La minería es un fenómeno relativamente reciente en Ecuador,

a diferencia de la extracción de petróleo, que comenzó ya en 1921. La explotación minera por parte de grandes multinacionales no empezó hasta principios del siglo XXI, tras el declive de la producción de petróleo. En su búsqueda de medidas alternativas para aumentar los ingresos del estado, el gobierno de Correa comenó a centrar su atención en la minería.

La minería en Ecuador

Desde 2019 Catapa tiene un nuevo socio en Ecuador, Acción Ecológica. Acción Ecológica es una ONG ecuatoriana que lucha por la justicia social y ecológica bajo los principios del BuenVivir y el ecologismo. Durante más de 20 años, esta organización ha resistido los intereses privados de la industria extractivista y ha dado voz a las comunidades afectadas.

 A pesar de que en Ecuador se ha extraído petróleo durante décadas, la minería a gran escala es un fenómeno relativamente reciente. Esto se debe en gran parte a la visión del presidente Rafael Correa, quien gobernó de 2007 a 2017. Bajo su mandato se reformó la Constitución Política del Estado en 2008. La nueva constitución fue considerada muy progresiva, entre otras cosas porque reconoce a Ecuador como un estado plurinacional e incorpora los principios del Buen Vivir. Estos principios describen una metodología de acuerdo a la cual el principal actor es la sociedad, prestando especial atención a la parte cultural y al equilibrio ecológico y la armonía con la naturaleza, convirtiendo a Ecuador en el primer país del mundo en otorgar derechos a la naturaleza. Sin embargo, paradójicamente, el mismo texto constitucional describe a la industria extractivista como un sector estratégico económicamente, bajo el control exclusivo del Estado. Con esta nacionalización de los recursos naturales, el gobierno de Correa buscaba fortalecer su influencia en la industria exportadora de petróleo del país y al mismo tiempo estimular el sector minero, que todavía no estaba muy desarrollado.

 El deseo de Correa de impulsar la minería a gran escala fue claro. En 2009 se promulgó una ley que creó un marco legal para el desarrollo del sector minero, y trajo con sí un rechazo y protestas de grupos que se oponían a la industria minera. Estos grupos temían, y con justa razón, que de esta manera los principios de la nueva constitución como el Buen Vivir, los derechos de los indígenas, la armonía con la naturaleza y el derecho al consentimiento previo fueran vulnerados a expensas de la minería.

El proyecto Mirador

A pesar de la creciente protesta, el gobierno firmó en 2012 un contrato con la empresa minera china EcuaCorriente S.A para la explotación de cobre, oro y plata. El proyecto Mirador es un proyecto importante en la campaña a favor de la minería. La enorme mina a cielo abierto de cobre está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur de Ecuador, en el distrito de Tundayme (cantón de El Pangui). El Pangui forma parte de la Cordillera del Cóndor, una cordillera que alberga una gran diversidad de fauna y flor; y que contiene más de 5 millones de toneladas de cobre, 700 toneladas de plata y 90 toneladas de oro. La mina entraría en operación en 2018 y produciría 60.000 toneladas de cobre por día.

 El contrato definía no solo los beneficios que recibiría EcuaCorriente SA y los ingresos anticipados para el gobierno ecuatoriano, sino también la vida futura de los Shuar y otros agricultores mestizos de la zona. Sus tierras fértiles se transformarían en una mina de cobre gigante, la exuberante naturaleza tendría que dar paso a carreteras e infraestructura, y los estanques de desechos tóxicos se convertirían en un peligro para los ríos y la salud pública. El gobierno ecuatoriano facilitó todo este proceso mediante la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental de la compañía China y la emisión de licencias ambientales. Además, tanto el ejército como la policía estaban llamados a defender el proyecto contra las protestas de la población local. Esto fue dolorosamente visible en 2015, cuando los guardias de EcuaCorriente S.A. despojaron de sus hogares a 32 familias con la ayuda de la policía ecuatoriana. Se les ordenó empacar y marcharse, después de lo cual las excavadoras demolieron sus casas para nivelar el terreno.

La protesta local

Desde comienzos de la décda de 1990, los proyectos mineros en la Cordillera del Cóndor se caracterizan por una gran desinformación hacia la población local, así como por la falta de participación y de opinión de esta. Además, también se malinformó acerca de los objetivos y consecuencias del proyecto. EcuaCorriente, de forma malintencionada, engañó a la población sobre la venta de sus tierras. Se les dijo que sus tierras se utilizarían para el ganado, lo cual, por supuesto, estaba muy lejos de la realidad.

 La población se opone fuertemente a las actividades mineras, con todas las consecuencias que ello conlleva. Un defensor de los derechos de la población local llamado José Tendetza experimentó en sus propias carnes las represalias de la compañía minera. Debido a su resistencia al proyecto minero y por su defensa de la madre tierra, fue amenazado, le quemaron sus cultivos y su casa de madera fue incendiada. Finalmente desapareció cuando se dirigía a una reunión relacionada con los problemas mineros. Cinco días después encontraron su cuerpo a orillas del río Zamora, a la altura del puente Chuchumbletza, que forma parte del área del proyecto Mirador.  

A pesar del creciente poder del sector minero, la población local continúa resistiendo. Reciben ayuda de las ONG nacionales como Acción Ecológica, que les brindan apoyo técnico, político y legal, además de difundir la historia de la Cordillera del Cóndor.