Benieuwd naar wat we vorig jaar allemaal uitgespookt hebben? Hier kan je CATAPA’s jaarverslag van 2019 downloaden, met onder andere een overzicht van onze activiteiten en projecten in Vlaanderen en Latijns-Amerika en onze vernieuwde missie- en visietekst!
Informe ejecutivo también diponible en Inglés, Neerlandés y Francés.
Debido a la escasez de literatura dedicada a las cadenas de suministro de metales al margen aquella sobre su comercio, la investigación de CATAPA acerca de la minería polimetálica en Bolivia ha tenido por objeto revelar los actores y procesos subnacionales, nacionales y transnacionales involucrados en la actividad minera. Se ha realizado una investigación de campo en el departamento de Oruro (Bolivia). Los resultados de esta investigación proporcionan elementos para evaluar las implicaciones locales de la industria global de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto ha ayudado a crear una definición específica acerca de lo que « Making ICT Fair » (Hagamos las TIC Justas) podría significar en cada una de las fases de la cadena de suministro, elaborando un marco en el que se determinan cuáles son los problemas laborales, comunitarios, medioambientales y legales involucrados en el contexto objetivo.
En Oruro (Bolivia), la cadena de suministro de estaño, plata, plomo y zinc – metales necesarios para la fabricación, entre otras cosas, de los dispositivos producidos por la industria electrónica – engloba a múltiples actores. Antes de la exportación, los minerales son extraídos aquí principalmente por cooperativas mineras (junto con minas estatales y minas privadas a pequeña y gran escala), y vendidas a empresas comercializadoras locales, que a su vez se convierten en los primeros proveedores de estos metales en la cadena de suministro internacional. Después, los minerales de la mena extraída son concentrados. El estaño es fundido por una de las dos fundiciones industriales ubicadas en Oruro para luego ser exportado, en forma de lingote, principalmente a los EE.UU. y los Países Bajos. Los concentrados de plata, plomo y zinc son directamente exportados a plantas metalúrgicas de Asia (Corea del Sur, China y Japón) y Europa (Bélgica, Países Bajos y España).
Las investigaciones fueron realizadas desde la fase de extracción, procesamiento y fundición, hasta la exportación. Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de seis cooperativas mineras, algunos proveedores locales, la fundidora estatal y los principales comercializadores internacionales activos en la zona. Esta investigación ha mostrado cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de estándares de calidad obligatorios con criterios sociales y medioambientales, los cuales podrían ser aplicados en las etapas adecuadas a las empresas al momento de realizar la compra de estos metales. También se ha mostrado la ausencia de criterios de trazabilidad que permitan enlazar los diferentes actores y así posibilitar una «responsabilidad social» por parte de los compradores respecto a los actores locales.
La misión de reconocimiento tuvo por objeto la obtención de datos acerca de los impactos producidos por la minería en las distintas fases de la cadena de suministro.
La singularidad de Oruro viene determinada por el importante papel que juegan las cooperativas de pequeña escala en la economía minera local de Bolivia, ya que esta forma de minería involucra a gran parte de los trabajadores de la región. Estas cooperativas son de hecho un sistema de «auto explotación», ya que no tienen un contacto directo con las compañías que compran sus minerales. Si el marco cooperativista implica cierta libertad para los trabajadores (quienes se supone que son socios cooperativistas), éste también conlleva que las operaciones se realicen de forma muy tradicional. Por ejemplo, el trabajo manual sigue siendo predominante a pesar del incremento de la mecanización llevada a cabo en la última década.
En la etapa de extracción, los trabajadores cooperativistas sufren condiciones de salud y seguridad irresponsables, destacando el limitado número de respiradores disponibles, lo que supone la aparición de numerosos casos de silicosis (también conocida como “enfermedad de mina”, causada por el polvo de sílice en los pulmones).
