Mines & Territory, Abril 2019

REVISTA MENSUAL SOBRE TEMAS EXTRACTIVISTAS EN COLOMBIA

EDICIÓN 04
Abril 2019

Colección resumen, traducción y edición por Sam Packet, Karlijn Van den Broeck y Laura García

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MINES & TERRITORY

Abril 2019

Las noticias vienen y van. Con las redes sociales como el medio principal de las organizaciones colombianas de la sociedad civil para que sus historias sean escuchadas, una historia puede hacerse viral un día y perderse entre la información masiva al siguiente. Mines & Territory tiene como objetivo registrar y compartir estas historias durante más tiempo que solo un hilo viral. Mines & Territory recopila los eventos más importantes que se han producido el mes pasado en relación con asuntos extractivistas en Colombia y los resume en español y en inglés para que la información sea accesible para cualquier persona interesada y para que se cree conciencia internacional sobre las realidades eco-sociales actuales en Colombia.

Polémico video revela la estrategia de Minesa para evitar el rechazo de su minería en Santurbán

En el video se ve al presidente de la compañía, Santiago Urdinola, empresa árabe que a principios de este año había vuelto a radicar un Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el propósito de extraer unos nueve millones de onzas de pirita y cobre.

Urdinola expone en una reunión privada la estrategia para sacar adelante la licencia ambiental. “Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien. Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de yo allá tenga una marcha diaria (…), nos funciona”, asegura. El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunas élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque.

“Si ellos sienten que es parte del ejercicio o (…) que es Petro marchando por tumbar el gobierno de Duque, y dicen ‘no me voy a dejar tumbar de Petro’, nos funciona (…) La pregunta es cómo hacemos que nuestros stakeholders se sientan tranquilos” se le escucha decir en el video.

Para Urdinola, una de las claves es presentar la información correcta a a los ministros encargados. Por ejemplo, hablar de energías renovables con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

A Urdinola le parecen inquietar las frecuentes noticias en las que Minesa no suele aparecer bien parada. “Acá va a haber mucha presión mediática. A los medios les gusta la historia de la comunidad que está brava, no la historia de quienes hemos ayudado, de los niños que van a la escuela y de la que hay agua potable gracias a Minesa. La historia es la de la comunidad que siente que va a ser reasentada. Hay 50 familias que vamos a sacar de su territorio, donde han vivido por más de 100 años, porque están en la huella del proyecto. Esa es la historia mediática; la que van a explotar”, advierte.

El video, que dura casi nueve minutos, fue muy mal recibido entre quienes forman parte del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, que desde hace varios años han convocado marchas para protestar por la explotación minera en el territorio.

“Rechazamos contundentemente estas declaraciones del video. Es una estrategia contra la ciudadanía, que nos hemos movilizado hace 9 años para rechazar la megaminería en Santurbán. Es una estrategia para engañar a Bucaramanga, a Bogotá y a los funcionarios que toman las decisiones. Es poner un manto de duda en este proceso de resistencia ciudadana”, le dijo a W Radio Mayerly López, una de las voceras del Comité.

En sus palabras, en caso de que la Anla apruebe la licencia ambiental de este proyecto, se pondrá en riesgo el suministro de agua de 2,5 millones de personas. “Confiamos en que la Anla haga un proceso serio y riguroso. No confiamos en la empresa, y menos después de este video”, afirmó al tiempo que reveló que el próximo 10 de mayo realizarán una nueva marcha para oponerse al proyecto de Minesa.


Fuentes: CONTAGIORADIO ‘Filtran video que evidencia campaña de estigmatización de Minesa contra ambientalistas’; EL ESPECTADOR ‘Polémico video revela estrategia de Minesa para evitar el rechazo de su minería en Santurbán’.

 

Cámara aprobó la construcción del puerto de Tribugá en Chocó

Los apartes del Plan Nacional de Desarrollo que le dan luz verde fueron aprobados ayer por el legislativo. La decisión, pese a que falta la aprobación del Senado, genera preocupación para las comunidades y los expertos. Se estima que 1.000 hectáreas de manglar en el Pacífico serán destruidas con esta intervención.

Las comunidades de Tribugá, uno de los nueve corregimientos de Nuquí (Chocó), no quieren un puerto. Su posición tiene sentido: aunque una obra de este tipo promete puestos de trabajo, desarrollo y carreteras para una región que bien lo necesita, la construcción de la misma implica pasar por encima de un territorio protegido por ellos, el Distrito Regional de Manejo, Cabo Corrientes. Un ecosistema del que no solo dependen las comunidades gracias a la pesca artesanal, el corte y uso de los manglares y el ecoturismo, sino donde viven alrededor de 8 especies de mangles, anidan tortugas sobre 971 hectáreas de playas, pianguas y pequeños moluscos que son la base de la alimentación en la zona. Pero ayer la Cámara de Representantes aprobó su construcción.

De resultar también aprobado, se empezaría a construir un puerto de muelles de hasta 3.600 metros de longitud, con profundidades entre 15 y 20 metros y capacidad para recibir barcos de hasta 200.000 toneladas. Todo eso, en medio de este territorio. La obra, de hecho, se estima más grande que el Puerto de Buenaventura y uno de los más masivos de América Latina.


Fuente: EL ESPECTADOR ‘Cámara aprobó la construcción del Puerto de Tribugá en Chocó’

 

Habitantes de Taganga, en Magdalena, denuncian la construcción de un nuevo proyecto en la bahía

Habitantes de Taganga, en Magdalena, denuncian que la empresa Terminal de Graneles Líquidos de Daabon (Terlica) adelanta la tercera modificación de la licencia ambiental otorgada para la construcción de un puerto en la Bahía a pesar de que las comunidades se han manifestado en contra del proyecto por las afectaciones sociales, económicas y ambientales que ocasionaría.

En 2008 la ruptura de una válvula en las instalaciones de Terlica en Taganga ocasionó un derrame de aceite de palma crudo a la Bahía de Playa Grande, afectando a miles de corales y otros organismos marinos. A pesar de este antecedente y de que la empresa aún no ha terminado con las ordenes del Ministerio de Ambiente de compensar los daños, las autoridades ambientales han aprobado dos modificaciones a la licencia ambiental.

Por su parte, las comunidades temen que la emergencia ambiental que provocó Terlica en el 2008 se pueda repetir, lo que perjudicaría al ambiente y a la supervivencia de los 6.000 habitantes del corregimiento que dependen de la pesca y el turismo. Además, expertos resaltan que un accidente en el muelle podría generar problemas más graves dado que se pretende transportar aceite de palma, químicos derivados del petróleo e hidrocarburos por este puerto.

El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, argumenta que la licencia ambiental aprobada por la ANLA está deslegitimada. No tuvo consentimiento ni el proyecto fue socializado con las comunidadesas que habitan el territorio. Además hay presuntos hechos de favorecimiento y conflicto de intereses en el otorgamiento de licencias y concesiones. ‘‘Decimos no al Puerto de las Américas porque estaría ubicado dentro de la Línea Negra, que es una zona teológica de los indígenas de la Sierra Nevada, por lo que requiere una consulta previa’’, recalcó tambien.


Fuentes: CONTAGIORADIO ‘”¡No queremos muelle!”: el grito de los habitantes de Taganga’; REVISTA7 ‘Nuevo Puerto en Taganga ¿en veremos?’

 

¿Qué lograron los líderes sociales que instalaron el refugio humanitario en Bogotá?

Casi una semana estuvieron en la capital cerca de 2.000 líderes de todo el país para hacer un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad Internacional por la falta de garantías de seguridad en sus territorios. Estuvieron en el Congreso, en varias embajadas, hicieron manifestaciones y se llevan compromisos importantes. “No puede ser que estemos a la discreción de un presidente que piensa más en Venezuela que en Colombia (…) Mientras él llama a la paz en Venezuela aquí asesinan a los líderes, los amenazan, los sacan de sus tierras”, les dijo la senadora Aída Avella a miles de líderes sociales que habían llegado Bogotá a instalar un refugio humanitario como una medida para combatir lo que consideran la desatención del gobierno de Iván Duque a la oleada violenta contra los defensores de los derechos humanos en el país.

Los voceros del refugio señalan que a nivel general el objetivo de haber instalado un refugio humanitario en Bogotá y sacudir a la opinión pública en las grandes ciudades sobre la crisis en los territorios, se alcanzó. Tambien lograron sensibilizar a las embajadas, al darles a conocer la situación, y ellos asumieron el compromiso de interlocutar con el Gobierno Nacional para que se pueda atender de mejor manera el tema de la protección de los líderes sociales”, explica Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Aparte de eso esta tambien Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que se comprometió publicamente a reactivar la Mesa Nacional de Garantías, un espacio de interlocución directa entre las organizaciones sociales y varias entidades del Gobierno Nacional, que llevaba suspendida desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia.

Sin embargo, les quedan sinsabores en lo referente a respuestas del Gobierno, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, en relación con dos temas. Por un lado, la muestra de resultados en las investigaciones sobre las estructuras armadas encargadas de ejecutar los asesinatos de líderes sociales. Según dicen, los hallazgos en este sentido son mínimos. Y por otro lado, la respuesta sobre un número infinito de judicializaciones a líderes sociales en los territorios, sobre las cuales han pedido explicaciones, sin éxito.


