Rosia Montana es un pueblo de Transilvania en los Montes Apuseni donde, en el año 2000, Rosia Montana Gold Corporation (empresa aurífera) declaró tener la intención de abrir la mina a cielo abierto más grande de Europa.

Para ejecutar este proyecto, la empresa quería destruir 4 montañas, reubicar 2.064 propiedades privadas, derribar 975 casas (de las cuales 41 consideradas patrimonio nacional), demoler 7 iglesias y reubicar 11 cementerios.

La compañía espera extraer cada año alrededor de 285 toneladas de oro y 1.361 de plata, utilizando 12.000 toneladas de cianuro, y crear 634 puestos de trabajo durante un período de 17 años.

La historia de Rosia Montana está relacionada con la historia de la minería aurífera porque la explotación minera comenzó ya en la época romana (hace 1.881 años) y continuó hasta el 2006. El deterioro de la calidad del agua y del suelo ya son muestra de los impactos negativos de las actividades mineras de la antigua mina.

Este proyecto ha dividido a la población de la comunidad de Rosia Montana debido al hecho de que la mayoría de los habitantes eran trabajadores mineros. El cierre de la mina aurífera local en 2006 supuso altos niveles de desempleo.

En el año 2000 surgió rápidamente una fuerte oposición local al proyecto de la mina de oro cuando la minera canadiense Gabriel Resources anunció sus intenciones de destruir la histórica localidad de Rosia Montana.

Así nació la campaña “Salvar a Rosia Montana”, el movimiento ecologista más grande de Rumanía, coordinado por la asociación local Alburnus Maior. Este movimiento se extendió por toda Rumanía y Europa.

Las principales preocupaciones concernían la excavación de las cimas de las montañas, la degradación de la naturaleza, la pérdida del patrimonio cultural y, sobre todo, el uso del cianuro, a causa del accidente de Baia Mare en el año 2000.

Vertido de cianuro en Baia Mare

El gran vertido de cianuro que tuvo lugar en el año 2000 en Baia Mare sigue en la mente de la población. Cuando el dique de contención de la mina de oro en la región de Baia Mare se rompió, se vertieron más de 1.000 millones de litros de agua contaminada con cianuro a los ríos Lapsus, Somes, Tisza y, eventualmente, al Danubio, que llevó el agua hasta el Mar Negro. Esto supuso la completa destrucción de toda la fauna y flora alrededor de los ríos. El disastre fue calificado como el peor en Europa desde Chernobyl.

En Rosia Montana, el movimiento social más grande después de la caída del comunismo en 1989 tuvo lugar con el denominado “otoño rumano”. La gente se manifestó por las calles del país todos los sábados desde el 1 de septiembre hasta febrero de 2013. Eugen David, presidente de Alburnus Maior, explica:

“El movimiento no tiene líderes, es sólo conciencia. Es imposible para Víctor Ponta (ex Primer Ministro) hablar con 25.000 personas en Bucarest más otras miles a nivel nacional e internacional. Nuestras demandas no están abiertas a discusión y no son negociables, estaremos en las calles hasta que se honre cada demanda que tenemos”. En diciembre de 2013, el gobierno rumano intentó modificar la ley sobre minería del país en favor de la industria minera y una ley de expropiación inconstitucional surgió a favor de esta industria. El proyecto de ley consistió en procedimientos inconstitucionales de expropiación, la obligación de las autoridades a expedir permisos y exenciones de la aplicabilidad de la ley sobre monumentos históricos, monumentos naturales y el marco europeo del agua, etc.

Este proyecto de ley fue denunciado por la sociedad civil y rechazado por la Cámara baja de Rumanía el 10 de diciembre de 2013.

Gabriel Resources perdió un voto de confianza parlamentario crucial. Tras largos debates en el Parlamento y manifestaciones generalizadas en todo el país, los diputados rumanos rechazaron una serie de enmiendas diseñadas para poner en marcha el inmensamente impopular desarrollo de la mina de Rosia Montana. Esta decisión fue una victoria sin precedentes para la sociedad civil rumana.

En julio de 2015, Gabriel Resources anunció la presentación de una solicitud de arbitraje en el Centro Internacional del Banco Mundial para un arreglo especial de disputas sobre inversión. Exigen una compensación y un acuerdo especial por parte del Estado rumano.

Piden el 2% del valor completo de la economía rumana como compensación por las ganancias perdidas. Además, las cuentas legales de la compañía minera están siendo respaldadas financieramente por un fondo de cobertura de Wall Street (Bolsa de Valores de Nueva York) a cambio de una reclamación por los despojos.

Para evitar hacer frente a estos costes, el gobierno rumano podría ser forzado a abrir la mina, o la Gabriel Resources podría simplemente irse con una gran cantidad de dinero público como compensación.

Rosia Montana tiene mucho valor arqueológico y cultural gracias a las minas prerromana y romana y a los numerosos monumentos que datan de diferentes épocas. Según un estudio realizado por Oxford y la Universidad de Leicester, “las minas romanas en Rosia Montana son las minas subterráneas más extensas y más importantes que se conocen en el mundo”.

