Organizaciones piden intervención de la ONU para proteger el páramo de Santurbán amenazado por proyectos mineros
Varias organizaciones de la sociedad civil Colombiana enviaron una carta a Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre los derechos al agua potable y el saneamiento en Colombia. Informan al Relator de que estos derechos fundamentales están en riesgo por los proyectos mineros dentro o cerca del Páramo de Santurbán. Varias empresas mineras han intentado durante más de 15 años extraer oro del páramo, un ecosistema frágil y estratégico que proporciona agua a millones de personas en Colombia. Solicitan al Relator que prepare un informe específico sobre el caso, que visite el sitio y que levante la voz para instar al estado Colombiano de proteger el ecosistema y cumplir con sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua.
Fuente: AIDA AMERICAS ‘Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería’ .
ANLA niega una apelación de licencia ambiental solicitada por multinacionales petroleras
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) denegó la apelación presentado por las empresas Conocophillips y Canacol Energy luego de que la licencia ambiental para los proyectos pilotos de fracking en el Valle Central del Magdalena se rechazó en noviembre del año pasado. ANLA argumentó que la información proporcionada es insuficiente para llevar a cabo una evaluación adecuada que garantice la protección del medio ambiente. La Alianza de Colombia Libre de Fracking celebra esta decisión ya que incorpora principios de precaución y reconoce las solicitudes de organizaciones de base en San Martín, Cesar que han advertido sobre el posible daño ambiental que estos proyectos podrían ocasionar.
Fuente: ENLACETELIVISION: ‘ANLA niega pilotos de fracking en el Magdalena Medio’.
Anglogold Ashanti para los planes para varias minas en Colombia y Argentina para enfocarse en las minas Quebradona y Gramalote
La empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti anunció en febrero que venderían su parte (95%) de la mina de oro y plata Cerro Vanguardia en Argentina. Harán lo mismo con una de sus sucursales en Colombia: Northern Colombia Holdings Limited. AGA dice que recibirán aproximadamente 4.6 millones de dólares y varios pagos adicionales por la venta de las parcelas (= concesiones mineras de oro -36.000 hectáreas- y derechos para obtener concesiones mineras -215.000 hectáreas) a Royal Road Minerals Limited.
En Argentina, AngloGold ya abandonó la mina Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz. Dejaron una herencia con sabor amargo, testifica la Asamblea Ambiental de Ciudadanos (AAC) de Río Gallegos: “La legislación permitió a las empresas mineras dejar los ‘pozos abiertos’ y sus respectivos vertederos sin cubrir, en estado de explotación, dejando un suelo pobre con un volumen desconocido de acuíferos contaminados. Los costos sociales y ambientales terminan mucho más altos que los
beneficios que esta mina trajo a la región. Ni el aspecto social ni los empleados han sido una prioridad. De repente, han abandonado aprox. 1.000 trabajadores sin ingresos. En Santa Cruz, AGA nunca permitió un desarrollo sostenible que beneficie a la población.”
“Solo ha habido pocas inversiones en comparación con la alta rentabilidad que los recursos explotados les proporcionaron”. Dushnisky, el Presidente de AngloGold Ashanti, dice que tienen otras oportunidades en las que prefieren invertir. AGA se enfocará entonces en dos proyectos clave en Colombia: la mina de cobre Quebradona en Jericó y la mina de oro Gramalote en San Roque, ambas en el departamento de Antioquia. Felipe Márquez, presidente de la AGA en el país, explica: “Las inversiones de la empresa minera para 2019 en Gramalote serían de aproximadamente 10 millones de dólares. En Quebradona cerca de 55 millones de dólares. En Gramalote hemos completado la etapa de exploración y todas las actividades técnicas necesarias para
avanzar a las fases de construcción y montaje. En Quebradona estamos finalizando los estudios técnicos de la etapa de exploración, por lo que nuestra idea es presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la idea de pasar a la fase de construcción y montaje en 2020. El Plan de Producción y Desempeño nos permitirá empezar a extraer cobre entre 2022 y 2024.” (Este anuncio se publicó semanas después de que el tribunal de Antioquia autorizara a la empresa minera a realizar actividades en el municipio de Jericó, Antioquia). El tribunal canceló la medida preventiva que había introducido José Andrés Pérez, alcalde de Jericó, que impedía que la empresa continuara con cualquier actividad minera en el municipio para proteger el patrimonio ecológico y cultural. (Ver articulo. ‘Jericó está esperando una luz verde definida para poder detener la minería en su municipio’).