Fuente: EL ESPECTADOR ‘¿Qué lograron los líderes sociales que instalaron el refugio humanitario en Bogotá?’

 

La Fiscalía pide medidas cautelares por daños ambientales al río Cauca de Hidroituango

Se trata de una solicitud basada en el trabajo desarrollado por un equipo de 9 peritos, ingenieros, biólogos y ecólogos que, apoyados por la Policía Judicial, estuvieron en Hidroituango investigando los posibles daños ambientales.

Entre las conclusiones se encuentra el hallazgo de riesgos para las fuentes hídricas, fauna, flora, y la vida de los habitantes. Un primer riesgo es la llegada del buchón, explica el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Es una planta invasora que se  desplazó 8,5 kilómetros por los fuertes vientos. La presencia de esa planta hace que el agua no corra con fluidez y reduce los procesos de conservación de los ecosistemas, lo que provoca la desaparición de los animales que habitan el río.

La segunda medida está relacionada con una planta de asfalto abandonada en el río San Andrés, explicó el Fiscal. Actualmente hay residuos que caen a los cuerpos de agua, del San Andrés pasa al Cauca y finalmente al Magdalena, disminuyendo la calidad del agua.  Esta planta de asfalto había sido contratada por Hidroituango, pero no se habría cerrado de manera correcta. Además, los niños, comentó Martíneza, juegan con los residuos como si fueran plastilina, a pesar de que estos, como la brea, tienen componentes con características cancerígenas.

La tercera medida tiene que ver con la escombrera El Higuerón. La escombrera se encuentra sobre una pendiente que da al río Cauca y las rocas amenazan en la actualidad con desprenderse. Los expertos encontraron grietas hasta de 60 metros de profundidad. Esto genera un gran peligro de derrumbe sobre la vía que hay allí, por la que pasan vehículos y peatones, y, de caer al río, un represamiento del mismo. Por ello, el ente investigador pidió la estabilización urgente e inmediata de taludes y el cierre técnico de la escombrera.

Por último, la Fiscalía pidió que se intervenga la afectación a la cadena alimentaria de la zona. La presa de Hidroituango está impidiendo el paso, río abajo, de sedimentos y nutrientes necesarios para la vida óptima de la fauna. “Los sedimentos y nutrientes no logran superar la barrera de la presa, y se quedan allí”, explicó el jefe del ente acusador. Esto afecta a la diversidad y riqueza biológica y los expertos encontraron consecuencias en las poblaciones de peces en calidad, tamaño, reproducción y peso.


Fuente: EL TIEMPO ‘Fiscalía pide medidas cautelares por daños ambientales de Hidroituango’

 

5° Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental en San Vicente de Chucurí, Santander

Asociasiónes, colectivos y comités ambientales de todo el país se reunieron el 5, 6 y 7 de abril en San Vicente de Chucurí en Santander por el 5° encuentro del Movimiento Nacional Ambiental de Colombia. La reuníon resultó en tres días plenos de intercambios de experiencias, estrategias de lucha y talleres interactivos entre los ambientalistas que estaban presentes.

El evento se cerró el domingo a la tarde con la primera marcha ambiental en el municipio de San Vicente; “donde en el año 2017, el alcalde del municipio fue presionado por las empresas mineras para que se negara a convocar la consulta que ya había sido legítimamente exigida por la ciudadanía y avalada por el tribunal administrativo de Santander”, según dice también la declaración final, que puso el punto final al encuentro.

La declaración del encuentro se puede leer a través del siguiente enlace.


Fuente: MOVIMIENTO NACIONAL AMBIENTAL ‘Declaración del V Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental San Vicente de Chucurí, Santander’.

 

Mandatarios locales y organizaciones sociales de Jericó muestran su indignación sobre la ‘audiencia pública’

Jericó prohibió la minería de metales por acuerdo municipal, pero el debate frente a la conveniencia de esta práctica en un lugar con vocación cafetera sigue abierto, pues la multinacional AngloGold Ashanti tiene sus ojos puestos en esa tierra, que ve con gran potencial para la explotación minera.

El pasado 12 de abril en el municipio de Jericó se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Centro Democrático y por una Comisión Accidental del Congreso de la República. Esta audiencia planteó, dentro de sus propósitos, un diálogo entre varios actores para abordar temas sobre “medio ambiente y desarrollo sostenible en el suroeste antioqueño” y promover una comisión de seguimiento a la “situación minera, social y de planeación del Territorio”. En la audiencia estuvieron presentes los voceros de varias organizaciones ambientalistas, expertos en geología, ingeniería ambiental y derecho; empleados de AngloGold Ashanti, la minera en cuestión, y delegados de los gobiernos departamental y nacional.

La convocatoria a esta audiencia sorprendió a varios mandatarios locales y a  organizaciones sociales del suroeste de Antioquia porque aún no quedan claros los propósitos y alcances de esta iniciativa. Es importante tener presente que su convocatoria e implementación se desarrolló en un extraño y confuso contexto que se caracterizó por:

  • La convocatoria del Centro Democrático a la “audiencia pública”.
  • El mensaje en Twitter del Senador Álvaro Uribe Vélez sobre su oposición a proyectos mineros en el suroeste.
  • La presencia de Mario Uribe en la audiencia.
  • La percepción de algunos medios de comunicación al considerar que “el uribismo recarga a los antimineros en el suroeste”.
  • El desconocimiento de las organizaciones sociales y fuerzas vivas del suroeste.

Resulta evidente el protagonismo que asumió el Centro Democrático y el Uribismo en esta “audiencia pública”, y a la vez resulta contradictorio ya que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez otorgó alrededor de 11.000 títulos mineros y dejó en trámite otros 7.000 para que fueran legalizados por sus sucesores; todo esto además de la cercanía que el Senador Uribe ha tenido siempre con las empresas trasnacionales mineras.

Para la actualidad, el gobierno de Iván Duque profundiza en su Plan de Desarrollo el modelo extractivo en el territorio colombiano.

Valorando lo anterior, las conclusiones del evento fueron resultado del consenso entre las partes de la Comisión Accidental, lo cual no se puede confundir con un proceso de concertación entre los actores en conflicto. El debate por la legalidad de la minería y la posible explotación de cobre en Jericó se trasladará al Congreso de la República. Así lo anunciaron algunos de los integrantes de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

En la audiencia fue evidente el rechazo de las comunidades a la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti, rechazo que se ha manifestado de múltiples formas a través de movilizaciones, plantones, travesías, vigilias, acuerdos municipales, mandatos populares, planes de vida y otros mecanismos políticos y jurídicos. Por este motivo, ni el Uribismo ni el Centro Democrático “recargan” la lucha antiminera en el suroeste, sino todo lo contrario: han profundizado el conflicto mediante sus políticas extractivas.

Vean tambien el documental hecho por ciudadanos de Jericó mediante el cual comparten su punto de vista frente al asunto minero aquí.


Fuentes: CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL ‘Sobre la “Audiencia Pública” en Jericó’ ; EL COLOMBIANO ‘Comisión del Congreso hará seguimiento a minería en Jericó’.

 

Presidente Duque no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras del suroccidente colombiano. La minga le pone una nueva cita para retomar los diálogos en mayo

Para más información contextual, les recomendamos leer el Mines&Territory de marzo

La minga indígena, tras 26 días de bloqueos en la Vía Panamericana y los municipios de Cauca y Nariño, llegó a su fin el 5 de abril. El gobierno y los mingueros habían alcanzado un acuerdo económico por $843.000 millones. Una de las condiciones del acuerdo era un diálogo público entre los mingueros y el Presidente de la República, Iván Duque.

Sin embargo, después de muchas dilataciones y pretextos, aunque Duque llegó hasta el municipio de Caldono, no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras. El argumento de la petición presidencial era la seguridad nacional. Duque pidió que el encuentro se diera en la casa cultural de Caldono a puerta cerrada, solo con los líderes más importantes como asistentes. Pero ellos no aceptaron.

“Le faltó honor a su palabra y faltó al respeto a los mingueros y mingueras al no escucharlos. Esta actitud muestra claramente la falta de capacidad y autonomía para ejercer su papel de dirigente del país”, acusa el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, ente principal que movilizó la Minga en primer lugar.

El cara a cara del presidente con la Minga tenía de fondo varias tensiones que se podían sentir en el ambiente: los trinos de Uribe, la versión de la infiltración ilegal planteada por el fiscal. Pese a que los indígenas se sentían con ello maltratados, estaban dispuestos a acomodarse a las circunstancias si el presidente hablaba en el parque principal. Lo que más les interesaba era debatir con Duque sobre tierras, paz, Plan de Desarrollo y derechos propios de las comunidades étnicas en Colombia.

Además de ello, para la Minga era trascendental que Duque firmara los acuerdos a los que habían llegado, esto es, que se le diera un piso jurídico a los 843.000 millones de pesos a los que se había comprometido la ministra Nancy Patricia Gutiérrez para ser destinados a la educación, la salud y proyectos productivos en el Cauca y Nariño.