En 2009, la asociación ARA, una ONG especializada en la restauración arquitectónica y arqueología, presentó una propuesta detallada para que Rosia Montana fuera incluida en la lista nacional de lugares propuestos como patrimonio mundial de la UNESCO.

A pesar del fuerte apoyo de la comunidad científica nacional e internacional, la solicitud fue ignorada por 10 ministros de cultura. El acto de añadir a Rosia Montana a la lista de los lugares propuestos a la UNESCO sólo puede hacerse con la firma de un Ministro de Cultura.

Sin embargo, el 5 de febrero de 2016 un ministro de Cultura presentó a Rosia Montana en la lista de slugares propuestos a la UNESCO. “Ésta no es sólo una enorme victoria para nuestro patrimonio cultural, sino una gran victoria para la sociedad civil, para las miles de personas de aquí y del extranjero que exigen que Rosia Montana se salve”, dijo Eugen David, presidente de la Asociación de residentes locales Alburnus Maior.

Rosia Montana en Rumania posee uno de los depósitos de oro y plata más grandes de Europa. El área de Rosia Montana ha estado en operación desde el Imperio Romano. Esta y otras actividades mineras históricas causaron un daño ambiental generalizado. La antigua mina RoșiaMin, por ejemplo, revela los impactos de actividades mineras pasadas. La calidad del agua y del suelo se deterioran y hay consecuencias negativas para la salud humana. Los impactos negativos continúan mientras el sitio no sea rehabilitado.

Además de los impactos ambientales y de salud, el fin de la mina estatal y otras minas en el área en 2006 también tuvo otras consecuencias graves para los residentes, principalmente el desempleo y la pobreza extrema. La mina empleaba a casi todos los trabajadores locales. Más tarde, a finales de 2009, tres años después del cierre de las minas, los datos mostraban que el 70% de la población de Rosia Montana estaba desempleada.

Se planificó una nueva mina en Rosia Montana que consistiría en cuatro fosas abiertas separadas que supuestamente cumplirían todas las normas de la UE e internacionales. La construcción del sitio tomaría 2 años, los metales se extraerían durante 16 años y los últimos 7 años se emplearían para cerrar y remediar la zona. Y durante los siguientes 30 a 50 años tendrían que continuar los trabajos de observación e inspección.

Gabriel Resources posee el 80 % de las participaciones de este proyecto, y el otro 20 % forma parte de Minvest Rosia Montana S.A., que es una empresa minera de propiedad estatal. Juntos conforman la Rosia Montana Gold Corporation, que posee la licencia de explotación de Rosia Montana. Gabriel Resources ya invirtió más de 1.500 millones de dólares en el lugar, desde que obtuvo el área minera a finales de los años 90. El proyecto generaría directa e indirectamente 24.000 millones de dólares para el estado rumano y ofrecería miles de empleos. El proyecto es considerado la inversión extranjera directa más importante del país. Supuestamente ofrece una oportunidad para impulsar el crecimiento y desarrollo de la región de Apuseni, donde la minería lleva presente desde hace siglos.

Pero según Gabriel Resources, Rumania ha estado obstaculizando el desarrollo del proyecto Rosia Montana sin los debidos procesos ni compensaciones. Por consiguiente, el rendimiento de las inversiones de la empresa ha sido insignificante. Alegan que han querido dialogar con el gobierno y el presidente rumanos en 2015 sobre el caso, pero que no recibieron ninguna respuesta. Por eso querían llevar a juicio al país.

Gabriel Resources solicitó en julio de 2015 una indemnización en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Durante este arbitraje, la empresa se enfrentó al gobierno rumano por retrasar su proyecto minero. Alegaron que Rumania había violado las disposiciones de los “tratados bilaterales internacionales de protección de inversiones” que el país había firmado con Canadá y el Reino Unido.

El gobierno rumano apoyó primero la mina, pero cambió de opinión en 2013 después de que tuvieran lugar protestas generalizadas en todo el país. Muchos rumanos se oponen al proyecto debido a los problemas medioambientales que acarrea y a la contaminación relacionada principalmente con el uso de cianuro; y a los daños que se producirán en las cuatro montañas de una zona histórica y en los pozos mineros que datan de la época romana. También protestan contra la corrupción política involucrada. Sin embargo, la empresa Gabriel Resources declaró que el proyecto ayudaría a la rehabilitación del área contaminada de la mina anterior.

Por el momento parece que la empresa minera tendrá que revisar los planes de la mina. Esto se debe a que el Ministerio de Cultura declaró a Rosia Montana y el área de dos kilómetros a su alrededor parte de los monumentos históricos de Rumanía en diciembre de 2015. Como consecuencia, el área está protegida contra actividades industriales como la minería. La ciudad ya había sido considerada monumento histórico antes de 1992, pero perdió este estatus debido a decisiones del Ministerio de Cultura en 2004 y 2010. Parece que la población rumana ha ganado la batalla, pero los ciudadanos tendrán que seguir vigilando que el gobierno no cambie su política o que la empresa no encuentre otra forma de continuar con su proyecto.