El Tingo

La contaminación acuífera causada por los desechos tóxicos mineros ha transformado radicalmente el ecosistema regional, envenenando la tierra.

Autor – Giacomo Perna

Durante una de sus visitas a Macondo, Melquiades y sus gitanos les presentaron al pueblo lo que declamaron como la octava maravilla del mundo de los sabios alquimistas de Macedonia. Se trataba de un imán. A través de este artificio, José Arcadio Buendía esperaba poder desenterrar todo el oro de la tierra arrastrando simplemente sus lingotes por la aldea. Ojalá funcionara de verdad, pues el mundo se habría ahorrado siglos de contaminación causada por la explotación minera. Siendo así, puede que la vida de los habitantes del Tingo, hoy en día, fuera mejor.

La comunidad del Tingo, hoy en día, se encuentra sin agua. Es una situación muy controversial. Pese a que el área cuente con muchos manantiales y fuentes acuíferas, hoy en día cada arroyo o río del territorio se encuentra en un estado de contaminación crítico, según los datos recolectados durante investigaciones universitarias y los estudios llevados a cabo por CATAPA. La contaminación alcanzó un nivel exasperante: las plantas se queman debido a la excesiva acidez de las aguas.

La comunidad del Tingo nace como comunidad campesina. La economía local siempre se ha basado en la siembra y la ganadería. La situación actual impide que estas actividades puedan ser llevadas a cabo sin riesgos. Como consecuencia de la contaminación acuífera, aumentaron significativamente los casos de enfermedades, se rescontró la presencia de peligrosas cantidades de metales pesados en la sangre de los habitantes, y empezaron a surgir malformaciones jamás vistas antes en los animales recién nacidos. Y todo fue causado por la acción minera que afectó el territorio

Cada fuente acuífera de la región está contaminada. La falta de recursos aflige el área. El desarrollo socioeconómico prometido por las empresas mineras nunca se materializó.

La historia minera de la región remanda a muchos años atrás. La zona había sido ya previamente afectada por la acción minera. Los pasivos ambientales de los proyectos mineros de antaño aún afligen el territorio, amenazando el bienestar de la flora y la fauna locales. Entre ellos, cabe mencionar el proyecto San Nicolás, empezado en 1972, cuyo vestigios representan una herida todavía abierta que escarmienta el medioambiente local.

Toda el área geográfica alrededor de las minas se encuentra seriamente afectada por las excavaciones y los tratamientos de los minerales. La razón principal es que los planes para minimizar y neutralizar los efectos de los desechos tóxicos no fueron – y, como reportan los comuneros, todavía no son – respectados y, hoy en día, los habitantes de la zona padecen escasez de recursos e ingresos, además de sufrir directamente los efectos nocivos de los residuos mineros.

La comunidad del Tingo se encuentra en el distrito de Hualgayoc, en la región de Cajamarca. El área es rica en materias primas y minerales, lo que no favorece el bienestar de las comunidades. De hecho, el Tingo se ubica entre dos proyectos mineros activos que influencian directamente el desarrollo de la vida en la comunidad: el proyecto Cerro Corona, empezado en 2005 por la empresa minera sudafricana Gold Fields, y el proyecto Tantahuatay, empezado por la empresa peruana Coimolache, afiliada a la empresa Buenaventura, también peruana, que descubrió la mina en 2010.

Dichas empresas se han asentado en el territorio para explotar las ingentes reservas minerales presentes en el subsuelo: oro, plata y cobre. En un principio, ambas compañías se instalaron prometiendo mejorías y desarrollo, firmaron convenios sociales y se empeñaron en impulsar el crecimiento socioeconómico del área. Lastimosamente, según los testimonios de los habitantes, no cumplieron con sus palabras.