“La minga es de indígenas, campesinos, afrodescendientes y demás organizaciones sociales del país. Aquí no hay terroristas, no hay delincuentes, lo que hay es un pueblo digno que esperó a dar un diálogo sobre temas  que nos preocupan, como es el tema de la tierra y los riesgos al territorio, el tema de la vida. Esta minga dejo 88 compañeros heridos, nueve muertos, entre ellos Deiner Ceferino Yunda Camayo, joven minguero que perdió la vida cuando el ESMAD le disparó en el pecho. La minga del suroccidente continúa y se fortalece cada vez más desde distintos puntos del territorio. Nos vincularemos a la minga nacional”, afirma el CRIC en su sitio web.

Una nueva cita

En el marco del Paro Nacional, las autoridades territoriales junto con más de 4.500 habitantes se movilizaron en Cali, Popayán, Bogotá, Medellín, Manizales y Neiva. Su intención, además de exigir los puntos principales por los que se originó la minga, es decir, el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la garantía de los derechos fundamentales, la restitución de tierras, el cuidado del medioambiente y el reconocimiento de su autonomía- manifestarse en contra del asesinato y persecución a líderes sociales, era denunciar la estigmatización y judicialización de los manifestantes y las agresiones por parte de la fuerza pública, entre otros.

Con fecha del 24 de abril, el CRIC, junto con el apoyo de las organizaciones indígenas de Huila, Caldas y Valle, emitió una carta de invitación al presidente Iván Duque para que la próxima cita tuviera lugar el 20 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma Intercultural de la ciudad de Popayán, Cauca. Dentro de las discusiones que tendrían lugar en dicho encuentro se incluye la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y organizativos de los indígenas, campesinos y afros que “se ven amenazados por la agenda legislativa radicada en el Congreso que nos desconoce”.

“Es de considerar que las comunidades se encuentran en asambleas permanentes y que la Minga reitera y mantiene la importancia del diálogo entre usted, como presidente de la República, y las autoridades y organizaciones sociales. Esperamos contar esta vez con su disponibilidad al diálogo con los colombianos y colombianas de la periferia del país”, reza el documento.

La extinción de los indígenas

Jesus Olivero Verbel, Vice-Rector de Investigaciones en la Universidad de Cartagena, nos deja su punto de vista sobre la protesta indígena y la vulneración de esta minoría en su columna en el periódico ‘El Universal’.

“Lo que sucede en el Cauca es un retrato puntual de la problemática indígena en el país. Esta población, en extremo vulnerable, con muchos miembros deambulando por las calles, está extinguiéndose a punta de violencia, desapariciones, desplazamiento y envenenamiento, fotografía manifestada con diferentes matices en todos los rincones del país.

En La Guajira sus niños mueren de hambre, han perdido los territorios que ahora son huecos inmensos del tamaño de ciudades y no les responden por los chivos extraviados; en la Sierra Nevada colocan antenas y hoteles en sus sitios sagrados y les maman gallo todo el tiempo con los compromisos; en el Chocó y Guainía la minería destruye sus ríos acabando con la selva y los peces que son su alimento; en Córdoba Urrá les arrebató y destruyó su río convirtiéndolos en mendigos; y en el Amazonas, el mercurio de la minería los envenena, la comunidad de Taraira, en el Parque Nacional de Yaigojé Apaporis, posee las concentraciones más altas de este metal tóxico en Latinoamérica.

Es triste que mientras nuestros verdaderos ancestros reclaman su territorio, nosotros le entregamos medio departamento del Cesar a extranjeros para que nos dejen un cráter lunar en donde nada podrá sembrarse en miles de años, todo sin que esto tipifique una vía de hecho. En este país se han violentado tanto los derechos de nuestros indígenas y en general de las minorías, que no hemos salvado ni la memoria histórica de estos atroces acontecimientos. La situación del Cauca debe replantearse, los indígenas pueden flexibilizar su protesta para no asfixiar a las comunidades ajenas al conflicto, y el Gobierno puede comprometerse a escucharlos in situ. Así, nadie perdería.”


Fuentes: CRIC ‘Presidente Duque no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras del suroccidente Colombiano’; SEMANA ‘Duque está en Caldono pero no se ha puesto de acuerdo con la minga para dialogar’; EL ESPECTADOR ‘Minga le pone nueva cita al presidente Iván Duque para retomar los diálogos’; EL UNIVERSAL ‘La extinción de los indígenas’.

 

Rechazan políticas de Duque en el paro nacional de Colombia

La movilización nacional fue el primer paro al que se enfrentó el presidente Iván Duque desde que asumió el cargo el 7 de agosto del año pasado. El descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como la creciente violencia contra líderes sociales y la estigmatización a los pueblos indígenas, son las causas principales que detonaron el paro que se desarrolló el 25 de abril en las principales ciudades de Colombia.

Diversos movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones campesinas e indígenas aunados a otras entidades aglutinadas en una sola voz, se tomaron las calles para rechazar las políticas económicas y sociales concentradas del PND del presidente Iván Duque.

Los sindicatos también mostraron su posición contraria a la reforma laboral que está inscrita en el plan de desarrollo, porque denuncian que elimina el contrato laboral tal como está contemplado en las leyes colombianas, así como afecta el salario mínimo por la formulación de contratación por horas, constituyendo un ataque directo a los mecanismos de negociación colectiva.

Asimismo el conjunto de ciudadanos que se manifestaron este jueves, expresó su apoyo a la minga social, un movimiento que busca la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, frenar la ola de asesinatos contra sus líderes, así como exigir al Gobierno que cumpla con numerosos acuerdos que las organizaciones han firmado con distintas administraciones en los últimos años. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que durante casi un mes bloqueó el suroeste del país en una protesta para exigir más atención del Gobierno, se movilizó hasta Popayán, capital del departamento del Cauca, por “la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”.

Otro motivo de protesta durante la jornada de movilizaciones en todo el país fueron las demandas del sector educativo que señala el incumplimiento del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados, y asimismo denuncia el carácter restrictivo del PND que impacta los principios de libertad de cátedra y la autonomía escolar,  así como tiende a la privatización de la educación en Colombia, alertó la Unión Nacional de Educación Superior (UNEES).

Los pensionados presentes en el paro nacional adviertieron que el supuesto plan de desarrollo del Gobierne incluye una “reforma simulada” al sistema previsional que retrocede en la protección a la vejez.


Fuente: TELESURTV ‘Rechazan políticas de Duque en paro nacional de Colombia’

 

Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking

El ente de control asegura que al país le hacen falta estudios técnicos, seguridad jurídica y fortaleza institucional. Señala que implementar en este momento el fracking puede ser catastrófico e irreversible por los altos impactos sociales y ambientales que generaría.

Dicha tecnología, que comenzó a ser usada en Estados Unidos en 1999, tiene como punto de partida el fracturamiento hidráulico, que consiste en la inyección, a muy alta presión, de ingentes cantidades agua mezclada con arena y químicos, que generan microfisuras en las rocas generadoras para permitir que el crudo (o el gas) ascienda a la superficie.

De forma vehemente el excontralor Edgardo Maya Villazón le solicitó al Gobierno Nacional en agosto del año pasado, antes de terminar su periodo, una moratoria en la aplicación del fracking al considerar que el país no contaba con la fortaleza institucional ni los estudios necesarios para implementarlo. Siete meses después, esta iniciativa vuelve a tomar fuerza tras la publicación de un estudio de 202 páginas en el que la Contraloría General de la República señala que el Estado no está preparado para establecer esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales.

El informe advierte, entre otras cosas, sobre las posibles consecuencias que traería el fracking a las fuentes de agua subterránea, al igual que la probable disminución del recurso hídrico superficial, los derrames o las fugas de fluidos que podrían producirse, los riesgos en el manejo y disposición de las aguas de producción, y los efectos colaterales que esta técnica generaría como, por ejemplo, el aumento de la sismicidad y la contaminación por cuenta del inadecuado manejo en el transporte, almacenamiento y uso de sustancias peligrosas (químicos, lodos, aceites, fluidos) empleados para fracturación hidráulica.

El actual presidente Iván Duque Márquez se comprometió en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, que si triunfaba en los comicios presidenciales no permitiría la implementación de esta técnica. “Tenemos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, señaló en ese momento el hoy Presidente Duque ante un grupo de académicos y estudiantes universitarios congregados en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

El pasado noviembre, tres meses después de asumir la Presidencia, Duque convocó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el fin de estudiar las posibles consecuencias que generaría la aplicación de la técnica del fracking en el país. La misión de esta comisión, integrada por trece académicos de diversas disciplinas que van desde la biología, pasando por el derecho, la filosofía, la economía hasta llegar a las ingenierías –civil, mecánica y de petróleos- y la resolución de conflictos interculturales, era discutir la viabilidad del fracking en el país, tras conversar con las comunidades de los territorios donde se proyecta realizar pilotos, evaluar los impactos de esta tecnología en otros países y revisar la normativa ambiental existente. Su informe final, que los expertos entregaron al Gobierno nacional este 15 de marzo, no dio vía libre al fracking en Colombia, pero determinó que sí es posible adelantar proyectos piloto integrales que permitan profundizar el conocimiento sobre la técnica, así como sobre sus verdaderos efectos.

