Hacia una cadena de suministro de las TIC más justa

Misión de investigación y reconocimiento en Oruro, Bolivia. En relación con el proyecto «Make ICT Fair» (Hagamos las TIC Justas)

Informe ejecutivo también diponible en Inglés, Neerlandés y Francés.

Informe ejecutivo

Debido a la escasez de literatura dedicada a las cadenas de suministro de metales al margen aquella sobre su comercio, la investigación de CATAPA acerca de la minería polimetálica en Bolivia ha tenido por objeto revelar los actores y procesos subnacionales, nacionales y transnacionales involucrados en la actividad minera. Se ha realizado una investigación de campo en el departamento de Oruro (Bolivia). Los resultados de esta investigación proporcionan elementos para evaluar las implicaciones locales de la industria global de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto ha ayudado a crear una definición específica acerca de lo que « Making ICT Fair » (Hagamos las TIC Justas) podría significar en cada una de las fases de la cadena de suministro, elaborando un marco en el que se determinan cuáles son los problemas laborales, comunitarios, medioambientales y legales involucrados en el contexto objetivo.

En Oruro (Bolivia), la cadena de suministro de estaño, plata, plomo y zinc – metales necesarios para la fabricación, entre otras cosas, de los dispositivos producidos por la industria electrónica – engloba a múltiples actores. Antes de la exportación, los minerales son extraídos aquí principalmente por cooperativas mineras (junto con minas estatales y minas privadas a pequeña y gran escala), y vendidas a empresas comercializadoras locales, que a su vez se convierten en los primeros proveedores de estos metales en la cadena de suministro internacional. Después, los minerales de la mena extraída son concentrados. El estaño es fundido por una de las dos fundiciones industriales ubicadas en Oruro para luego ser exportado, en forma de lingote, principalmente a los EE.UU. y los Países Bajos.  Los concentrados de plata, plomo y zinc son directamente exportados a plantas metalúrgicas de Asia (Corea del Sur, China y Japón) y Europa (Bélgica, Países Bajos y España).

Las investigaciones fueron realizadas desde la fase de extracción, procesamiento y fundición, hasta la exportación. Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de seis cooperativas mineras, algunos proveedores locales, la fundidora estatal y los principales comercializadores internacionales activos en la zona. Esta investigación ha mostrado cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de estándares de calidad obligatorios con criterios sociales y medioambientales, los cuales podrían ser aplicados en las etapas adecuadas a las empresas al momento de realizar la compra de estos metales. También se ha mostrado la ausencia de criterios de trazabilidad que permitan enlazar los diferentes actores y así posibilitar una «responsabilidad social» por parte de los compradores respecto a los actores locales.

Pintura mural en las paredes de una antigua fundición de estaño en Oruro (Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Evaluando las implicaciones de la minería en Oruro:

La misión de reconocimiento tuvo por objeto la obtención de datos acerca de los impactos producidos por la minería en las distintas fases de la cadena de suministro. 

 

Condiciones de salud y seguridad precarias en las minas

La singularidad de Oruro viene determinada por el importante papel que juegan las cooperativas de pequeña escala en la economía minera local de Bolivia, ya que esta forma de minería involucra a gran parte de los trabajadores de la región. Estas cooperativas son de hecho un sistema de «auto explotación», ya que no tienen un contacto directo con las compañías que compran sus minerales. Si el marco cooperativista implica cierta libertad para los trabajadores (quienes se supone que son socios cooperativistas), éste también conlleva que las operaciones se realicen de forma muy tradicional. Por ejemplo, el trabajo manual sigue siendo predominante a pesar del incremento de la mecanización llevada a cabo en la última década.

En la etapa de extracción, los trabajadores cooperativistas sufren condiciones de salud y seguridad irresponsables, destacando el limitado número de respiradores disponibles, lo que supone la aparición de numerosos casos de silicosis (también conocida como “enfermedad de mina”, causada por el polvo de sílice en los pulmones).

Los cooperativistas trabajando en los procesos de concentración del mineral se ven afectados por el uso incontrolado de sustancias tóxicas como el xantato, el cianuro y el queroseno, que causan directamente irritación de ojos y efectos a largo plazo en el sistema nervioso y en los órganos internos. El contacto directo con ácidos y metales pesados, así como una exposición excesiva al sol y al polvo, causan trastornos de salud y enfermedades cutáneas.