Los cooperativistas trabajando en los procesos de concentración del mineral se ven afectados por el uso incontrolado de sustancias tóxicas como el xantato, el cianuro y el queroseno, que causan directamente irritación de ojos y efectos a largo plazo en el sistema nervioso y en los órganos internos. El contacto directo con ácidos y metales pesados, así como una exposición excesiva al sol y al polvo, causan trastornos de salud y enfermedades cutáneas.
Otro de los problemas principales en las actividades mineras locales es la falta de una planificación a largo plazo. Debido a que los mineros expanden de las sub galerías, la falta de información disponible puede llevar a la aparición de situaciones de peligro como el acceso a áreas que previamente habían sido designadas como zonas prohibidas.
A pesar de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» existentes en Bolivia y del requisito, para la mayoría de los casos, de tener que obtener una licencia ambiental previa a la extracción mineras, todas las actividades de minería implican severos daños medioambientales. Los principales impactos son: el agua ácida generada por la mina, la polución del residuo minero en el aire y la descarga de productos químicos utilizados en los procesos de concentración en los cuerpos de agua (un pH por debajo de 3 es habitual en los cursos de agua alrededor de las áreas mineras).
Las explotaciones mineras tienen un grave impacto en las zonas agrícolas cercanas y aguas abajo. Con frecuencia los agricultores se ven forzados a convertirse en mineros debido a estas consecuencias medioambientales, ya que sus tierras quedan demasiado contaminadas. Es difícil calcular la totalidad del impacto generado en el ecosistema por las muchas explotaciones mineras e igualmente difícil de remediar.
Las mujeres en la minería cooperativista de Oruro son mayoritariamente viudas, que han perdido a sus maridos en actividades mineras o relacionadas, o madres solteras con hijos. Su ingreso en la sociedad cooperativa está restringido debido a que el ingreso de una mujer en la mina está tradicionalmente asociado a atraer la mala suerte en la mina. Por ello, ellas trabajan principalmente en los alrededores escogiendo y picando descartes de roca o en áreas con menores posibilidades de ingresos.
Los ingresos de los mineros dependen de su suerte: o bien encuentran minerales con mena rica en metales o no lo hacen. Muchas mujeres trabajan informalmente, incluso fuera del marco cooperativista. Sin seguro médico ni fondo de pensiones. Generalmente son los principales cuidadores de sus familias, por lo tanto, las mujeres casi siempre llevan la doble carga del trabajo productivo y reproductivo.
El deterioro medioambiental causado por las actividades mineras conlleva un impacto en las actividades de agrícolas, haciendo que en muchas zonas sean imposibles los cultivos, la ganadería o la pesca. Esto ha llevado a la migración de las comunidades agropecuarias hacia las zonas mineras y las ciudades.
El modelo cooperativo hace que sea difícil crear un sistema de gestión sostenible en las minas. La perspectiva a corto plazo crea incertidumbre sobre los ingresos de los mineros, especialmente en los períodos de precios bajos, aunque esta incertidumbre también se debe a que los minerales que extraen no son ilimitados.
Debido al bajo precio de los metales, las cooperativas pueden encontrar dificultades a la hora de invertir mejorar la productividad de la mina a través de la implementación de maquinaria, ingeniería y la exploración de futuras venas de mineral. Las empresas comercializadoras internacionales se benefician de su posición oligárquica usando estrategias para reducir injustamente el precio de los minerales desde el origen, una estrategia que afecta directamente en las cooperativas – el eslabón más débil de la cadena de comercio internacional, teniendo que afrontar pérdidas como resultado.
Las investigaciones llevadas a cabo en Oruro han mostrado la necesidad de aumentar la concienciación a nivel estatal acerca de las violaciones de derechos humanos producidas en las zonas mineras, con el objetivo de conseguir así una mejora de sus condiciones. Esto es necesario para poder conseguir recursos y personal supervisor que pueda garantizar la aplicación de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» y de las distintas regulaciones medioambientales, al igual que para el monitoreo de los derechos humanos en relación a los estándares sociales, laborales y de seguridad.