Las voces en contra del fracking no demoraron en darse a conocer. Ante la Secretaría General del Consejo de Estado fueron radicadas el 24 de abril las primeras cinco intervenciones de organizaciones, las cuales apoyan la demanda de nulidad contra el marco regulatorio del fracking interpuesta en 2016 por el Grupo de Litigio e Interés Público, GLIP, de la Universidad del Norte.

Estas intervenciones se dan después de la suspensión de las normas que regulan el fracking ordenadas por el Consejo de Estado en noviembre de 2018, que en su momento concluyó que “la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana,” y que se debía “aplicar el principio de precaución, siempre que, aun cuando no existe certeza científica absoluta, haya pruebas mínimas de daños potenciales.”

Mientras el debate avanza en los escenarios de decisión política, en los territorios donde podrían llevarse a cabo estos proyectos la violencia arrecia contra quienes se oponen a esta técnica. En San Martín, un pueblo cercano a los 17 mil habitantes en el departamento del Cesar, unos cincuenta ciudadanos de muy distintos perfiles se unieron en abril 2016 para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), cuyo propósito fundamental es rechazar la realización de pruebas piloto de fracking en tierras sanmartinenses. Desde el mismo momento de su nacimiento, la organización ambientalista ha realizado talleres, foros, seminarios, marchas y jornadas de sensibilización contra esta técnica. Esto les ha costado señalamientos, estigmatizaciones, amenazas de muerte y atentados contra sus vidas.

Pese a las voces que se oponen a esta técnica de extracción, Ecopetrol anuncia que ya hay preparados proyectos para desarrollar. La empresa anuncia que hay 20 proyectos pilotos en tres zonas del país, con una inversión de 500 millones de dólares que, según sus directivas, prometen aumentar las reservas de gas y de petróleo hasta 20 años más.

El gobierno nacional ya está conciliando las diferencias que el fracking ha generado entre ambientalistas y la industria petrolera, y se estima que muy pronto tomará una decisión final.


Fuentes: SEMANA ‘Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking’; NOTICIAS CARACOL ‘Gobierno tendría lista decisión que daría vía libre al fracking en Colombia’; VERDAD ABIERTA ‘El fracturamiento social que ya está generando el fracking’; ALIANZA COLOMBIA LIBRE DE FRACKING ‘Organizaciones solicitan al Consejo de Estado mantener la suspensión del fracking en Colombia’.

Varios

El uranio parece que puede estar en gran proporción en California, Santander

En su columna en el sitío periodístico Vanguardia, el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana alerta que la sociedad santandereana debe conocer otros estudios practicados sobre la posible existencia de uranio en la zona minera de Minesa en California, Santurbán. Una mina de uranio es rentable con cantidades entre 1.000 y 2.000 gramos por tonelada. En su estudio, Minesa solo menciona 49 gramos por tonelada. Sin embargo, un estudio de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) expresa que la zona de California presenta Óxido de uranio en proporciones de 500 y 20.000 gramos por tonelada. Esos desechos radioactivos deben cumplir con la resolución del Minminas que textualmente expresa” los desechos radioactivos debe disponerse en zonas sísmicamente estables y a cientos de metros de profundidad”. Nada de esto tiene en su estudio de impacto ambiental MINESA. Consideramos que esta es una razón más que suficiente para negar en forma inmediata cualquier pretensión de cualquier compañía, por explotar a cualquier nivel nuestros páramos.


Fuente: VANGUARDIA ‘Uranio parece que puede estar en gran proporción en california’.

 

Incendio en Berlín, Santander, arrasa con cerca de 400 hectáreas donde había frailejones

Fredy Vanegas Lizcano, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tona, explicó que el incendio arrasó con una capa importante de vegetación y advirtió que “es incalculable la cantidad de frailejones que se perdieron”.

Este incendio es el tercero que ocurre en el páramo de Berlín en lo que lleva de año. Fredy Vanegas afirma que la principal hipótesis apunta a que ha ocurrido a manos criminales. “Al parecer hay gente que indiscriminadamente prende fuego. En otro sector también hubo fuego, pero gracias a Dios no avanzó. Todo parece indicar que se trata de personas sin escrúpulos”.

El teniente del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta Rafael Herrera también considera probable que este incendio fuese generado por personas. “Los incendios en el área rural con frecuencia son provocados para ampliar el sector agrícola. En un 99% los incendios forestales son provocados, por diferentes motivaciones, como los campesinos que buscan extender potreros o cultivos”.


Fuente: VANGUARDIA ‘Cerca de 400 hectáreas donde había frailejones se quemaron tras incendio en Berlín, Santander’

 

Las ciénagas del río Magdalena amenazadas por la contaminación del agua

La población de los peces disminuye, hay muestras de aceite crudo, se determina un suelo desajustado por la alta cantidad de lodo o aguas que contienen trazas de químicos derivados como mercurio y cianuro. Las cienagas del río Magdalena están pasando por épocas duras. Los pescadores que dependen de la vida debajo de la superficie se preocupan por la situación en la que se encuentran sus aguas. El rendimiento del trabajo se redujo de manera alarmante. Según los pescadores de la ciénaga de San Silvestre, en Barrancabermeja, no solamente se puede acusar el agua risidual como culpable, sino tambien la contaminación por parte de empresas que tienen sus fabricas y plantas de tratamiento en el entorno. “Ellos emiten parte de sus residuos en los arroyos y canales que tienen salida a la ciénaga”, dice Luis Alberto González, guardián de la ciénaga de San Silvestre.


Fuente: NOTICIAS CARACOL ‘Vertimientos de Aguas de Barrancabermeja tienen en peligro a la ciénaga de San Silvestre’.

 

Comunidades y organizaciones detienen la construcción de una hidroeléctrica en el Oriente Antioqueño

Comunidades y organizaciones ambientales del Oriente Antioqueño lograron detener el proyecto hidroeléctrico Porvenir II, que pretendía construir un muro de 140 metros, alterando el flujo del río Samaná Norte. El proyecto liderado por Celsia, empresa filiar del Grupo Argos, inundaría más de 1.000 hectáreas, poniendo en peligro especies de flora endémicas y afectando aún más a las víctimas del conflicto armado, provocando desplazamientos y desarraigos.

“Desde el 2010 hemos desarrollado una lucha intensa por la preservación del río Samaná Norte como fuente natural y ecosistema no intervenido por obras civiles. Creemos que Celsia ha desistido de construir Provenir II por la férrea oposición que las comunidades y organizaciones ambientales, tanto de la región como del departamento y el país, han mostrado. Nos hemos pronunciado y movilizado repetidamente exigiendo la conservación de Samaná Norte”, expresó Carlos Olaya, integrante del Movimiento Social Por la Vida y la Defensa del Territorio, MOVETE.


Fuente: COLOMBIA INFORMA ‘Comunidades y organizaciones detienen construcción de hidroeléctrica en el Oriente Antioqueño’.

Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio

Carnavales por el agua: la jornada nacional de movilización por los derechos humanos y contra el extractivismo

El próximo 7 de junio el país se movilizará contra la minería contaminante, el fracking y exigiendo la protección a las organizaciones, lideresas y líderes sociales y ambientales amenazados por exigir la construcción de la paz con justicia social y ambiental.

Se consolida así un movimiento de carácter nacional que tiene el propósito de defender todas las formas de vida, el derecho colectivo al ambiente sano, la salud de nuestra niñez y familias, amenazados por la política mineroenergética impulsada por gobierno nacional y las multinacionales extractivistas.

La Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio es una propuesta de movilización no violenta promovida por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Desde 2011 los ciudadanos se manifiestan cada año en junio de manera pacífica, alegre y colorida exigiendo al estado garantizar sus derechos constitucionales.

Fotografía tomada por Hernando Bazurto

Esta protesta se ha convertido en símbolo de resistencia al extractivismo en América Latina y cada vez más personas en diferentes regiones del país se movilizan. Este año el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, las dos plataformas ambientalistas más grandes del país, se articularon.

Es por esto que, para 2019 se espera que haya movilizaciones en más de 100 municipios, de los cuales ya se tiene confirmada la participación de Ibagué, Espinal, Líbano, Saldaña, Roncesvalles, Bogotá DC, Tunja, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Barrancabermeja, El Carmen, San Vicente y Sabana de Torres, Armenia, Pereira, Valledupar, San Martín, Florencia, Albania, Cúcuta, Támesis, Medellín, San Bernardo, Viotá, Cali, Santa Rosa, La Plata, Pitalito, Granada y Manizales.

Fotografía tomada por Hernando Bazurto

También se reportó, hasta el momento, una movilización internacional que tendrá lugar en Argentina, donde la organización Asambleas por el Agua Pura de Mendoza está organizando una acción artística, en solidaridad con los movimientos ambientalistas en Colombia.

Hemos marchado y seguiremos movilizándonos de manera festiva y pacífica por la defensa de nuestros bienes más sagrados: la vida, el agua, la soberanía, el derecho a la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre los territorios que habita.