Fuentes: ‘PORTFOLIO ‘AngloGold continúa estudio de factibilidad para proyecto en el país’; EL ESPECTADOR ‘Minera Anglogold Ashanti venderá parte de sus proyectos’; LAREPUBLICA ‘AngloGold empezará a extraer cobre en 2022’; OPI SANTA CRUZ ‘ AngloGold Ashanti abandonó el yacimiento Cerro Vanguardia’; VALORA ‘Minera Anglogold Ashanti vende parte de su cartera en Colombia.
La Universidad de Antioquia reimplementa el curso que había sido suspendido, financiado por AngloGold Ashanti
La Universidad de Antioquia reanudó un curso financiado por la multinacional minera AngloGold Ashanti en Jericó a pesar de que la institución educativa se había comprometido a suspender el programa. La comunidad de Jericó expresó su oposición al curso porque, según ellos, sería parte de una campaña de publicidad a favor del desarrollo de ‘La Quebradona’, un proyecto de minería de metales en el municipio. El curso tiene como objetivo capacitar a líderes sociales en temas de desarrollo, autogestión y sostenibilidad. El comité ambiental de Jericó espera que la universidad suspenda el curso una vez más. “Esperamos que la rectoría entienda que no queremos este curso aquí en Jericó, que rechazamos las actividades de la empresa minera y que exigimos que la universidad pública cumpla un rol social, tomando el lado de las comunidades y ayudandolas a proteger el medio ambiente”, explica José Fernando Jaramillo, miembro del comité.
Como respuesta a las críticas, la Universidad argumenta que el acuerdo garantiza que preservarán su autonomía en la elaboración del contenido. Sin embargo, Jaramillo indica que con esta iniciativa, AngloGold Ashanti realmente está buscando lavar su reputación frente a las comunidades.
Fuente: CONTAGIORADIO: ‘Anglogold Ashanti pretende lavar imagen de diplomado U de Antioquia’.
Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada declaran emergencia ambiental en la región
Desde finales de febrero, la Sierra Nevada, una región montañosa en la costa del Caribe, ha sufrido 10 incendios forestales destructivos. El fuego destruyó unas 1.000 hectáreas del ecosistema. Además del daño ambiental, se han destruido casas, granjas, lugares sagrados, centros de salud y escuelas de los asentamientos indígenas. Debido al un verano largo, las olas de calor y los fuertes vientos, las comunidades indígenas temen por la seguridad de otras áreas de patrimonio cultural y natural en su territorio. La situación actual amenaza el equilibrio y la armonía de la tierra como fuente de vida, así como los patrimonios culturales de sus habitantes. Por lo tanto, las autoridades del Pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta declararon una emergencia ambiental y económica en el área e instaron a las autoridades nacionales y regionales a intervenir de inmediato y tomar las medidas necesarias de prevención y control.
Fuente: JUSTICIA AMBIENTAL COLOMBIA: ‘Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada se pronuncian frente a la crisis ambiental en el corazón del mundo.’
Jericó espera la luz verde definitiva para detener la minería en su municipio
A siete kilómetros al sureste del centro del pueblo de Jericó se encuentra el proyecto minero Quebradona, propiedad de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Jericó, un pequeño municipio de Antioquia con alrededor de 12 mil habitantes, encuentra su prosperidad principalmente en la agricultura. Por lo tanto, no sorprende que las comunidades de agricultores locales no hayan recibido con los brazos abiertos a la empresa minera. Durante los últimos dos años, las organizaciones de agricultores se movilizaron y realizaron campañas masivas contra la minería de metales en su municipio. Argumentan que esto no solo afectaría sus recursos naturales sino también los tejidos sociales en el pueblo. Temen que problemas como la pobreza, el crimen, la degradación social y el daño ambiental puedan acompañarlo. Afortunadamente, la gente de Jericó tiene una alcaldía que les respalda. El alcalde Jorge Pérez Hernández argumentó que la mina tendría efectos devastadores ya que el
100% de las fuentes de agua de Jericó provienen del área donde estaría la mina.
