Dos intentos de la multinacional Greystar, uno de ellos de minería a cielo abierto y cuya solicitud de licencia ambiental fue denegada. Y el segundo, en el que la misma empresa cambió su nombre por el de ECO ORO y presentó un megaproyecto de minería subterránea en el mismo lugar donde había presentado la anterior solicitud.
La empresa se ha encontrado con la oposición de los ciudadanos. Su proyecto va en contra de los principios de protección del medio ambiente en la legislación colombiana, y en respuesta a la denegación de la solicitud de la empresa, ésta ha decidido demandar al Estado colombiano ante el CIADI (Banco Mundial) por más de 764 millones de dólares.
El tercer proyecto corresponde precisamente al de los Emiratos Árabes Unidos con su empresa MINESA, que pertenece a la filial del fondo soberano del Estado emiratí: MUBADALA. MINESA se ha encontrado con el mismo panorama que los anteriores inversionistas en Colombia: un pueblo que rechaza la explotación megaminera en Colombia y especialmente en las altas montañas de los ecosistemas estratégicos que abastecen de agua para el consumo humano del 80% de la población colombiana.
Así que en enero de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha decidido archivar esta solicitud de explotación polimetálica, pero la decisión va mucho más allá de una ecuación técnica de los expertos que consideran totalmente arriesgado e inviable un proyecto de esta envergadura en un ecosistema tan frágil como los Páramos en Colombia.
No se trata ‘sólo’ de los 9 millones de onzas de oro y otros metales que explotará el fondo del príncipe emiratí. La decisión es política. Los anteriores gobiernos colombianos (Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos) han realizado transacciones aparentemente ‘desinteresadas’ con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, las más recientes: una donación de 10 millones de dólares para la reactivación económica de Colombia o la exorbitante suma de 150 tabletas para ‘reducir la brecha digital’ en Colombia, un país con más de 50 millones de habitantes.
Las quejas de los ciudadanos también van más allá de la protección del ecosistema. Hasta el momento, existe un vacío normativo en cuanto a la delimitación de estos ecosistemas, y Santurbán específicamente no está delimitado. No está claro el alcance de los pasivos ambientales, ni se garantiza que el proyecto, por su robusta estructura, no se lleve por delante a las poblaciones que allí viven.
Las quejas de los ciudadanos también van más allá de la protección del ecosistema. Hasta el momento, existe un vacío normativo en cuanto a la delimitación de estos ecosistemas, y Santurbán específicamente no está delimitado. No está claro el alcance de los pasivos ambientales, ni se garantiza que el proyecto, por su robusta estructura, no sobrepase a las poblaciones que allí viven.
