. El primero fue el hecho de que el referéndum fuera planeado para el 26 de marzo. Ese corto periodo de tiempo le complicaba las cosas a la comunidad local para obtener financiación para llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el impacto negativo de la minería. Por otra parte, las elecciones para la alcaldía estaban planeadas para el 12 de marzo. Por esta razón la campaña en contra del proyecto minero no estaba permitida, debido a que se temía que dos campañas diferentes pudieran causar confusión entre la población.

El segundo factor fue que el presidente colombiano Santos es un gran aliado del sector minero. Él lo percibe como un plan crucial para el desarrollo del país. Esta es la razón por la que el gobierno ha publicado varios decretos que modifican algunas de las leyes que desautorizan la toma de decisiones a nivel local. Justo antes de la consulta popular en Piedras, la administración de Santos promulgó un decreto que argumentaba que los gobiernos locales tan solo tenían autoridad sobre el uso de la capa superficial del suelo, y no sobre el uso del subsuelo. En otras palabras, las municipalidades no poseen la autoridad para prohibir la actividad minera en sus territorios ya que el subsuelo pertenece al Estado.

A pesar de este retroceso, el referéndum en Piedras procedió. Esto da esperanza a los habitantes de Cajamarca para seguir luchando: ¡Sí a la vida, no a la Colosa!

17/08/2016

Cajamarca, donde se planea el proyecto minero de La Colosa, es un pueblo de 6ª categoría. Eso significa que el Concejo Municipal (Ayuntamiento) se reúne cuatro veces al año. Una reunión del Concejo consiste en 18 sesiones, de promedio. Los 11 concejales son elegidos directamente por los Cajamarcunos y llevan a cabo el control político sobre las decisiones del alcalde. También deciden sobre la realización de la consulta popular. El alcalde de la localidad, William Poveda, es partidario del proyecto minero, pero no podrá decidir unilateralmente sobre la consulta popular. Como se ve ahora, será el Concejo y sus seis consejeros quienes decidan sobre la Consulta Popular.

Sesión del Concejo Municipal de 12/08/2016

El Concejo Municipal de izquierda a derecha:

  • Amanda Sánchez – AICO (Partido de las Autoridades indígenas de Colombia) – en contra de la Consulta Popular
  • Estiven Baez – Polo Democrático – a favor de la consulta popular
  • Alexandra Vivas – Partido liberal – a favor de la consulta popular
  • Gustavo Roa – Polo Democrático – a favor de la consulta popular
  • Secretario del Consejo, no es concejal
  • Moises Delgado – Primer vicepresidente – MAIS (Movimiento Alternativo Independiente Social) – a favor de la consulta popular
  • Jorge Parra, experto constitucional de la Defensoría del Pueblo – no es concejal
  • Camilo Padilla – Presidente del Concejo Municipal – Polo Democrático – a favor de la consulta popular
  • Especialista en Derecho, no es concejal
  • Alejandro Villalba – segundo vicepresidente – Partido liberal – a favor de la consulta popular
  • Ninco Polania – Partido liberal – sin una posición definida acerca de la Consulta Popular
  • Erinson Javier Botello – U – en contra de la consulta popular y pro proyecto minero
  • Doris Cortez – Cambio Radical – en contra de la consulta popular
  • Gustavo Suazo – U – en contra de la consulta popular – no aparece en la foto

El especialista constitucionalista explica:

El experto constitucionalista Jorge Parra visitó la sesión del 12/08. Este empleado de la Defensoría del Pueblo, un órgano que protege los derechos de los colombianos, fue muy enfático al decir que la Consulta Popular es legal.

En primer lugar, Parra dedicó unas palabras acerca a las amenazas (de muerte) a las que han sido sujetos los miembros de organizaciones como COSAJUCA. En su opinión, el motivo es claro: las organizaciones a favor del plebiscito están estigmatizadas. En la anterior sesión, los miembros de COSAJUCA fueron denominados “terroristas ambientalistas» por los consejeros a favor del proyecto minero. Otro argumento que se repite con frecuencia en el concejo municipal es que las organizaciones como COSAJUCA están en contra del desarrollo del país. Según Parra, estos argumentos son tendenciosos, sin fundamento, y provocan un debate superficial y peligroso que conduce a las amenazas antes mencionadas. Por esta razón defiende un debate con argumentos sólidos. Su objetivo es, mediante el uso de argumentos legales, demostrar que la consulta popular es completamente legal.