En 2017, el tribunal administrativo de Antioquia rechazó un primer intento de prohibir la minería a través de un acuerdo municipal, argumentando que el concejo no era la autoridad competente para prohibir la minería en el municipio. El acuerdo se basó en la sección 9 del artículo 313 de la Constitución, que establece el derecho de los consejos municipales a tomar medidas para “establecer las normas necesarias para garantizar el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.”
Uno de los argumentos a favor de las operaciones mineras es que el “subsuelo pertenece a la nación”, y por lo tanto, el gobierno nacional es la única autoridad que puede decidir sobre asuntos mineros. Sin embargo, un estudio de los artículos 332 y 334 de la Constitución y la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece que “la Constitución no atribuyó la propiedad del subsuelo a la Nación sino al Estado”, lo que significa que la propiedad del subsuelo pertenece a todas las autoridades estatales: locales, regionales y nacionales.
Un segundo acuerdo municipal, aplicado por el alcalde a fines de 2018, aún no ha sido invalidado ni aprobado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mientras tanto, el trabajo de la empresa ha sido (supuestamente) suspendido. Fernando Jaramillo, líder de la mesa ambiental de Jericó, dice que es bastante difícil para el Tribunal tomar una decisión, ya que el Consejo de Estado aprobó un acuerdo municipal similar en el municipio de Urrao, también en el suroeste de Antioquia, donde las actividades mineras están prohibidas para proteger el patrimonio ecológico.
La decisión contradictoria entre el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional no simplifica la lucha de los municipios. Mientras que el primero protege la competencia de las entidades territoriales para prohibir la minería en sus territorios y la validez de las consultas populares como un mecanismo para la participación ciudadana, la Corte Constitucional reforzó la idea de que la capacidad de las consultas municipales es limitada, especialmente cuando se habla del subsuelo y de la explotación de recursos naturales no renovables, cuya titularidad es nacional. Jaramillo agrega que, al final, el peor daño que la empresa ha generado hasta ahora es una polarización de la población, lo que resultó en un conflicto entre quienes apoyan a la empresa y quienes se oponen a sus actividades.
Fuente: SEMANARURAL: ‘Jericó espera una luz verde definitiva que detenga la minería’.
Las comunidades se resisten a la construcción de presas en Quindío y Antioquia
En Pijao, Quindío, una comunidad de agricultores dio la voz de alarma después de que los exploradores ingresaran sin previo aviso a su territorio para tomar medidas de un pequeño arroyo. Dijeron que estaban tomando medidas para la construcción de una pequeña represa hidroeléctrica y explicaron que el área es supuestamente “propiedad del municipio de Pijao”. El alcalde aclaró que la represa ya existía desde 1930, y logró generar energía para el municipio, explicando que un avalanche había
borrado la antigua represa. El diputado Jorge Hernán Gutiérrez, del Partido Liberal, propuso un debate en el que las autoridades locales, departamentales y ambientales deberán informar y estar atentos a lo que el gobierno nacional pretende hacer en el territorio. “Y si bien es cierto que hay decretos de orden nacional que podrían forzar la instalación de la presa, también hay reglas constitucionales que protegen nuestros derechos y compensaciones por el daño ambiental que nuestro territorio podría sufrir”.
En el este de Antioquia, varias marchas de protesta contra la construcción de represas tuvieron lugar el 14 de marzo, día internacional de acción contra las represas hidroeléctricas. “En varios municipios del departamento, como Cocorná, con tres
plantas hidroeléctricas de tamaño mediano, las actividades campesinas y los manantiales de agua sufren mucho debido a la regulación artificial de los ríos naturales”, según Carlos Olaya, defensor del medio ambiente.