Bolivia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales acerca de los derechos humanos como la Declaración universal de derechos humanos, la cual exige a todos los estados firmantes a proporcionar « condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo » (Artículo 23) así como el « derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia (…) » y el derecho a la seguridad en caso de « (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad » (Artículo 25 . 1).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de la OIT compromete a los estados a garantizar desde el año 1976 « condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7 ii b), así como el « el máximo estándar de salud alcanzable » (Artículo 12 i).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) también proporciona protección a los mineros bolivianos, que prevé el derecho a unas condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (Artículo 7), así como el derecho a la salud (Artículo 10).
El mercado internacional de concentrados de zinc-plata-plomo de Oruro está dominado por un pequeño grupo de compañías internacionales que importan y revenden o funden estos minerales: Korea Zinc, Trafigura y Glencore. Incluso aunque estas compañías no estén legalmente vinculadas a los tratados sobre derechos humanos mencionados más arriba, son las principales partes interesadas dentro de la cadena y deben tomar responsabilidad por las violaciones de derechos mediante un controlado cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre la Debida Diligencia de la OCDE para unas Cadenas de Suministro Responsables.
El seguimiento de las cadenas de suministro es pretende crear un marco de trabajo responsable en las relaciones entre las compañías globales y sus diferentes proveedores, como parte de la creciente demanda de responsabilidad social de las corporaciones transnacionales. Esto significaría, en lo que se refiere a las cadenas de suministro, que los minerales que sean extraídos incumpliendo los estándares sociales y medioambientales mínimos ya no serían utilizados dentro del mercado internacional.
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, define específicamente la « Debida Diligencia » como un « proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el que las compañías pueden asegurar el respeto a los derechos humanos y ayudarles en el cumplimiento del derecho internacional ».
Los « Riesgos » son definidos en relación a los impactos potenciales adversos en las operaciones de las compañías, que resultan de su propia actividad o de su relación con terceros, lo que incluye a los proveedores y a otras entidades presentes en su cadena de suministro. Esta amplia perspectiva significa que las empresas comercializadoras internacionales están obligadas a respetar esta debida diligencia en relación con todas las partes implicadas en la cadena de suministro, incluyendo a los trabajadores de las cooperativas mineras.
Hacer las TIC justas requeriría que las empresas internacionales comercializadoras de metales vinculadas a Oruro siguiesen una serie de pasos para la debida diligencia tal y como se exige en la Guía:
Para poder obtener unos resultados favorables para los actores locales, las distintas partes interesadas de la cadena de suministro deben convertirse en colaboradores dentro de un nuevo marco monitoreado, donde las instituciones públicas tienen que tener el rol de promotor y controlador de las diferentes iniciativas.
Tanto las cooperativas como los proveedores locales han mostrado un claro interés por un sistema monitoreado con el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo cual supone un punto de partida para ser optimista acerca del desarrollo de un sector de las TIC justo y responsable, el cual necesitaría incluir:
Traducido por: Javier Núñez Corbal
Lea a continuación el informe completo.
Author: Mirna Fernández
If there is one thing which the Covid-19-outbreak has brought to the surface in a very clear way, it is the existing global inequalities. To which extent communities are able to withstand the crisis, depends a lot of their access to healthcare, sanitation and food systems.
The reality in the region of Loreto, located in the Peruvian Amazon, shows that this pandemic and its socioeconomic implications will pose severe threats to some of its most vulnerable communities.
When the first positive cases of the coronavirus were confirmed in Loreto, the hospitals were already close to collapsing. The Peruvian Health Minister, Victor Zamora, announced that Loreto was facing two “big problems” at the same time: Coronavirus and Dengue.
