28 de febrero 2018

Gloria Chicaiza Aguilar es la directora de Acción Ecológica, una ONG ecuatoriana que lucha por la justicia social y ecológica siguiendo los principios del "Buen Vivir" y el ecologismo. Desde hace más de 20 años, la organización se ha opuesto a los intereses de las industrias extractivas y da voz a las comunidades afectadas.

A pesar de que Ecuador ha extraído petróleo durante décadas, la minería a gran escala es un fenómeno relativamente nuevo en la región. Esto se debe principalmente a las ideas del presidente Rafael Correa, que ejerció desde 2007 hasta 2017. Bajo sus políticas, se creó una nueva Constitución en 2008, la cual fue percibida como muy progresista. Principalmente porque reconoció a Ecuador como un estado plurinacional y prometió el desarrollo basado en los principios del "Buen Vivir". Estos principios describen una forma de actuar pensada desde la comunidad, ecológicamente equilibrada y culturalmente sensible. Además, el país otorgó derechos a la naturaleza, lo cual convierte a los ecuatorianos en los primeros en el mundo en hacerlo. Irónicamente, este mismo texto constitucional describe a las industrias extractivas como sector estratégico desde un punto de vista económico, que estaría controlado exclusivamente por el gobierno. Con la nacionalización de los recursos naturales, el gobierno de Correa esperaba aumentar su influencia sobre la infame industria de exportación petrolera y también quería estimular el subdesarrollado sector minero.

El deseo de Correa de dar un impulso a la minería a gran escala fue muy claro. En 2009 se votó una política que crearía el marco legal para el desarrollo del sector minero. Esta ley condujo a una ola de feroces protestas por parte de grupos anti minería. Ellos temían que los otros principios recogidos en la constitución no se cumplieran, como el buen vivir, los derechos de los pueblos indígenas, la protección de la naturaleza y el derecho al consentimiento previo.

En 2012, pese a las crecientes protestas, el gobierno firmó un contrato con una organización minera china: EcuaCorriente S.A. Debían extraer cobre, oro y plata de la región. El proyecto ’39;Mirador’ es uno de los principales proyectos de la campaña pro minería. La gigantesca mina de cobre se ubica en la provincia sur ecuatoriana Zamora Chinchipe, en el distrito de Tundayme (cantón El Pangui). El Pangui es parte de la Cordillera del Cóndor, una cadena montañosa con una fauna y flora extremamente diversa que contiene más de 5 millones de toneladas de cobre, 700 toneladas de plata y 90 toneladas de oro. Se supone que la mina abrirá en 2018, con la expectativa de producir 60 000 toneladas de cobre por día.

El contrato no solo determinaba el futuro beneficio de EcuaCorriente y los ingresos proyectados para el Estado ecuatoriano, sino también las vidas del pueblo Shuar y de los agricultores mestizos de la región. Sus fértiles tierras se transformarían en una mina de cobre gigante. La naturaleza tendría que dar paso a infraestructuras industriales y carreteras. La presa de relaves constituirá una amenaza constante para la salud pública y los ríos locales, solamente amplificada con la posibilidad de sismos.

El Gobierno ecuatoriano facilita este proceso al emitir estudios de impacto ambiental favorables y emitiendo las licencias pertinentes a EcuaCorriente. Además, el ejército, junto con la policía, ha sido desplegado para proteger el proyecto ante las protestas del pueblo. Se pudo observar claramente en 2015, cuando un grupo de guardias de EcuaCorriente expulsó a 32 personas de sus casas con la ayuda de agentes ecuatorianos. Al amanecer, se ordenó a estas familias que empacaran y que se fueran, tras lo cual la organización china demolió sus casas con buldóceres.

Desde el comienzo del proyecto minero en la Cordillera del Cóndor en los años noventa, éste se ha caracterizado por una falta general de información, participación y consulta de los habitantes locales. No sólo se demostró que la falta de información era un problema, sino que se difundió desinformación flagrante sobre el propósito y las consecuencias del proyecto. EcuaCorriente engañosamente dijo a los habitantes locales que sus tierras serían utilizadas para ganado, lo que claramente ésta lejos de la verdad.

Los habitantes no toleran las actividades mineras y se resisten cuando pueden, lo que tiene consecuencias graves para los activistas. Un defensor de los derechos locales, llamado José Tendetza, experimentó de primera mano las represalias de EcuaCorriente. Debido a su protesta y resistencia, recibió amenazas tanto para él como para su familia. Sus cultivos fueron quemados y su casa incendiada a causa de su opinión explícita sobre la minería y su defensa del territorio. Finalmente desapareció cuando estaba yendo a una reunión sobre los problemas de la minería. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Zamora en el nivel del puente Chuchumbletza; una parte de la región bajo la influencia del proyecto Mirador.

Aunque el poder del sector minero sigue aumentando, los habitantes locales mantienen una fuerte resistencia contra las actividades mineras. Reciben apoyo de ONG nacionales como Acción Ecológica, que brindan apoyo técnico, político y legal y ayudan a difundir la historia de la Cordillera del Cóndor.