Lo curioso es que en Perú existe una ley de cierre de minas. Según la disposición aprobada en 2003, el estado obliga las empresas propietarias de proyectos mineros a asegurar la salvaguardia del medioambiente y cesar su actividad en aquellos territorios donde la acción minera podría causar riesgos ambientales, pero ni el gobierno ni la empresas se han empeñado en respetar – y hacer respetar – susodicha ley.

El pasto se quema debido a la elevada acidez de las aguas. Personas y animales sufren enfermedades causadas por la contaminación ambiental de las minas.

Cabe mencionar también que la región es sujeta a épocas de fuertes lluvias. Durante varias ocasiones estas lluvias han hecho que los rebalses desborden, reversando todos los relaves de las empresas mineras en los pastos y las cuencas acuíferas, generando consecuencias catastróficas. Un caso muy noto es el de Diciembre 2018, donde un derrame de relaves causó la muerte de todos los 17,000 ejemplares de truchas de la piscigranja ‘La trucha de oro’.

El problema no sólo afecta la zona del Tingo. Los arroyos que cruzan el territorio desembocan en otros ríos. Entre ellos, el río Tingo-Maygasbamba, que desemboca en el río Amazonas para luego cruzar el continente hasta el Atlántico, transportando sus venenos por miles de kilómetros.

Por lo que concierne el lado económico, tampoco la promesas hechas por Coimolache y Gold Fields parece que fueron cumplidas. Según los habitantes locales, los acuerdos estipulados no fueron respetados. A pesar de la promesa de no llevar foráneos en la región, muy pronto las compañías empezaron a contractar extranjeros para trabajar en las minas. Además, los trabajadores locales sufrieron muchas veces violaciones de sus derechos laborales: despedir un obrero autóctono parece muchos más simple que echar un extranjero. Además, no se impulsó el crecimiento de la comunidad y no se aportaron mejorías a las carreteras, que se encuentran en estados críticos. También la arquitectura local padece los estragos de la explotación minera. Las excavaciones para expandir las minas se llevan a cabo a través de continuas detonaciones, que afectan las viviendas comunitarias. Como resultado, grietas y rayaduras pueblan las paredes de muchísimas casas, poniendo en riesgo la estabilidad estructural de los hogares.

 El crecimiento local no ha sido impulsado. La presencia minera causó conflictos y tensiones.

La comunidad local intenta resistir frente a las injusticias perpetuadas. De ahí las tenciones sociales que han afectado el territorio desde 2008. En efecto, la gente del Tingo se ha levantado contra la servidumbre minera y la explotación. Manifestaciones y huelgas se han sucedido a lo largo de los años, demostrando el compromiso de la comunidad local en defender sus tierras y aguas.

El pueblo se organizó de manera autónoma y pidió ayuda para publicitar la lucha y ser finalmente escuchado. CATAPA se involucró activamente en el territorio junto a su aliado Grufides, conduciendo decenas de entrevistas y recolectando muestras de agua de las fuentes. Las pruebas demostraron el alto nivel de contaminación de los ríos y arroyos que cruzan el área. La contaminación ha llegado a niveles exasperantes: es así de alta que las plantas se queman debido al exceso de ácido presente en las aguas. A través de las entrevistas recolectadas, se produjo un documental de denuncia para viralizar el caso del Tingo. Además de esto, un webinar y una campaña en las redes sociales fueron organizadas para viralizar la situación. Hoy en día, los abogados de Grufides siguen luchando al lado de los abogados de la comunidad para aportar apoyo a la causa y encontrar justicia.

La del Tingo es una historia de promesas no cumplidas y abusos. La presión de la economía central está impulsando el desarrollo del subdesarrollo en la región, relegando la comunidad a una situación de dependencia irreversible. El área se ha convertido en un oasis para la extracción minera, locus amenus donde el occidente encontró la respuestas a sus demandas expansionistas. Cuesta creer que semejantes abusos se lleven a cabo en el día de hoy. La situación en la que se encuentran los habitantes del Tingo hoy en día es intolerable, y el objetivo de CATAPA, junto a sus aliados y la comunidad, es de llevar justicia a un pueblo que por décadas sufrió los estragos del despojo.