Algunas cuestiones sobre la consulta:

  • Un referéndum es el derecho de todos los ciudadanos a opinar sobre los posibles excesos de la política nacional. Se trata de un instrumento perfectamente legal que otorga a los habitantes la potestad de tener cierto control sobre los temas por los que se ven directamente afectados o amenazados. Según el Tribunal Constitucional, si la política nacional toma medidas drásticas que afecten al territorio, entonces se puede recurrir a la participación ciudadana (consulta popular, plebiscito).
  • Parra discute algunas leyes:
    • Las decisiones que tienen un impacto en el medio ambiente tienen que ser presentadas a los habitantes. De esta manera, estos tienen el derecho de participar de forma pública en caso de alteraciones serias del medioambiente.
    • Todos los ciudadanos tienen derecho a una vida saludable. Si esto se ve amenazado, tienen derecho a opinar.
    • Si un municipio quiere modificar drásticamente el uso de suelo se tiene que iniciar un debate democrático.
    • Existe incluso una ley que literalmente dice que si las actividades mineras van a alterar el uso del suelo, lo que afectaría a las actividades tradicionales del municipio, es obligatorio que se lleve a cabo un plebiscito.
  • Parra también desacredita algunos de los argumentos que a menudo emplean aquellos que se oponen a la consulta:
    • «El estado nacional es dueño de las materias primas del país.»
      • No es correcto. Ese era el caso antes de la constitución de 1991, cuando las materias primas eran propiedad de la «nación», y la «nación» está representada exclusivamente por el gobierno nacional. Después de la Constitución, las materias primas se volvieron competencia y propiedad del «estado», y el «estado» está representado tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos regionales.
    • «Si gana el «no» (”no” a los proyectos mineros perjudiciales en Cajamarca), nunca más habrá explotación minera en este municipio y la empresa minera tendrá que irse al día siguiente.»
      • No es correcto. La población dará su opinión en el referéndum y el alcalde deberá defenderla en coordinación con el Gobierno Nacional y el Tribunal Constitucional.
    • «El Artículo 37 de la Ley 685 del Código Minero hace que sea imposible que los municipios puedan tomar decisiones autónomas/unilaterales sobre lo siguiente: en este territorio nunca se llevarán a cabo actividades mineras. De acuerdo a esta ley, la Consulta Popular pasaría a ser ilegal y/o redundante.»
      • No es correcto. Esta ley no puede de ninguna manera impedir el derecho a un plebiscito sobre las alteraciones drásticas en el uso del suelo. El artículo 37 de la Ley 685 del Código Minero nunca puede anular el artículo 33 de la Ley 36.
Sesión del Concejo Municipal de 12/08/2016. Foto: Bart Carlier

Los argumentos de los partidarios del proyecto minero en el consejo municipal no son dignos de mención. En primer lugar casi no pueden decir palabra y, cuando lo hacen, emplean argumentos poco profesionales. Según Robinson (de COSAJUCA), esto lleva pasando desde hace todo un mes. Este aclara que solamente usan argumentos tendenciosos, falsos y claramente no tienen conocimiento sobre el caso. En esta sesión, los miembros del consejo se han centrado sobre todo en realizar preguntas a los especialistas. Las respuestas se resumen en los párrafos anteriores.

Lo que viene

La próxima y penúltima sesión se lleva a cabo este viernes 19/08. Estarán presentes algunos abogados. El domingo 21/08 habrá también un Cabildo Abierto, a petición de los ciudadanos (Comité Ambiental y campesinos y COSAJUCA). Este cabildo tendrá lugar en el ayuntamiento y la junta de Cajamarca está en la obligación de prestar atención a lo que se diga durante el cabildo. Se ha acordado entre el Comité y COSAJUCA que cada participante podrá hablar entre 3 y 5 minutos. Cualquiera puede inscribirse para hacer uso de la palabra. Por ejemplo, el alcalde de Ibagué también llegará a expresar su apoyo a la Consulta en Cajamarca.

La decisión la tomará el concejo municipal durante la última sesión el 30 de agosto. Primero hablarán un geólogo, un economista, un abogado y el alcalde de Ibagué. COSAJUCA organizará también ese día el Festival del Campesino en la Plaza Central. También habrá una marcha/desfile para promover el “Sí a la consulta”. Si el Concejo da luz verde al final de la sesión, el Tribunal Administrativo de Tolima examinará la constitucionalidad de la pregunta que será planteada a los Cajamarcunos. Si esto se aprueba, entonces la campaña para el referéndum empezará en Cajamarca. Si todo va según lo previsto, la consulta se celebraría a finales de noviembre o principios de diciembre.

¡Buenas noticias desde Ibagué! La Consulta ha sido aprobada y se llevará a cabo el 2 de octubre. La Campaña en Ibagué inició este jueves (19/08). CATAPA y COSAJUCA están presentes. Para crear conciencia sobre la Consulta Popular en Ibagué se ha iniciado una financiación colectiva.

 Sesión del Concejo Municipal  el 12/08/2016. Foto: Bart Carlier