Otro de los problemas principales en las actividades mineras locales es la falta de una planificación a largo plazo. Debido a que los mineros expanden de las sub galerías, la falta de información disponible puede llevar a la aparición de situaciones de peligro como el acceso a áreas que previamente habían sido designadas como zonas prohibidas. 

Contenedor minero para carga junto a la entrada de la mina de Morococala (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Poniendo en peligro la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los ecosistemas

A pesar de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» existentes en Bolivia y del requisito, para la mayoría de los casos, de tener que obtener una licencia ambiental previa a la extracción mineras, todas las actividades de minería implican severos daños medioambientales. Los principales impactos son: el agua ácida generada por la mina, la polución del residuo minero en el aire y  la descarga de productos químicos utilizados en los procesos de concentración en los cuerpos de agua (un pH por debajo de 3 es habitual en los cursos de agua alrededor de las áreas mineras). 

Las explotaciones mineras tienen un grave impacto en las zonas agrícolas cercanas y aguas abajo. Con frecuencia los agricultores se ven forzados a convertirse en mineros debido a estas consecuencias medioambientales, ya que sus tierras quedan demasiado contaminadas. Es difícil calcular la totalidad del impacto generado en el ecosistema por las muchas explotaciones mineras e igualmente difícil de remediar.

Una situación particularmente precaria para la mujer

Las mujeres en la minería cooperativista de Oruro son mayoritariamente viudas, que han perdido a sus maridos en actividades mineras o relacionadas, o madres solteras con hijos. Su ingreso en la sociedad cooperativa está restringido debido a que el ingreso de una mujer en la mina está tradicionalmente asociado a atraer la mala suerte en la mina. Por ello, ellas trabajan principalmente en los alrededores escogiendo y picando descartes de roca o en áreas con menores posibilidades de ingresos.

Los ingresos de los mineros dependen de su suerte: o bien encuentran minerales con mena rica en metales o no lo hacen. Muchas mujeres trabajan informalmente, incluso fuera del marco cooperativista. Sin seguro médico ni fondo de pensiones. Generalmente son los principales cuidadores de sus familias, por lo tanto, las mujeres casi siempre llevan la doble carga del trabajo productivo y reproductivo.

Mujer lixiviando estaño de colas mineras en Machacamarca (Oruro, Bolivia) © Isabella Szukits / Südwind

Consecuencias para las generaciones venideras

El deterioro medioambiental causado por las actividades mineras conlleva un impacto en las actividades de agrícolas, haciendo que en muchas zonas sean imposibles los cultivos, la ganadería o la pesca. Esto ha  llevado a la migración de las comunidades agropecuarias hacia las zonas mineras y las ciudades.

El modelo cooperativo hace que sea difícil crear un sistema de gestión sostenible en las minas. La perspectiva a corto plazo crea incertidumbre sobre los ingresos de los mineros, especialmente en los períodos de precios bajos, aunque esta incertidumbre también se debe a que los minerales que extraen no son ilimitados. 

Debido al bajo precio de los metales, las cooperativas pueden encontrar dificultades a la hora de invertir mejorar la productividad de la mina a través de la implementación de maquinaria, ingeniería y la exploración de futuras venas de mineral. Las empresas comercializadoras internacionales se benefician de su posición oligárquica usando estrategias para reducir injustamente el precio de los minerales desde el origen, una estrategia que afecta directamente en las cooperativas – el eslabón más débil de la cadena de comercio internacional, teniendo que afrontar pérdidas como resultado.

Calle principal de Japo (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Hagamos las TIC Justas en Oruro: un marco a múltiple escala

 

Situación compleja para Bolivia en el respeto de los derechos humanos en peligro

Las investigaciones llevadas a cabo en Oruro han mostrado la necesidad de aumentar la concienciación a nivel estatal acerca de las violaciones de derechos humanos producidas en las zonas mineras, con el objetivo de conseguir así una mejora de sus condiciones. Esto es necesario para poder conseguir recursos y personal supervisor que pueda garantizar la aplicación de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» y de las distintas regulaciones medioambientales, al igual que para el monitoreo de los derechos humanos en relación a los estándares sociales, laborales y de seguridad. 