Guardianxs del agua

En 1957 el periódico norteamericano The New Yorker publicó una poesía del poeta británico W. H. Auden, cuyo final recitaba: “Miles de personas han sobrevivido sin amor. Ninguna sin agua.”

En efecto, tenía razón. A pesar de los intentos de sensibilización, hoy en día, una parte de la población mundial todavía considera el agua potable como algo dado por sentado, eternamente ahí a su merced, debido a la posibilidad de tener fácil acceso a los recursos hídricos. Lastimosamente, se equivocan.

El agua no sale simplemente del caño. Aunque sea un recurso renovable, los desperdicios y la contaminación amenazan con reducir drásticamente las reservas de aguas potables. En algunos casos, la intervención humana sobre el medioambiente puede causar efectos catastróficos sobre las reservas de agua potable. Esto es lo que está pasando en muchos lados del planeta.

La minería representa un riesgo para las fuentes de agua potable que se encuentran en proximidad de los proyectos mineros. En muchos casos, los residuos químicos utilizados en los procesos de extracción de minerales terminan arrojados por las corrientes fluviales, envenenando los lechos de los ríos y transformando el agua, fuente de vida, en un peligro para la vida misma.

A partir de la necesidad de preservar la integridad de las aguas en las zonas de alto riesgo, como las regiones sujetas a la acción minera, nace el proyecto “Guardianes del Agua”, resultado de una colaboración entre CATAPA y la organización local Grufides, y subvencionado por la ciudad de Gante (Bélgica).

 Si el agua llegara a contaminarse, cualquier tipo de alimento vegetal o animal procedente de la región resultaría nocivo y por ende contraindicado para el consumo humano

El proyecto, empezado en enero 2020 se desarrolla en la región de Cajamarca, en el norte del Perú, zona sujeta a un alto impacto minero. El objetivo del proyecto es fortalecer la gobernabilidad ambiental en los Comités de Vigilancia Ambiental, a través de la participación comunitaria en los procesos de gestión social y la vigilancia sobre la cualidad del agua. Actuando activamente en el territorio, CATAPA, junto a sus socios locales, busca impulsar el compromiso social de las comunidades nativas para salvaguardar la pureza de los ríos que recorren la región cajamarquina.

Desde el comienzo del proyecto, CATAPA ha podido contar con una fuerte participación local y con el apoyo de varias comunidades interesadas en prevenir los posibles daños causados por la acción de la extracción minera.

El problema no concierne exclusivamente los habitantes de las zonas rurales, más cercanas a la mina. De hecho, la vida en Cajamarca y sus alrededores se desarrolla en función de las aguas que provienen de las alturas. Los ríos que se encuentran en peligro de contaminación representan la fuente más importante de agua potable para la ciudad y sus alrededores. Esta misma agua es la que riega los campos y sacia la sed del ganado. Los productos naturales procedentes de la región dependen directamente de las corrientes de agua locales.

Esto significa que, si el agua llegara a contaminarse, cualquier tipo de alimento vegetal o animal procedente de la región resultaría nocivo y por ende contraindicado para el consumo humano. De hecho, recientes estudios del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) han rescontrado la presencia de un 40% de arsénico en las paltas procedentes de Cajabamba, provincia de Cajamarca. Además, hay que tener en cuenta que los ríos no son entidades sedentarias, pues su extensión no conoce jurisdicciones. Muchos de los ríos afectados – o amenazados – por la presencia de minas, recorren vastas áreas, fluyen hasta la costa o hasta adjuntarse a otros ríos más grandes, como el Marañon que termina desembocando en el gigante río mar, el Amazonas. Un claro ejemplo de los peligros a larga escala de la contaminación fluvial puede encontrarse en la cuestión del Tingo. El objetivo de CATAPA y sus socios es prevenir otro desastre ambiental de semejante impacto.