Por Valentina Camacho

Fotografía tomada por Camilo Toro

7 de Junio

2:00 PM

SENA

Ibagué y por todo el país

Apoyo internacional:

Costa Rica el 5 de junio.

México el 9 de junio.

Mines & Territory, Marzo 2019

REVISTA MENSUAL SOBRE TEMAS EXTRACTIVISTAS EN COLOMBIA

EDICIÓN 03
Marzo 2019

Colección resumen, traducción y edición por Mattijs Vanden Bussche, Sam Packet, Karlijn Van den Broeck y Dayana Corzo

Descarga Mines & Territory, Marzo 2019 en español aquí.

MINES & TERRITORY

Marzo 2019

Las noticias vienen y van. Con las redes sociales como el medio principal de las organizaciones Colombianas de la sociedad civil para que sus historias sean escuchadas, una historia puede hacerse viral un día y perderse en la información masiva al siguiente. Mines & Territory tiene como objetivo registrar y compartir estas historias durante más tiempo que solo un hilo viral. Mines & Territory recopila los eventos más notables que se han producido el mes pasado en relación con asuntos extractivistas en Colombia y los resume en español y en inglés para que la información sea accesible para cualquier persona interesada y para que se cree conciencia internacional sobre las realidades eco-socio actuales en Colombia.

Organizaciones piden intervención de la ONU para proteger el páramo de Santurbán amenazado por proyectos mineros

Varias organizaciones de la sociedad civil Colombiana enviaron una carta a Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre los derechos al agua potable y el saneamiento en Colombia. Informan al Relator de que estos derechos fundamentales están en riesgo por los proyectos mineros dentro o cerca del Páramo de Santurbán. Varias empresas mineras han intentado durante más de 15 años extraer oro del páramo, un ecosistema frágil y estratégico que proporciona agua a millones de personas en Colombia. Solicitan al Relator que prepare un informe específico sobre el caso, que visite el sitio y que levante la voz para instar al estado Colombiano de proteger el ecosistema y cumplir con sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua.


Fuente: AIDA AMERICAS ‘Organizaciones piden a la ONU intervenir en la protección del páramo de Santurbán, en riesgo por minería’ .

 

ANLA niega una apelación de licencia ambiental solicitada por multinacionales petroleras

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) denegó la apelación presentado por las empresas Conocophillips y Canacol Energy luego de que la licencia ambiental para los proyectos pilotos de fracking en el Valle Central del Magdalena se rechazó en noviembre del año pasado. ANLA argumentó que la información proporcionada es insuficiente para llevar a cabo una evaluación adecuada que garantice la protección del medio ambiente. La Alianza de Colombia Libre de Fracking celebra esta decisión ya que incorpora principios de precaución y reconoce las solicitudes de organizaciones de base en San Martín, Cesar que han advertido sobre el posible daño ambiental que estos proyectos podrían ocasionar.


Fuente: ENLACETELIVISION: ‘ANLA niega pilotos de fracking en el Magdalena Medio’.

 

Anglogold Ashanti para los planes para varias minas en Colombia y Argentina para enfocarse en las minas Quebradona y Gramalote

La empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti anunció en febrero que venderían su parte (95%) de la mina de oro y plata Cerro Vanguardia en Argentina. Harán lo mismo con una de sus sucursales en Colombia: Northern Colombia Holdings Limited. AGA dice que recibirán aproximadamente 4.6 millones de dólares y varios pagos adicionales por la venta de las parcelas (= concesiones mineras de oro -36.000 hectáreas- y derechos para obtener concesiones mineras -215.000 hectáreas) a Royal Road Minerals Limited.

En Argentina, AngloGold ya abandonó la mina Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz. Dejaron una herencia con sabor amargo, testifica la Asamblea Ambiental de Ciudadanos (AAC) de Río Gallegos: “La legislación permitió a las empresas mineras dejar los ‘pozos abiertos’ y sus respectivos vertederos sin cubrir, en estado de explotación, dejando un suelo pobre con un volumen desconocido de acuíferos contaminados. Los costos sociales y ambientales terminan mucho más altos que los
beneficios que esta mina trajo a la región. Ni el aspecto social ni los empleados han sido una prioridad. De repente, han abandonado aprox. 1.000 trabajadores sin ingresos. En Santa Cruz, AGA nunca permitió un desarrollo sostenible que beneficie a la población.”

“Solo ha habido pocas inversiones en comparación con la alta rentabilidad que los recursos explotados les proporcionaron”. Dushnisky, el Presidente de AngloGold Ashanti, dice que tienen otras oportunidades en las que prefieren invertir. AGA se  enfocará entonces en dos proyectos clave en Colombia: la mina de cobre Quebradona en Jericó y la mina de oro Gramalote en San Roque, ambas en el departamento de Antioquia. Felipe Márquez, presidente de la AGA en el país, explica: “Las inversiones de la empresa minera para 2019 en Gramalote serían de aproximadamente 10 millones de dólares. En Quebradona cerca de 55 millones de dólares. En Gramalote hemos completado la etapa de exploración y todas las actividades técnicas necesarias para
avanzar a las fases de construcción y montaje. En Quebradona estamos finalizando los estudios técnicos de la etapa de exploración, por lo que nuestra idea es presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con la idea de pasar a la fase de construcción y montaje en 2020. El Plan de Producción y Desempeño nos permitirá empezar a extraer cobre entre 2022 y 2024.” (Este anuncio se publicó semanas después de que el tribunal de Antioquia autorizara a la empresa minera a realizar actividades en el municipio de Jericó, Antioquia). El tribunal canceló la medida preventiva que había introducido José Andrés Pérez, alcalde de Jericó, que impedía que la empresa continuara con cualquier actividad minera en el municipio para proteger el patrimonio ecológico y cultural. (Ver articulo. ‘Jericó está esperando una luz verde definida para poder detener la minería en su municipio’).


Fuentes: ‘PORTFOLIO ‘AngloGold continúa estudio de factibilidad para proyecto en el país’; EL ESPECTADOR ‘Minera Anglogold Ashanti venderá parte de sus proyectos’; LAREPUBLICA ‘AngloGold empezará a extraer cobre en 2022’; OPI SANTA CRUZ ‘ AngloGold Ashanti abandonó el yacimiento Cerro Vanguardia’; VALORA ‘Minera Anglogold Ashanti vende parte de su cartera en Colombia.

 

La Universidad de Antioquia reimplementa el curso que había sido suspendido, financiado por AngloGold Ashanti

La Universidad de Antioquia reanudó un curso financiado por la multinacional minera AngloGold Ashanti en Jericó a pesar de que la institución educativa se había comprometido a suspender el programa. La comunidad de Jericó expresó su oposición al curso porque, según ellos, sería parte de una campaña de publicidad a favor del desarrollo de ‘La Quebradona’, un proyecto de minería de metales en el municipio. El curso tiene como objetivo capacitar a líderes sociales en temas de desarrollo, autogestión y sostenibilidad. El comité ambiental de Jericó espera que la universidad suspenda el curso una vez más. “Esperamos que la rectoría entienda que no queremos este curso aquí en Jericó, que rechazamos las actividades de la empresa minera y que exigimos que la universidad pública cumpla un rol social, tomando el lado de las comunidades y ayudandolas a proteger el medio ambiente”, explica José Fernando Jaramillo, miembro del comité.

Como respuesta a las críticas, la Universidad argumenta que el acuerdo garantiza que preservarán su autonomía en la elaboración del contenido. Sin embargo, Jaramillo indica que con esta iniciativa, AngloGold Ashanti realmente está buscando lavar su reputación frente a las comunidades.


Fuente: CONTAGIORADIO: ‘Anglogold Ashanti pretende lavar imagen de diplomado U de Antioquia’.

 

Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada declaran emergencia ambiental en la región

Desde finales de febrero, la Sierra Nevada, una región montañosa en la costa del Caribe, ha sufrido 10 incendios forestales destructivos. El fuego destruyó unas 1.000 hectáreas del ecosistema. Además del daño ambiental, se han destruido casas, granjas, lugares sagrados, centros de salud y escuelas de los asentamientos indígenas. Debido al un verano largo, las olas de calor y los fuertes vientos, las comunidades indígenas temen por la seguridad de otras áreas de patrimonio cultural y natural en su territorio. La situación actual amenaza el equilibrio y la armonía de la tierra como fuente de vida, así como los patrimonios culturales de sus habitantes. Por lo tanto, las autoridades del Pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta declararon una emergencia ambiental y económica en el área e instaron a las autoridades nacionales y regionales a intervenir de inmediato y tomar las medidas necesarias de prevención y control.


Fuente: JUSTICIA AMBIENTAL COLOMBIA: ‘Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada se pronuncian frente a la crisis ambiental en el corazón del mundo.’

