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Minería en Azuay: una historia de David contra Goliat

Azuay, una provincia del sur del Ecuador con Cuenca como capital provincial histórica y cultural, se ha convertido rápidamente en una región emblemática en la lucha contra la minería.

En el cantón de Girón, en la provincia de Azuay, el 24 de marzo de 2019 se organizó una consulta pública (Consulta Popular) sobre el proyecto minero a gran escala Loma Larga. Un acontecimiento histórico porque fue el primer referéndum local en Ecuador sobre una actividad minera.

Durante la Consulta Popular en Girón, se les preguntó a los habitantes si estaban de acuerdo o no con la extracción de oro en el Páramo de Kimsacocha, ubicado en el Parque Nacional Cajas. Un páramo es un ecosistema frágil en la Cordillera de los Andes que es vital para el abastecimiento de agua en la región y en el país.

El resultado del referéndum fue convincente: El 87% de la comunidad prefirió el agua al oro y dijo «si a la vida, no a la minería». Un precedente importante en Ecuador ya que, después de esta victoria, otras provincias trataron de hacer lo mismo. Imbabura y Carchi, dos provincias del norte de Ecuador, presentaron recientemente una solicitud de Consulta Popular, pero lamentablemente ha sido rechazada por la Corte Constitucional ecuatoriana.

También en términos de liderazgo político, la importancia de la provincia de Azuay no debe ser subestimada. En mayo de 2019 los habitantes eligieron a Yaku Pérez Guartambel como nuevo prefecto. Desde entonces, Yaku ha dirigido el gobierno autónomo de la provincia de Azuay.

Yaku Pérez es conocido por sus fuertes declaraciones contra el sector minero y su ambición de despejar legalmente la provincia de Azuay de la minería de metales, en particular mediante la organización de referéndums. Rápidamente, Yaku Pérez se convirtió en una figura simbólica en el país.

Yaku Pérez at the demonstration in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Un problema constitucional

Tras la victoria del referéndum en el cantón de Girón, Yaku Pérez convocó a un referéndum general sobre las actividades mineras en la provincia de Azuay. Esta cuestión fue sometida a la Corte Constitucional, pero después de una audiencia el 17 de septiembre de 2019, esta solicitud ha sido rechazada.

Pérez expresó claramente su descontento con la naturaleza de la audiencia. Según él, el Presidente del Tribunal debe celebrar una audiencia pública antes de tomar una decisión, como es habitual en asuntos constitucionales. «Queremos una audiencia pública para poder mirar a los jueces a los ojos y hablar con el corazón. Demostrar de forma fáctica y legal la necesidad de una consulta pública», según Pérez.

Demonstration in front of Constitutional Court in Quito, 17 September 2019 © Iván Castaneira

Además, existe un conflicto de intereses dentro de la Corte. Uno de los jueces constitucionales, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, no pudo participar en la audiencia debido a declaraciones anteriores contra el extractivismo. Otros jueces, que claramente tienen vínculos con el sector minero, fueron autorizados a participar. La Jueza Carmen Corral es abogada de Solines Asociados, una firma de abogados que brinda asesoría y apoyo a las empresas mineras. Otra jueza, Hilda Nugues, es miembro del comité de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se ha pronunciado en contra del referéndum.

Está claro que hay mucha presión por parte del gobierno nacional y de las grandes multinacionales. Existe una gran preocupación por lo ocurrido en Girón y temor por el resultado de estos referendos a nivel provincial y nacional.

'SOMOS AGUA', demonstrators from Azuay in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Campaña contra Yaku Pérez

No es casualidad que, el mismo día de la audiencia, el sector pro-minería distribuyera una campaña en Twitter en la que atacaron a Yaku Pérez.

Alegaron que Pérez había tenido concesiones mineras en el período entre 1999 y 2000 porque su nombre fue encontrado en el registro minero.

Yaku Pérez rechazó este argumento. En ese momento, como abogado, había firmado documentos para la extracción de arena y piedras para trabajos de construcción en la provincia. Este tipo de minería también está registrada, pero no se refiere a la minería de metales.

La batalla continúa

Tras la decisión negativa del Tribunal Constitucional, Pérez anunció que intensificaría la resistencia y abriría una puerta más amplia organizando un referéndum a nivel nacional.

La Constitución ecuatoriana reconoce a la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legal. Sin embargo, la industria minera y el gobierno ecuatoriano argumentan que las consultas locales sobre minería no pueden tener lugar porque los recursos naturales en el subsuelo son un asunto de interés nacional.

'SOMOS AGUA', demonstrators from Azuay in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Además, la Constitución establece que los poderes de los diversos órganos políticos no son exclusivos, sino competitivos. «Usted puede ser el dueño de lo que hay en el subsuelo, pero tiene que pasar por encima de la tierra», dice la abogada Verónica Potes, experta en derecho ambiental y derechos humanos.

«Es una batalla de David contra Goliat», dice Yaku Pérez, «No somos muchos, pero tenemos la verdad, la razón y la legitimidad a nuestro favor. Continuamos la resistencia y si es necesario, denunciaremos este asunto ante los tribunales internacionales».


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