Fuentes: CRÓNICA DEL QUINDÍO: ‘Hidroeléctrica en Pijao no es nueva, existía desde 1930’; MI ORIENTE: ‘Municipios del Oriente dijeron “no más hidroeléctricas”.’
Gachantiva prohibe la minería
Gachantiva, un pequeño pueblo en la provincia de Boyacá, logra el éxito en la prohibición de la minería a través de un acuerdo municipal. El gobierno intentó evitar durante 5 años que los habitantes organizaran una Consulta Popular. La minería pondría en riesgo los recursos ambientales y la provisión de agua de la región.
Fuente: RCN RADIO: ‘Concejo de Gachantiva Boyaca aporobó proyecto que prohibe la minería.’
12 de marzo, marcha “para la vida y el agua” en Cauca
A principios de marzo, la duodécima marcha “Para la vida y el Agua” se llevó a cabo en Cauca. Los 350 manifestantes pretenden rechazar la minería en la región y el daño que causa al medio ambiente, a la fauna y al suministro de agua. Además, se quejaron de la falta de disposiciones estatales para enfrentar los desafíos rurales en la región. Dijeron a las multinacionales Carboandes y Miranda Gold que tienen un mes para abandonar la Cordillera Maciza.
Fuente: NOTIVISION: ‘Se realizó la XII Marcha por la Vida y Por el Agua en Cauca’.
Tribunal decide que el gobierno colombiano tiene que encontrar un sustituto para el asbesto
Una sentencia del Tribunal 39 Administrativo de Bogotá ordenó al Gobierno de reemplazar este mineral con sustancias menos dañinas, en un plazo de cinco años. De acuerdo con la información proporcionada por la oficina del legislador, entre 2010 y 2014, el Instituto Nacional de Cancerología registró 1.744 muertes por cáncer de pulmón causado por asbesto, y en los últimos cinco años la batalla contra la enfermedad causó la pérdida de otros 285 colombianos afectados por mesotelioma.
El uso del asbesto ha sido prohibido en más de 50 países de todo el mundo, incluída la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud, el material que se usa para hacer baldosas, tuberías, cenizas para automóviles e incluso uniformes conlleva enormes riesgos para la salud. La sentencia es apoyada por la mayoría de las autoridades políticas interesadas en el problema. Aunque en algunas partes del país las reacciones son menos entusiastas. En Campamento, norte de Antioquia, las
personas aún dependen de la mina activa de asbestos que proporciona la mayoría de los trabajos. La mayoría de sus ciudadanos están convencidos de que el material no causó ningún problema de salud en la ciudad durante las últimas décadas. El gobernador de Antioquia anunció que se establecería un plan social para prevenir los efectos negativos de la pérdida de esta mina, que funciona como fuente de ingresos para el pueblo.
Fuentes: EL TIEMPO ‘Campamento, el pueblo que se niega a renunciar al asbesto’; EL NUEVO SIGLO ‘Greenpeace insiste en que Congreso prohíba el asbesto’.
27 congresistas piden al presidente Duque que prohiba el fracking en Colombia
Un grupo de 27 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la Alianza Verde, envió una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que prohibiera el uso del fracking para la extracción de petróleo. Lo confrontaron con las promesas que hizo durante su campaña presidencial. “Uno de sus compromisos fue que no habría más Fracking en Colombia, una decisión que
expresó en centros académicos y comunitarios y en la prensa, un compromiso que justificó porque los riesgos de desarrollar estas actividades fueran muy altos en términos sociales, cuestiones geológicas y medioambientales”, señala la carta.
Los congresistas condenan las intenciones en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente publicado, que apunta a una expansión de la industria petrolera y minera y la dependencia de la industria de los combustibles fósiles. Alientan al presidente a prohibir el fracking, ya que “es una decisión responsable”, y le piden que “cumpla su palabra y esté en armonía con las preocupaciones de los colombianos, especialmente aquellos que se verían directamente afectados por las posibles consecuencias de este tipo de proyectos.”