Las comunidades locales demostraron su compromiso apoyando la creación de comités empeñados en registrar el estado de las aguas fluviales. Gracias a la acción de CATAPA, dichos Comités han sido consolidados y reforzados. Hoy en día, las pruebas de mediciones del agua se consideran pruebas legales que permiten evaluar el estado del agua antes y después de la acción minera. Estas pruebas pueden representar la base para la presentación de cargos en contra de empresas que hayan causado, debido a sus acciones o negligencias, la contaminación de los ríos.

La abertura de la mina representa un peligro para las aguas, pues los desgastes mineros podrían envenenar el río y los campos, escandiendo el compás del réquiem para la región y sus recursos

El proyecto inicialmente había de enfocarse en tres cuencas acuíferas locales, las de Chetillano, San Lucas y Llaucan. Los primeros monitoreos del agua se llevaron a cabo en el río San Lucas, en Cushunga, y en el río Llaucan, en Bambamarca, con la participación de la población local y también con el apoyo de los Comité de Vigilancia Ambiental. Dichosamente, ambas pruebas demostraron la pureza del agua.

El normal desarrollo del proyecto fue temporáneamente enlentecido debido a la situación COVID-19 en el país, pero el imprevisto no logró derribar el entusiasmo de los voluntarios de CATAPA y de los socios locales. De hecho, para hacer frente a la imposibilidad de desplazarse por la región, los voluntarios activos en el territorio se adaptaron para seguir luchando. Así es como se organizaron webinars, presentaciones virtuales y talleres en línea sobre metodologías y herramientas útiles para que las poblaciones locales se familiaricen con los proceso de monitoreo ambiental comunitario de la calidad del agua. También se promovieron campañas fotográficas, se publicaron vídeos y documentales y se redactó una guía básica para explicar cómo monitorear el agua. A pesar de las dificultades de la pandemia, las actividades fueron un éxito.

Cuando las restricciones fueron parcialmente levantadas, el monitoreo del agua pudo empezar de nuevo. Lastimosamente, los desplazamientos interprovinciales quedaban prohibidos, así que no se pudieron realizar otras pruebas en el área de Bambamarca. Por esto, se decidió incluir el río La Encañada dentro del proyecto.

Dicho río se sitúa justo al lado del proyecto minero en construcción denominado Michiquillay, programado para el año 2022. La preocupación de las poblaciones locales es alta, pues las labores de edificación de la mina han sido acelerados debido a la presión del gobierno peruano, que busca impulsar la explotación minera en el marco de un proyecto para reactivar la economía del país.

La abertura de la mina representa un peligro para las aguas, pues los desgastes mineros podrían envenenar el río y los campos, escandiendo el compás del réquiem para la región y sus recursos. Afortunadamente, ya existe un comité local que se ocupa – y preocupa – de la supervisión del área. La situación del río La Encañada es de altísimo riesgo, puesto que es un afluyente indirecto del río Amazonas. Su contaminación pondría en riesgo un área geográfica inmensa.

Hoy en día, los Comités de Vigilancia Ambiental continúan monitoreando las aguas de manera autónoma, cumpliendo con su función de Guardianxs del Agua. El proyecto ha terminado en agosto 2020, pero ya desde enero 2021 se puso en marcha la segunda parte. De hecho, a pesar de los logros alcanzados, la lucha no ha terminado.

Lxs voluntarixs y los socios locales están redactando un guía detallado sobre cómo llevar a cabo autónomamente un monitoreo del agua, que será difundido en Cajamarca y sus alrededores. Además, el proyecto inicial ha revelado la importancia de enfocarse en el río La Encañada, estableciendo Comités locales a lo largo de su extensión, y la necesidad de una ley que reconozca oficialmente la presencia de los Comités de Vigilancia Ambiental en todo el país.

Para saber más, échenle un vistazo al documentario que CATAPA filmó en Cajamarca.