Colapsa un depósito de residuos en la provincia del Azuay, Ecuador
Colapsa un depósito de residuos en la provincia del Azuay, Ecuador
La reciente rotura de una presa de relaves en Ecuador pone en evidencia una vez más el daño potencial que un país podría sufrir si el gobierno continúa promoviendo proyectos de minería y la extracción de metales. Es obvio que los pocos beneficios económicos no compensan el considerable impacto social y ambiental.
El jueves, 2 de julio de 2020, se derrumbó el muro de contención de una piscina que almacenaba residuos de una planta minera ubicada en la provincia Azuay, en el sur de Ecuador. Como consecuencia fueron liberados más de 50 toneladas de desechos tóxicos en el río Tenguel. El accidente se produjo en el cantón Ponce Enríquez donde fue afectada directamente la comunidad de Santa Martha. El derrame de residuos sucedió en la planta “Armijos”, propiedad de la empresa ecuatoriana Austro Gold Ltda., que actualmente ha suspendido las actividades mineras en el sitio del accidente.
El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables de Ecuador informó en un comunicado oficial del 3 de julio de que se estaban realizando inspecciones en la región para evaluar el daño ambiental causado por el derrame. En su comunicado, el Ministerio desestima los impactos y mantiene el discurso en favor de la minería ¨responsable¨ en Ecuador. Las autoridades locales también restan importancia a los acontecimientos actuales. El alcalde de la ciudad Ponce Enríquez sigue convencido de que se pueden llevar a cabo actividades mineras sin contaminar el agua.
Varias organizaciones medioambientales junto a otras de derechos humanos señalan que el reciente colapso del depósito de residuos deja claro de que la minería ¨responsable”, defendida por el gobierno ecuatoriano, no es posible. Las 50 toneladas de sedimentos tóxicos que desembocaron en el río Tenguel ponen en evidencia la ¨insostenibilidad¨ de la industria minera, a pesar de que, en este caso, está dentro del marco legal.
La mina en Ponce Enríquez, explotada por la empresa Austro Gold Ltda., es relativamente pequeña comparada con estratégicos megaproyectos mineros dentro del país como El Mirador o la Fruta del Norte. Sin embargo, los expertos en medio ambiente interpretan los recientes acontecimientos en Ponce Enríquez como una señal de advertencia para el potencial efecto devastador que pueden causar los grandes proyectos mineros, como lo demuestra el reciente desastre en Brumadinho (Brasil, enero de 2019).
Los expertos señalan que en comparación con El Mirador – un proyecto de extracción de cobre a gran escala en la provincia de Zamora Chinchipe – las 50 toneladas de residuos químicos que contaminaron el medio ambiente en Ponce Enríquez equivalen a la cantidad de residuos que la mina El Mirador pronto va a producir en tan sólo 1 minuto y 13 segundos de su funcionamiento.
La mina Mirador inició su primera fase de producción en julio de 2019 y espera poder procesar unas 60.000 toneladas de material rocoso a diario, de las cuales 58.800 toneladas serán residuos tóxicos. En el caso de que se produjera un derrame de residuos en El Mirador, el impacto sería desolador. Los científicos ya han advertido claramente sobre los riesgos de este megaproyecto, cuya presa de relaves con unos 260 m de altura actualmente se está construyendo en una zona geofísicamente inestable por causa de las abundantes precipitaciones y el alto riesgo sísmico.
El gobierno ecuatoriano y las empresas mineras tienen la obligación y la responsabilidad de llevar a cabo la rehabilitación de las fuentes de agua afectadas. No obstante, el daño social y ambiental en el Azuay ya está hecho, lo que ha afectado a la vida acuática y a las comunidades cuya vivencia depende del río.
La posición actual del gobierno ecuatoriano es promocionar el sector minero como la solución a las dificultades económicas a las que se enfrenta el país. La industria minera ha sido impulsada durante el periodo de cuarentena por el COVID-19 y al mismo tiempo se considera una estrategia a seguir después de la pandemia. Sin embargo, esta política no tiene en cuenta las impactos económicos, sociales y ambientales de la actividad minera, así como lo demuestran de una manera brutal los recientes acontecimientos en Ponce Enríquez.