Ecopetrol, una de las compañías petroleras más grandes del país, reveló en febrero sus nuevas estrategias de mercado para el período 2019-2021, donde el fracking es una opción para fortalecer sus reservas.
Fuente: RCN RADIO ‘Nuevo llamado de congresistas a Duque para prohibir el fracking’.
Minda indígena: comunidades indígenas bloquean la Panamericana y demandan la visita del Presidente Duque para garantizar sus derechos
Los pueblos indígenas en el suroeste de Colombia se han movilizado en las carreteras para exigir una reunión con el presidente Iván Duque por el hecho de que su gobierno no haya implementado acuerdos ni respetado los derechos de tierras indígenas.
Los grupos indígenas en el suroeste de Colombia han movilizado desde el 10 de marzo protestas masivas, conocidas como “minga”, para exigir una reunión con el presidente Iván Duque sobre el hecho de que su gobierno no haya implementado los acuerdos alcanzados durante el histórico acuerdo de paz 2016 de la administración anterior y ni ha reconocido los derechos comunitarios sobre la tierra. Los líderes de la protesta estiman que había 20.000 personas involucradas en la movilización masiva a partir del 27 de marzo, incluidas comunidades afrocolombianas e indígenas, estudiantes y asociaciones de campesinos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció la represión contra la minga por parte del Escuadrón
Móvil Antidisturbios de la policía, conocido como ESMAD. “Este es un ataque contra todo el proceso de diálogo que ha existido hasta hoy dentro de la minga. Es un ataque contra la seguridad y la vida de cada persona en el campamento y las áreas circundantes”, dijo el CRIC.
Nelson Lemus, un miembro del CRIC, dijo que los manifestantes querían que Duque se reuniera con la organización indígena en el departamento de Cauca, algo que no se ha hecho desde que asumió el cargo en 2018, dijo CRIC en un comunicado de prensa. “Exigimos que el gobierno respete los derechos de las minorías indígenas y afrodescendientes para conservar nuestro territorio, proteger nuestras aguas y fortalecer nuestras economías indígenas”, dijo Lemus. “Nuestro primer objetivo político
es que el presidente venga a territorio indígena para tener una reunión cara a cara con nosotros”.
Los manifestantes han bloqueado la carretera panamericana que conecta Colombia con Ecuador, y Duque se ha negado a viajar a Cauca para reunirse con organizaciones indígenas a menos que se levante el bloqueo. “Deberíamos poder llegar a un acuerdo a través de un marco legal”, Duque dijo en un discurso público al país el 28 de marzo. CRIC criticó la declaración del presidente, diciendo que su representación de la minga como ilegal socava su derecho a protestar y levanta el temor a la violencia a manos del gobierno y grupos paramilitares de derecha.
El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrete, pidió al presidente que se siente con los manifestantes indígenas para poner fin a los obstáculos, que se considera que tienen un impacto negativo en la economía de la nación. El transporte de
suministros básicos de alimentos y gasolina ha afectado a las regiones del sur del país, y la Cruz Roja Colombiana ha activado una caravana humanitaria para proporcionar suministros médicos y asistencia a las comunidades afectadas en el Cauca.
Las demandas de las minorías étnicas participantes son: la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado por el gobierno; la protección de los líderes comunitarios contra los asesinatos selectivos; y la garantía de consulta previa (consulta previa) para proyectos extractivos o agroindustriales que afecten al territorio indígena. También exigen su apropiación total de 400 kilómetros cuadrados de tierra que el ex presidente Juan Manuel Santos prometió a los indígenas en el Cauca, ya que solo 14 kilómetros cuadrados han sido entregados hasta la fecha. CRIC dice que la tierra debería dividirse entre 126 reservas en el departamento.
El CRIC también declaró su oposición a la exploración petrolera en forma o fracking, que se inició en tres ubicaciones piloto en el valle del río Magdalena. Cinco empresas, entre ellas ExxonMobil, ConocoPhillips y Ecopetrol, de propiedad estatal, buscan operar los seis bloques de fracking propuestos.