 

Jericó espera la luz verde definitiva para detener la minería en su municipio

A siete kilómetros al sureste del centro del pueblo de Jericó se encuentra el proyecto minero Quebradona, propiedad de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Jericó, un pequeño municipio de Antioquia con alrededor de 12 mil habitantes, encuentra su prosperidad principalmente en la agricultura. Por lo tanto, no sorprende que las comunidades de agricultores locales no hayan recibido con los brazos abiertos a la empresa minera. Durante los últimos dos años, las organizaciones de agricultores se movilizaron y realizaron campañas masivas contra la minería de metales en su municipio. Argumentan que esto no solo afectaría sus recursos naturales sino también los tejidos sociales en el pueblo. Temen que problemas como la pobreza, el crimen, la degradación social y el daño ambiental puedan acompañarlo. Afortunadamente, la gente de Jericó tiene una alcaldía que les respalda. El alcalde Jorge Pérez Hernández argumentó que la mina tendría efectos devastadores ya que el
100% de las fuentes de agua de Jericó provienen del área donde estaría la mina.

En 2017, el tribunal administrativo de Antioquia rechazó un primer intento de prohibir la minería a través de un acuerdo municipal, argumentando que el concejo no era la autoridad competente para prohibir la minería en el municipio. El acuerdo se basó en la sección 9 del artículo 313 de la Constitución, que establece el derecho de los consejos municipales a tomar medidas para “establecer las normas necesarias para garantizar el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.”

Uno de los argumentos a favor de las operaciones mineras es que el “subsuelo pertenece a la nación”, y por lo tanto, el gobierno nacional es la única autoridad que puede decidir sobre asuntos mineros. Sin embargo, un estudio de los artículos 332 y 334 de la Constitución y la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) establece que “la Constitución no atribuyó la propiedad del subsuelo a la Nación sino al Estado”, lo que significa que la propiedad del subsuelo pertenece a todas las autoridades estatales: locales, regionales y nacionales.

Un segundo acuerdo municipal, aplicado por el alcalde a fines de 2018, aún no ha sido invalidado ni aprobado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mientras tanto, el trabajo de la empresa ha sido (supuestamente) suspendido. Fernando Jaramillo, líder de la mesa ambiental de Jericó, dice que es bastante difícil para el Tribunal tomar una decisión, ya que el Consejo de Estado aprobó un acuerdo municipal similar en el municipio de Urrao, también en el suroeste de Antioquia, donde las actividades mineras están prohibidas para proteger el patrimonio ecológico.

La decisión contradictoria entre el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional no simplifica la lucha de los municipios. Mientras que el primero protege la competencia de las entidades territoriales para prohibir la minería en sus territorios y la validez de las consultas populares como un mecanismo para la participación ciudadana, la Corte Constitucional reforzó la idea de que la capacidad de las consultas municipales es limitada, especialmente cuando se habla del subsuelo y de la explotación de recursos naturales no renovables, cuya titularidad es nacional. Jaramillo agrega que, al final, el peor daño que la empresa ha generado hasta ahora es una polarización de la población, lo que resultó en un conflicto entre quienes apoyan a la empresa y quienes se oponen a sus actividades.


Fuente: SEMANARURAL: ‘Jericó espera una luz verde definitiva que detenga la minería’.

 

Las comunidades se resisten a la construcción de presas en Quindío y Antioquia

En Pijao, Quindío, una comunidad de agricultores dio la voz de alarma después de que los exploradores ingresaran sin previo aviso a su territorio para tomar medidas de un pequeño arroyo. Dijeron que estaban tomando medidas para la construcción de una pequeña represa hidroeléctrica y explicaron que el área es supuestamente “propiedad del municipio de Pijao”. El alcalde aclaró que la represa ya existía desde 1930, y logró generar energía para el municipio, explicando que un avalanche había
borrado la antigua represa. El diputado Jorge Hernán Gutiérrez, del Partido Liberal, propuso un debate en el que las autoridades locales, departamentales y ambientales deberán informar y estar atentos a lo que el gobierno nacional pretende hacer en el territorio. “Y si bien es cierto que hay decretos de orden nacional que podrían forzar la instalación de la presa, también hay reglas constitucionales que protegen nuestros derechos y compensaciones por el daño ambiental que nuestro territorio podría sufrir”.

En el este de Antioquia, varias marchas de protesta contra la construcción de represas tuvieron lugar el 14 de marzo, día internacional de acción contra las represas hidroeléctricas. “En varios municipios del departamento, como Cocorná, con tres
plantas hidroeléctricas de tamaño mediano, las actividades campesinas y los manantiales de agua sufren mucho debido a la regulación artificial de los ríos naturales”, según Carlos Olaya, defensor del medio ambiente.


Fuentes: CRÓNICA DEL QUINDÍO: ‘Hidroeléctrica en Pijao no es nueva, existía desde 1930’; MI ORIENTE: ‘Municipios del Oriente dijeron “no más hidroeléctricas”.’

 

Gachantiva prohibe la minería

Gachantiva, un pequeño pueblo en la provincia de Boyacá, logra el éxito en la prohibición de la minería a través de un acuerdo municipal. El gobierno intentó evitar durante 5 años que los habitantes organizaran una Consulta Popular. La minería pondría en riesgo los recursos ambientales y la provisión de agua de la región.


Fuente: RCN RADIO: ‘Concejo de Gachantiva Boyaca aporobó proyecto que prohibe la minería.’

 

12 de marzo, marcha “para la vida y el agua” en Cauca

A principios de marzo, la duodécima marcha “Para la vida y el Agua” se llevó a cabo en Cauca. Los 350 manifestantes pretenden rechazar la minería en la región y el daño que causa al medio ambiente, a la fauna y al suministro de agua. Además, se quejaron de la falta de disposiciones estatales para enfrentar los desafíos rurales en la región. Dijeron a las multinacionales Carboandes y Miranda Gold que tienen un mes para abandonar la Cordillera Maciza.


Fuente: NOTIVISION: ‘Se realizó la XII Marcha por la Vida y Por el Agua en Cauca’.

 

Tribunal decide que el gobierno colombiano tiene que encontrar un sustituto para  el asbesto

Una sentencia del Tribunal 39 Administrativo de Bogotá ordenó al Gobierno de reemplazar este mineral con sustancias menos dañinas, en un plazo de cinco años. De acuerdo con la información proporcionada por la oficina del legislador, entre 2010 y 2014, el Instituto Nacional de Cancerología registró 1.744 muertes por cáncer de pulmón causado por asbesto, y en los últimos cinco años la batalla contra la enfermedad causó la pérdida de otros 285 colombianos afectados por mesotelioma.

El uso del asbesto ha sido prohibido en más de 50 países de todo el mundo, incluída la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud, el material que se usa para hacer baldosas, tuberías, cenizas para automóviles e incluso uniformes conlleva enormes riesgos para la salud. La sentencia es apoyada por la mayoría de las autoridades políticas interesadas en el problema. Aunque en algunas partes del país las reacciones son menos entusiastas. En Campamento, norte de Antioquia, las
personas aún dependen de la mina activa de asbestos que proporciona la mayoría de los trabajos. La mayoría de sus ciudadanos están convencidos de que el material no causó ningún problema de salud en la ciudad durante las últimas décadas. El gobernador de Antioquia anunció que se establecería un plan social para prevenir los efectos negativos de la pérdida de esta mina, que funciona como fuente de ingresos para el pueblo.


Fuentes: EL TIEMPO ‘Campamento, el pueblo que se niega a renunciar al asbesto’; EL NUEVO SIGLO ‘Greenpeace insiste en que Congreso prohíba el asbesto’.

 

27 congresistas piden al presidente Duque que prohiba el fracking en Colombia

Un grupo de 27 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la Alianza Verde, envió una carta al presidente Iván Duque pidiéndole que prohibiera el uso del fracking para la extracción de petróleo. Lo confrontaron con las promesas que hizo durante su campaña presidencial. “Uno de sus compromisos fue que no habría más Fracking en Colombia, una decisión que
expresó en centros académicos y comunitarios y en la prensa, un compromiso que justificó porque los riesgos de desarrollar estas actividades fueran muy altos en términos sociales, cuestiones geológicas y medioambientales”, señala la carta.

Los congresistas condenan las intenciones en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente publicado, que apunta a una expansión de la industria petrolera y minera y la dependencia de la industria de los combustibles fósiles. Alientan al presidente a prohibir el fracking, ya que “es una decisión responsable”, y le piden que “cumpla su palabra y esté en armonía con las preocupaciones de los colombianos, especialmente aquellos que se verían directamente afectados por las posibles consecuencias de este tipo de proyectos.”

Ecopetrol, una de las compañías petroleras más grandes del país, reveló en febrero sus nuevas estrategias de mercado para el período 2019-2021, donde el fracking es una opción para fortalecer sus reservas.


Fuente: RCN RADIO ‘Nuevo llamado de congresistas a Duque para prohibir el fracking’.

 

Minda indígena: comunidades indígenas bloquean la Panamericana y demandan la visita del Presidente Duque para garantizar sus derechos

Los pueblos indígenas en el suroeste de Colombia se han movilizado en las carreteras para exigir una reunión con el presidente Iván Duque por el hecho de que su gobierno no haya implementado acuerdos ni respetado los derechos de tierras indígenas.

