Los defensores del los derechos humanos y ambientales tienen un compromiso incansable con la igualdad y la justicia. Desafortunadamente, a menudo se enfrentan a la discriminación, violencia, criminalizaciones, violaciones de sus derechos civiles y a la impunidad de grupos públicos armados (policía armada) o de grupos contratados (paramilitares, escuadrones de la muerte). A todos los activistas se les presentan grandes desafíos. Sin embargo, además de estos, las mujeres activistas también sufren violencia específica de género y otros riesgos.
Con un proyecto denominado “Estrategias de las defensoras de los derechos humanos que se enfrentan a las industrias extractivas“, CATAPA lideró una campaña sobre la situación de las mujeres activistas ambientales que luchan en contra de la industria extractiva en América Latina. Con esta campaña se quería dar voz a las mujeres activistas, y llamar la atención sobre su situación precaria e incentivar a las instituciones políticas y a otros organismos a crear mecanismos que brinden una mejor protección a estas defensoras. El proyecto se llevó a cabo con la colaboración de varias organizaciones aliadas, incluyendo Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y REDD (Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras).
Hay muchos sectores peligrosos en los que, como activista medioambiental, es arriesgado poner resistencia. Según la organización AWID, el contexto más inseguro para los activistas es la industria minera, seguido de los proyectos y represas hidroeléctricas, la agroindustria y la industria maderera. Alda Facio, jefe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra la mujer, confirmó en mayo que incluso el grupo más vulnerable de mujeres activistas por los derechos humanos busca prevenir que las industrias extractivas operen (además de luchar por los derechos sexuales y reproductivos). Ofrecer resistencia a las industrias extractivas también implica desafiar a las compañías (inter)nacionales y a las élites globales que colaboran con los gobiernos y, en ocasiones, incluso con las instituciones religiosas y “tradicionales”. Un estudio de Front Line Defenders (FLD) muestra que, en 2016, 281 defensores de los derechos humanos fueron asesinados a nivel mundial: 49 % del número total eran activistas que defendían los derechos del medioambiente, del territorio y de los indígenas. Más de la mitad de los asesinatos, 143 según los hallazgos de FLD, ocurrieron en América Latina.
Las mujeres activistas sufren una discriminación especial a causa de su género y se enfrentan a otros riesgos además de aquellos que ya de por sí acarrea el activismo. Mientras que a los defensores del ambiente se los suele etiquetar como “anti patriotas” o “anti progreso”, a las defensoras se las estigmatiza, además, por su género y sexualidad. “A pesar de que el contexto es cada vez más peligroso, más y más mujeres desempeñan un papel importante en los movimientos sociales. No obstante, corren un riego mayor de sufrir violencia sexual, especialmente cuando viven en un entorno militarizado. Además, es más probable que sus hijos sean amenazados o atacados como forma de intimidación”, dijo Marusia Lopez de JASS en el mismo evento de la ONU en mayo. Adicionalmente, los derechos que estas mujeres defienden no siempre están reconocidos por la sociedad y, en algunos países, incluso se los considera como crímenes.
Alejandra Burgos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos añade: “La falta de acceso a la justicia, así como el alto nivel de impunidad, tiene un impacto en la vida de los activistas en Centroamérica. Las investigaciones muestran que, entre 2012 y 2016, el 60% de los ataques contra los activistas consistió en acoso, amenazas, advertencias y ultimatums, difamación y campañas de estigmatización, uso de la fuerza, arrestos ilegales y arbitrarios, criminalizaciones y enjuiciamientos. Además, vivimos en una de las regiones con el mayor número de feminicidios (asesinatos de mujeres) del mundo”.
Las mujeres activistas de América Latina suelen sufrir una forma tridimensional de discriminación. En primer lugar, son tratadas con frecuencia con desprecio por el hecho de ser indígenas. Suelen tener sus propios hábitos culturales, hablar otro idioma y creer en la adoración a la naturaleza. Desafortunadamente, estas características hacen que sean consideradas inferiores en varios países. Además, el contexto específico (violento) del conflicto socio-ecológico en el que viven también tiene un gran impacto en distintas facetas de su vida y, por tanto, no siempre tienen la oportunidad de mudarse. Finalmente, también experimentan dificultades por ser, de la primera a la última, mujeres que quieren romper con los patrones tradicionales de los roles de género. Debido a esta discriminación se encuentran en una situación precaria porque no “respetan sus obligaciones” y se vuelven “rebeldes”. Los ambientalistas que protestan contra la política económica extractiva de los gobiernos latinoamericanos suelen convertirse en víctimas del uso arbitrario del sistema penal; como resultado, se enfrentan acusaciones falsas y juicios injustos. Y es difícil resistir ante estas estrategias de criminalización cuando hay falta de dinero, tiempo y contactos.