“No estamos de acuerdo con las prácticas de fracking”, dijo Lemus. “Este gobierno ha aprobado el fracking, la destrucción del Amazonas y otros delitos ambientales que solo sirven para aumentar la riqueza de una minoría corrupta y corporaciones
multinacionales. Nuestros territorios son violados sistemáticamente por este gobierno en deuda con un proyecto de muerte capitalista “.
El 22 de marzo, una explosión en un territorio indígena remoto en el departamento de Valle del Cauca mató a nueve manifestantes indígenas. Antes de iniciar una investigación, el gobierno afirmó que las muertes fueron causadas por un accidente. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le dijo a El Tiempo que los artefactos explosivos fueron introducidos en el territorio por un manifestante indígena, probablemente para generar un ataque. Esa es la hipótesis más probable en consideración de que están cerca de la carretera Buga-Buenaventura”. La Organización Nacional Indígena de Colombia rechazó la idea de que los indígenas fueron responsables de la explosión, calificando al incidente de una masacre liderada por paramilitares. “Los indígenas son personas de paz, no terroristas”, dijo la ONIC en una declaración pública.
Fuente: MONGABAY: ‘Indigenous leaders decry Colombia’s deadly crackdown on land protesters’.
Día Mundial del Agua
El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. En varias partes de Colombia, la gente tomó las calles para exigir atención por el uso irresponsable de los recursos hídricos. En Bucaramanga, los ciudadanos abogaron por la protección del páramo de
Santurbán, un ecosistema frágil y estratégico que proporciona agua a millones de personas en y alrededor de la ciudad, y que actualmente está amenazado por la minería. Una protesta similar ocurrió en la ciudad cercana de Barrancabermeja, donde la gente también criticó la mala gestión del agua y la forma en que las autoridades están dispuestas a privatizar los recursos hídricos.
En Medellín, la asociación ambiental “Rios Vivos” organizó un “Encuentro por la liberación del río Cauca”. Con música, canciones para el agua, discursos y debates, intentaron reclamar justicia por el desastre ambiental que fue causado al segundo río más grande de Colombia por la represa Hidroituango que cortó la corriente del río durante casi tres días en febrero.
Mientras tanto, las empresas mineras como Minesa buscan aprovechar este día simbólico mediante la publicación de videos publicitarios que tienen como objetivo mostrar una empresa preocupada por la conservación y el suministro de agua. En una entrevista de prensa, el presidente de Minesa, Santiago Ángel, condena la “estigmatización” de la minería, que siempre es perjudicial para un suministro de agua potable. Argumenta que su compañía es consciente de la importancia del agua en los territorios mineros y que hasta el momento completaron más de 60 mil horas de estudios técnicos para garantizar la protección de los recursos hídricos. En su publicidad, las empresas utilizan frases creadas por organizaciones de base como ‘El Agua es Vida’.
En el Día Mundial del Agua, Sí a la Vida No a la Minería y sus socios lanzaron su kit en línea ‘El agua es Vida: un juego de herramientas’. La página que YLNM diseñó es un resumen del ciclo del agua que circula dentro del ecosistema, la importancia del agua para la vida humana y la de otras especies en el planeta y las amenazas a los recursos hídricos por las actividades mineras y petroleras. Además, la plataforma ofrece un conjunto de herramientas con principios básicos que las comunidades pueden implementar para proteger su territorio de la minería destructiva.
Fuentes: TWITTER: ‘Tweet Minesa Colombia 21 March 2019’; TWITTER: ‘Tweet Movimiento Rios Vivos 19th of March 2019”; YLNM: ‘How mining disrupts the water cycle’; VANGUARDIA: ‘Realizan plantón para exigir protección del agua en Santander’; CARACOL: ‘Trabajadores de Minesa consumirán agua que usen’.
desapareció cuando estaba yendo a una reunión sobre los problemas de la minería. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Zamora en el nivel del puente Chuchumbletza; una parte de la región bajo la influencia del proyecto Mirador.