Los grupos indígenas en el suroeste de Colombia han movilizado desde el 10 de marzo protestas masivas, conocidas como “minga”, para exigir una reunión con el presidente Iván Duque sobre el hecho de que su gobierno no haya implementado los acuerdos alcanzados durante el histórico acuerdo de paz 2016 de la administración anterior y ni ha reconocido los derechos comunitarios sobre la tierra. Los líderes de la protesta estiman que había 20.000 personas involucradas en la movilización masiva a partir del 27 de marzo, incluidas comunidades afrocolombianas e indígenas, estudiantes y asociaciones de campesinos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció la represión contra la minga por parte del Escuadrón
Móvil Antidisturbios de la policía, conocido como ESMAD. “Este es un ataque contra todo el proceso de diálogo que ha existido hasta hoy dentro de la minga. Es un ataque contra la seguridad y la vida de cada persona en el campamento y las áreas circundantes”, dijo el CRIC.

Nelson Lemus, un miembro del CRIC, dijo que los manifestantes querían que Duque se reuniera con la organización indígena en el departamento de Cauca, algo que no se ha hecho desde que asumió el cargo en 2018, dijo CRIC en un comunicado de prensa. “Exigimos que el gobierno respete los derechos de las minorías indígenas y afrodescendientes para conservar nuestro territorio, proteger nuestras aguas y fortalecer nuestras economías indígenas”, dijo Lemus. “Nuestro primer objetivo político
es que el presidente venga a territorio indígena para tener una reunión cara a cara con nosotros”.

Los manifestantes han bloqueado la carretera panamericana que conecta Colombia con Ecuador, y Duque se ha negado a viajar a Cauca para reunirse con organizaciones indígenas a menos que se levante el bloqueo. “Deberíamos poder llegar a un acuerdo a través de un marco legal”, Duque dijo en un discurso público al país el 28 de marzo. CRIC criticó la declaración del presidente, diciendo que su representación de la minga como ilegal socava su derecho a protestar y levanta el temor a la violencia a manos del gobierno y grupos paramilitares de derecha.

El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negrete, pidió al presidente que se siente con los manifestantes indígenas para poner fin a los obstáculos, que se considera que tienen un impacto negativo en la economía de la nación. El transporte de
suministros básicos de alimentos y gasolina ha afectado a las regiones del sur del país, y la Cruz Roja Colombiana ha activado una caravana humanitaria para proporcionar suministros médicos y asistencia a las comunidades afectadas en el Cauca.

Las demandas de las minorías étnicas participantes son: la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado por el gobierno; la protección de los líderes comunitarios contra los asesinatos selectivos; y la garantía de consulta previa (consulta previa) para proyectos extractivos o agroindustriales que afecten al territorio indígena. También exigen su apropiación total de 400 kilómetros cuadrados de tierra que el ex presidente Juan Manuel Santos prometió a los indígenas en el Cauca, ya que solo 14 kilómetros cuadrados han sido entregados hasta la fecha. CRIC dice que la tierra debería dividirse entre 126 reservas en el departamento.

El CRIC también declaró su oposición a la exploración petrolera en forma o fracking, que se inició en tres ubicaciones piloto en el valle del río Magdalena. Cinco empresas, entre ellas ExxonMobil, ConocoPhillips y Ecopetrol, de propiedad estatal, buscan operar los seis bloques de fracking propuestos.

“No estamos de acuerdo con las prácticas de fracking”, dijo Lemus. “Este gobierno ha aprobado el fracking, la destrucción del Amazonas y otros delitos ambientales que solo sirven para aumentar la riqueza de una minoría corrupta y corporaciones
multinacionales. Nuestros territorios son violados sistemáticamente por este gobierno en deuda con un proyecto de muerte capitalista “.

El 22 de marzo, una explosión en un territorio indígena remoto en el departamento de Valle del Cauca mató a nueve manifestantes indígenas. Antes de iniciar una investigación, el gobierno afirmó que las muertes fueron causadas por un accidente. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, le dijo a El Tiempo que los artefactos explosivos fueron introducidos en el territorio por un manifestante indígena, probablemente para generar un ataque. Esa es la hipótesis más probable en consideración de que están cerca de la carretera Buga-Buenaventura”. La Organización Nacional Indígena de Colombia rechazó la idea de que los indígenas fueron responsables de la explosión, calificando al incidente de una masacre liderada por paramilitares. “Los indígenas son personas de paz, no terroristas”, dijo la ONIC en una declaración pública.


Fuente: MONGABAY: ‘Indigenous leaders decry Colombia’s deadly crackdown on land protesters’.

 

Día Mundial del Agua

El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. En varias partes de Colombia, la gente tomó las calles para exigir atención por el uso irresponsable de los recursos hídricos. En Bucaramanga, los ciudadanos abogaron por la protección del páramo de
Santurbán, un ecosistema frágil y estratégico que proporciona agua a millones de personas en y alrededor de la ciudad, y que actualmente está amenazado por la minería. Una protesta similar ocurrió en la ciudad cercana de Barrancabermeja, donde la gente también criticó la mala gestión del agua y la forma en que las autoridades están dispuestas a privatizar los recursos hídricos.

En Medellín, la asociación ambiental “Rios Vivos” organizó un “Encuentro por la liberación del río Cauca”. Con música, canciones para el agua, discursos y debates, intentaron reclamar justicia por el desastre ambiental que fue causado al segundo río más grande de Colombia por la represa Hidroituango que cortó la corriente del río durante casi tres días en febrero.

Mientras tanto, las empresas mineras como Minesa buscan aprovechar este día simbólico mediante la publicación de videos publicitarios que tienen como objetivo mostrar una empresa preocupada por la conservación y el suministro de agua. En una entrevista de prensa, el presidente de Minesa, Santiago Ángel, condena la “estigmatización” de la minería, que siempre es perjudicial para un suministro de agua potable. Argumenta que su compañía es consciente de la importancia del agua en los territorios mineros y que hasta el momento completaron más de 60 mil horas de estudios técnicos para garantizar la protección de los recursos hídricos. En su publicidad, las empresas utilizan frases creadas por organizaciones de base como ‘El Agua es Vida’.

En el Día Mundial del Agua, Sí a la Vida No a la Minería y sus socios lanzaron su kit en línea ‘El agua es Vida: un juego de herramientas’. La página que YLNM diseñó es un resumen del ciclo del agua que circula dentro del ecosistema, la importancia del agua para la vida humana y la de otras especies en el planeta y las amenazas a los recursos hídricos por las actividades mineras y petroleras. Además, la plataforma ofrece un conjunto de herramientas con principios básicos que las comunidades pueden implementar para proteger su territorio de la minería destructiva.


Fuentes: TWITTER: ‘Tweet Minesa Colombia 21 March 2019’; TWITTER: ‘Tweet Movimiento Rios Vivos 19th of March 2019”; YLNM: ‘How mining disrupts the water cycle’; VANGUARDIA: ‘Realizan plantón para exigir protección del agua en Santander’; CARACOL: ‘Trabajadores de Minesa consumirán agua que usen’.

MARCHA POR SANTURBÁN

El Páramo de Santurbán, ecosistema estratégico para la generación de agua en Santander, Colombia, ha estado en el ojo de las multinacionales con intenciones de explotación por su riqueza en minerales.

Desde hace aproximadamente 10 años la población de Bucaramanga ha permanecido en continua movilización oponiéndose a la amenaza que genera la posibilidad de hacer megaminería metros arriba de donde se captan las aguas para el consumo humano de más de 2.500.000 habitantes de los Santanderes.

La agricultura y la ganadería son las otras actividades que desarrollan la poblaciones que habitan el páramo, que con una adecuada formación en buenas prácticas para con el planeta y la delicadeza del ecosistema podrán seguir desarrollando estas actividades ellos y las futuras generaciones.

Fotografía tomada por Dayana Corzo Joya

 

La amenaza

El proyecto polimetálico auroargentífero SOTONORTE emprendiendo por la empresa MINESA SAS de la filial MUBADALA Development Company, pretende extraer más de 11 millones de onzas de oro y con éstas los demás minerales que están al rededor de la roca que no será transformada en territorio Colombiano.

Fotografía tomada por Jorge William Sánchez Latorre

 

Uno de los polígonos de la huella del proyecto se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del área que delimitó el Ministerio de Ambiente como área de Páramo y en la cual se prohíben actividades mineras, de agricultura o ganadería.

La población santandereana se opone al proyecto e invita a toda la comunidad a salir a las calles en la ciudad de los parques.

10 MAYO
2:00 PM

PUERTA DEL SOL

BUCARAMANGA

BOGOTÁ D.C. FRENTE AL ANLA
12 DEL MEDIO DÍA

Apéndice: AMÉRICA LATINA

Sección adicional de Mines&Territory sobre eventos que sucedieron en otros países latinoamericanos en relación con el extractivismo.

México

El presidente mexicano, López Obrador, cancela un gran proyecto minero en el departamento de “Bajo California Sur” y anuncia que es hora de proteger la naturaleza y él paraíso que México posee, en lugar de destruirlo. Sus principales motivos son el turismo y la protección del agua.


Fuente: LAJORNADA: Cancela AMLO mina de oro Los Cardones en BCS.