Ya existe un consenso internacional sobre la definición de lo que constituye un defensor de los derechos humanos o ambientales. Sin embargo, la doble vulnerabilidad de las mujeres activistas suele olvidarse. Casi no hay estadísticas sobre el número total de activistas que se enfrentan amenazas y violencia a causa de su género o que son criminalizadas. Las agencias de investigación y los organismos internacionales deberían abordar este asunto desde una perspectiva de género, de manera que se elaboren resoluciones y protocolos específicos y que, a cambio, las defensoras de los derechos humanos y ambientales reciban una protección específica.
Como parte de nuestro proyecto se envió a equipos internacionales de investigación a países aliados en América Latina: Bolivia, Perú, Ecuador y El Salvador. Con la ayuda de expertos locales, estos equipos investigaron el problema de las mujeres activistas que luchan contra las industrias extractivas, usando métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. Los resultados se recogieron en un informe que se envió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La CIDH es un organismo legal autónomo para la protección de los derechos humanos en los 35 estados miembro de la Organización de Estados Americanos. El 24 de octubre, la CIDH realizó una audiencia pública sobre la “Criminalización de las defensoras del medio ambiente en América Latina“. La sesión de la CIDH se realizó en Montevideo, Uruguay, y fue un paso importante hacia el aumento de la concienciación sobre la situación precaria de las activistas en el contexto de las industrias extractivas de América Latina.
Subsecuentemente, CATAPA trabajó muy duro en Bélgica para llamar la atención de un público más amplio y de las instituciones políticas en torno a este tema. El objetivo era incentivar a las instituciones políticas como la Unión Europea a que implementaran una perspectiva de género en su legislación y políticas, lo que daría como resultado una mejor protección de las defensoras de los derechos humanos.
En enero de 2018 CATAPA organizó dos eventos durante los cuales varios ponentes explicaron la situación de las defensoras de los derechos humanos en América Latina y sus posibilidades de protección. Mirtha Vasquez asistió como oradora invitada. La abogada y activista de los derechos humanos peruana representa a Maxima Acuña en su lucha contra el proyecto aurífero Conga.
El 10 de enero se organizó un evento en el Parlamento Europeo como parte de una nueva resolución de la UE sobre las mujeres, la igualdad de género y la justicia climática. Mirtha Vasquez y la Dra. Clara Burbano Herrera (Universidad de Gante), una de las investigadoras del proyecto, ofrecieron recomendaciones a la UE sobre la protección de las defensoras. A esto le siguieron las presentaciones de Florent Marcelessi y Jordi Solé (ambos Greens/EFA), miembros del Parlamento Europeo, sobre la protección existente a estas defensoras por parte de la UE y sobre cómo esto se reflejó en el presupuesto de la UE, respectivamente.
El día anterior tuvo lugar un evento en Bruselas sobre el mismo tema al que se invitó a Mirtha Vasquez para que presentara ante una casa llena. Además de ella, Amelia Alva Arevalo, una de las investigadoras del proyecto, y Nicky Broekhoven, que realiza investigaciones sobre género y clima, ambas de la Universidad de Gante, también realizaron una presentación.
Durante Open Minded, anteriormente conocida como Academic Week, se invitó a no menos de tres defensoras de los derechos humanos para que dieran conferencias en universidades y escuelas técnicas, así como durante eventos: Gloria Chicaiza de Ecuador, Margarita Aquino de Bolivia, Mariana Gomez de Colombia.
Fuentes:
Front Line Defenders. (2017). Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2016. Front Line Defenders. Consultado en: https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2016
IACHR. (2015). Criminalization of Human Rights Defenders. Consultado en: http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/criminalization2016.pdf
Inmaculada, Barcia. (2017). Weaving resistance through action: strategies of women human rights defenders confronting extractive industries. Consultado en: https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/eng_weaving_resistance_through_action-web.pdf
Vásquez Chuquilín, Mirtha. (2013). Criminalización de la protesta en Perú. Consultado en: http://www.grufides.org/sites/default/files//documentos/publicaciones/Criminalizaci%C3%B3n%20de%20la%20protesta%20en%20Per%C3%BA%20-%20Mirtha%20V%C3%A1squez.pdf
WG Discrimination Against Women: event. (2017). Strengthening protection networks for women human rights defenders to combat discrimination: Challenges and opportunities in the current context. Consultado en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WomenHumanRightsDefendersGender.aspx