Bolivia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales acerca de los derechos humanos como la Declaración universal de derechos humanos, la cual exige a todos los estados firmantes a proporcionar « condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo » (Artículo 23) así como el « derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia (…) » y el derecho a la seguridad en caso de « (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad » (Artículo 25 . 1). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de la OIT compromete a los estados a garantizar desde el año 1976 « condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7 ii b), así como el « el máximo estándar de salud alcanzable » (Artículo 12 i).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) también proporciona protección a los mineros bolivianos, que prevé el derecho a unas condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (Artículo 7), así como el derecho a la salud (Artículo 10).

Salida de agua ácida en la superficie de las galerías de Japo (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Necesidad del monitoreo de criterios justos y responsables en el mercado internacional

El mercado internacional de concentrados de zinc-plata-plomo de Oruro está dominado por un pequeño grupo de compañías internacionales que importan y revenden o funden estos minerales: Korea Zinc, Trafigura y Glencore. Incluso aunque estas compañías no estén legalmente vinculadas a los tratados sobre derechos humanos mencionados más arriba, son las principales partes interesadas dentro de la cadena y deben tomar responsabilidad por las violaciones de derechos mediante un controlado cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre la Debida Diligencia de la OCDE para unas Cadenas de Suministro Responsables.

El seguimiento de las cadenas de suministro es pretende crear un marco de trabajo responsable en las relaciones entre las compañías globales y sus diferentes proveedores, como parte de la creciente demanda de responsabilidad social de las corporaciones transnacionales. Esto significaría, en lo que se refiere a las cadenas de suministro, que los minerales que sean extraídos incumpliendo los estándares sociales y medioambientales mínimos ya no serían utilizados dentro del mercado internacional.  

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, define específicamente la « Debida Diligencia »  como un « proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el que las compañías pueden asegurar el respeto a los derechos humanos y ayudarles en el cumplimiento del derecho internacional ».

Los « Riesgos » son definidos en relación a los impactos potenciales adversos en las operaciones de las compañías, que resultan de su propia actividad o de su relación con terceros, lo que incluye a los proveedores y a otras entidades presentes en su cadena de suministro. Esta amplia perspectiva significa que las empresas comercializadoras internacionales están obligadas a respetar esta debida diligencia en relación con todas las partes implicadas en la cadena de suministro, incluyendo a los trabajadores de las cooperativas mineras.

Fundición de estaño - Empresa Metalúrgica Vinto (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Llamada a la acción internacional

Hacer las TIC justas requeriría que las empresas internacionales comercializadoras de metales vinculadas a Oruro siguiesen una serie de pasos para la debida diligencia tal y como se exige en la Guía:

  • Identificar las circunstancias objetivas involucradas en la extracción, transporte, manipulación, comercialización, procesamiento, fundición, refinamiento y  aleación y manufactura de los productos.
  • Identificar y valorar cualquier riesgo actual o potencial evaluando las condiciones objetivas frente a los estándares establecidos en las cadenas de suministro de las compañías.
  • Prevenir o mitigar los riesgos identificados, adoptando e implementando un plan de gestión de riesgos que pueda derivar tanto en la decisión de continuar con el comercio esforzándose en mitigar el riesgo, suspender temporalmente el comercio mientras se intenta mitigar el riesgo, o desvincularse de un proveedor tras los intentos fallidos de mitigación o cuando la compañía considere que la mitigación no es factible o que los riesgos sean inaceptables.

Para poder obtener unos resultados favorables para los actores locales, las distintas partes interesadas de la cadena de suministro deben convertirse en colaboradores dentro de un nuevo marco monitoreado, donde las instituciones públicas tienen que tener el rol de promotor y controlador de las diferentes iniciativas.

Tanto las cooperativas como los proveedores locales han mostrado un claro interés por un sistema monitoreado con el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo cual supone un punto de partida para ser optimista acerca del desarrollo de un sector de las TIC justo y responsable, el cual necesitaría incluir: 

  • Establecer un precio justo para los metales en base a un salario mínimo justo para los mineros, y no según los costes de producción de las empresas fundidoras.
  • Aplicación de las leyes nacionales así como los estándares internacionales relativos a la gestión medioambiental, para evitar, al menos de aquí en adelante, la infiltración de los metales pesados en el suelo.
  • Inversión en marcos multilaterales o colaborativos para apoyar las distintas alternativas locales a la minería, pudiendo revitalizar y diversificar las economías locales dañadas.

Traducido por: Javier Núñez Corbal

 

Lea a continuación el informe completo.


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