 

Perú

El tercer circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en Washington reinterpretó el caso de Máxima Acuña y su familia contra Newmont Mining Company. La familia Peruana demandó a Newmont en los Estados Unidos por los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad contratadas por Newmont Mining. En primera instancia, el caso fue rechazado, argumentando que debía ser juzgado en Perú, pero ahora el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión. Marissa Vahlsing, abogada de EarthRights International, que representa a Máxima y a su familia, dice que Newmont sabe mejor que nadie que la familia no tendrá un juicio justo en Perú y que los tribunales locales no han garantizado los derechos de la familia. Newmont insiste en enviar el caso a Perú.

Máxima Acuña lleva años luchando para defender sus derechos, su territorio y los de su comunidad. Sin embargo, Newmont está decidido a ignorar tales derechos y apropiarse de la tierra para construir una inmensa mina de oro a cielo abierto. Este proyecto minero llamado Congo sería uno de los más grandes de América Latina.

Las fuerzas de seguridad contratadas por Newmont han acosado y maltratado sistemáticamente a Máxima y a toda la familia, destruyeron su casa y mataron a sus animales, todo para sacarlos de sus tierras y expandir sus operaciones mineras. Después de que las autoridades Peruanas no protegieran a la familia de estos abusos, la familia presentó una demanda contra la empresa minera en el Tribunal Federal de los EE.UU. en el 2017. Hoy parece que finalmente se escuchó su voz. La familia insta a Newmont a detener el abuso y exige reparaciones por el daño que han causado.


Fuente: PORLATIERRA: ‘Máxima Acuña y su familia ganan apelación en Estados Unidos contra gigante minera.’

 

Ecuador

Los ciudadanos de Girón, en Azuay, rechazaron el proyecto minero “Loma Larga” en la primera Consulta Popular vigente en Ecuador. Las organizaciones sociales y ambientalistas solicitaron que la consulta proteja el agua y los asentamientos de los pueblos indígenas. La Consulta Popular tuvo que determinar si las obras mineras en el Páramo de Quimsacocha podían o no podían continuar. La empresa canadiense INV Metals tiene la intención de extraer oro, plata y cobre en el páramo que contiene lagunas y fuentes de agua que suministran agua a la tercera ciudad más grande del país, Cuenca.

El resultado de la consulta vinculante amenazará las actividades de INV Metals, que posee la concesión más grande en ese área, que se espera que extraiga 2,6 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre en 12 años. La semana pasada, Candace MacGibbon, presidente de la empresa minera, dijo en un comunicado que continuarán avanzando hacia el desarrollo del proyecto. Ella dice que el área de Girón fue la ubicación designada de las instalaciones de procesamiento y relaves, pero la empresa se mudará a otras áreas si es necesario. El proyecto Loma Larga, por lo tanto, sigue siendo una amenaza para la región, fuera de Girón.

Esta primera Consulta Popular exitosa sentó un precedente en la lucha contra la minería en Ecuador. Candidato a la Prefectura de Azuay y activista en contra de la minería, Yaku Pérez, señaló que las asociaciones ambientales están planeando nuevas consultas en municipios cercanos, como San Fernando, Intag, Portete y Tarqui, para prohibir las empresas mineras por siempre de entrar la región. “Quimsacocha es el primer paso para llegar a un Azuay libre de minería metálica”, agregó Pérez. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez se opuso a la consulta. Teme que el resultado pueda restringir a las empresas invierten en el país y que la empresa canadiense, que ya ha gastado más de 100 millones de dólares en el proyecto, pueda recurrir a los tribunales internacionales para demandar a Ecuador por no garantizar sus inversiones.


Fuentes: ELTIEMPO: ‘Girón da su voto en la única consulta popular del país’; ELCOMERCIO: ‘El no se impuso con el 86, 79% en la consulta popular minera del cantón Girón, en Azuay’; ELDIARIO: ‘Primer referéndum vinculante en Ecuador para decidir entre medio ambiente y minería.’

 

Brasil

Tragedias de presas mineras en Brasil.

A finales de marzo, una represa minera que contenía arcilla y arena se derrumbó en el estado brasileño de Rondonia, estado fronterizo con Bolivia, y un poderoso derrame de agua y arena formó una tromba que derribó varios puentes y aisló a unas 300 personas, informó Fuentes oficiales. Las presas ubicadas en el municipio de Machadinho D’Oeste se desactivaron hace unos 30 años y solo contenían agua y arcilla, según la empresa MetalMig, responsable de las instalaciones.

Según los primeros informes, el colapso se debió a fuertes lluvias y no causó víctimas, pero reavivó el temor de Brasil por las grandes represas de las compañías mineras, ya que un desastre similar mató a al menos 483 personas en la ciudad de Brumadinho en el estado de Minas Gerais, en enero de este año, un arroyo de lodo tóxico devastó el área.

Con respecto al desastre de Brumadinho, el 20 de febrero, el tribunal brasileño ordenó a Vale SA, la compañía minera que construyó la represa de Brumadinho, a pagar un salario mínimo a cada persona afectada en la tragedia de Brumadinho durante 12 meses y 400 reales (108 dólares) para los 50.000 habitantes del lugar. Antes de la decisión judicial, se presentaron cinco reuniones previas entre el Movimiento de los Afectados por las Presas y (MAB) y Vale para coordinar las medidas de emergencia que la empresa iba a tomar para compensar a las víctimas de Brumadinho, pero la empresa se había negado a proporcionar subsidios económicos por los daños causados y solo ofreció “donaciones”.


Fuente: OCMAL: ‘Histórica decisión judicial a favor de los afectados por la tragedia’.

Living under risk – Copper, ICT and Human Rights in Chile

Living under risk

Copper, Information and Communication Technologies (ICT) and Human Rights in Chile

Catapa publicó junto con War on Want este informe (en inglés) sobre el cobre, las tecnologías de la información y de la comunicación y los derechos humanos en Chile. Puede leerlo aquí.

CHILE, COPPER & ICT

Chile is currently the largest copper producer in the world, holding 29% of the world reserves of the red metal. Copper represents a crucial portion of the Chilean economy and the copper industry -as will be shown in this report- is highly influential in national politics.

But the extent and intensity of copper extraction across Chile’s territory has precipitated negative impacts in the environment and on communities that resist extractivism.

Through the analysis of a case study, this report unveils the adverse socio-environmental impacts of copper extraction and discusses the role of the company, the national government and international actors in addressing the consequences brought by the copper mining industry.

Within this last group, this report highlights the role that ICTs –which represent 24% of the usage of copper (Comisión Chilena del Cobre, 2016a) – could play in the improvement of social, environmental and labour conditions at the local level.

 

The case study

Caimanes is a small agrarian town situated in northern Chile that has been at the centre of opposition to the Los Pelambres (hereinafter MLP or the Company) mining project, the fifth largest copper mine in the world. The community does not have political relations with national or local elites, and therefore, as will be seen, its opportunities for mobilisation have been mostly limited.

Yet, the local community reacted against the construction of El Mauro tailings dam –the largest in Latin America- identifying various negative socio-environmental impacts on issues of water, health and security. As will be detailed in this report, the capacity of the community to mobilise resources has varied across the 20 years of struggle. Through its history of resistance, the community has gone through different phases of mobilisation: from a period of direct action to a process of formalising its demands in a judicial lawsuit, which has marked the last 10 years of mobilisation.

This case also reveals a process of countermobilisation to the protest. Given the significant scale of the project, and its high
levels of associated investment, the mining project has been assiduously defended by the state and the Company, restricting the possibilities for social contention. As will be seen throughout the report, both the Company and the state have deployed direct techniques of repression such as forced displacement, the criminalisation of local leaders, and use of police forces to suppress protests. Additionally, the corporate-state nexus, has also used more sophisticated forms of counter-mobilisation such as using company-community interactions to divide the inhabitants of Caimanes, and diminishing their capacity to decide in formal spaces of community engagement.

By analysing the mechanisms that explain the rise of the Caimanes mobilisation and its main shifts, this report explores the
emergence of micro-dynamics of contention in territories that lack political opportunities and resources. Its insights allow us to understand episodes of protest in an unfavourable context for social contention; and how, despite this restrictive context, the community has been able to create opportunities, resources and solidarities at different stages of the conflict.

The report begins with a contextualisation of the political economy of copper in Chile, highlighting how it relates to consumption at a global scale, with a specific emphasis placed on the consumption of ICTs. It then generates a process-tracing analysis of the episodes of contention marked by two significant stages of protest: (i) a period during which the community aimed to, and were successful in receiving compensation from the company and (ii) a period during which the community sought to legally demonstrate the negative impacts of the project. This part of the report includes a discussion about the interlinked relationship of the community with a growing labour movement that has not yet been able to coordinate their demands with the socioenvironmental movement. The concluding section summarises these two periods of
protest highlighting the most important elements that have generated conflict in the last 20 years. It also shows how the global consumption of copper (especially from ICTs), the closed political opportunities at the national level, the process of countermobilisation by the Company and lack of networks have ended up dividing and isolating the community, diminishing its capacity to self-organise.