Before the arrival of Covid-19 the region of Loreto was victim of one of the worst episodes of a dengue epidemic in the history of the region. According to the National Center for Epidemiology, Prevention and Control of Diseases (CNE), only in the first 3 months of 2020, the number of cases of dengue in Peru reached 8 times the amount of cases compared to the same period last year. Loreto has reported the biggest number of cases, with 3,925 in total, which is 31 times higher than the same period last year. This was already a heavy burden for the weak regional health care system. In the hospitals, few beds were available for the many patients that needed to be covered by mosquito nets to prevent the spread of the disease to other patients in the hospitals.
The Covid-19 outbreak disrupted Loreto, as the region doesn’t have enough beds ready to use in Intensive Care Units (ICU). The Regional Hospital of Loreto – the biggest and most equipped hospital of Loreto – has only 12 ICU beds for Covid-19 patients, of which 10 are already in use. The other hospitals in the region all together have only 9 extra ICU beds and all of them are in use already by non Covid-19 patients. This should cover a population of 884 000 inhabitants. Belgium, in comparison, has a population of 11.46 million inhabitants and 1864 ICU beds, of which 785 remain free for future patients needing Intensive Care. The fact that only 2 ICU beds remain free for the whole region of Loreto is a hard reality check.
While the pandemic is spreading in the region, everyday we hear reports from health personnel dropping out due to a lack of protective equipment. A hospital called ESSALUD had to close temporarily when 4 health workers were tested positive, and improvised health centres had to be put in place to continue the medical attention for its patients. The president of the Medical Federation of Loreto, María Huilca Chambi, pointed out the lack of biosecurity for the personnel taking the samples for Covid-19 testing. “We are putting our lives at risk”, she said.
Loreto is currently the region with the fourth highest amount of most positive cases in Peru, with 619 to date. This is the result of 2876 tests performed in the region since the beginning of the outbreak, according to the official government data. There is an obvious lack of tests, labs and equipment for the personnel’s health, which did not improve much since the beginning of the outbreak. This raises questions about the credibility and transparency of the local authorities.
Loreto does not have a diversified agricultural production, due to the hard conditions that the Amazon ecosystem poses on peasants. With mainly poor, infertile soil where crops are often suffering from erosion due to heavy rains and from different plagues, only a limited variety of crops can survive. Therefore, the region needs to import massive amounts of food, especially vegetables, from other regions of Peru.
The transportation of imported food is especially complicated for Loreto. Its main city, Iquitos, which has about one million inhabitants, is the only major city in Peru that is not accessible by road. The imported food from other regions needs to arrive either by air or by ground transportation until Yurimaguas, and from there by boat for more than 3 days. The regional food supplies reach Iquitos by boat, coming from local communities settled on the river sides.
Family agriculture produces 70% of the food supplies that are consumed in Peru. In many cases, this means that the surplus food production of small families is sent to other regions by means of passengers’ transport, which is now prohibited by the State of Emergency. The cargo transport of food supplies is allowed, and people working in the food supply sector are officially allowed to pass by regularly. However, to obtain the necessary permits with the National Police, you would need to provide certain certifications that many small producers don’t have.
Therefore, if prices of basic food in the region have increased, it is directly linked with the State of Emergency declared by the government of Peru and its transport restrictions. Basic fresh food items like eggs, potatoes, tomatoes, bananas and onions have doubled in price since the beginning of the lockdown.
Speculation is another cause of increasing food prices. There was a wave of panic among the inhabitants of the country, especially during the first days of the lockdown, so the markets and stores were wiped out of some products. The resulting demand in turn increases the prices. While the Peruvian government is trying to send positive messages to the population ensuring that there will not be a shortage of food supplies, the outcome is nonetheless that the prices of some products might take a while to stabilize after the panic-buying.
There are also very strict and inconvenient rules put in place during the State of Emergency regarding groceries shopping. In Iquitos, markets start business around 5 am and the police force the vendors to start closing by 9:30 am. The result is a major assembly of people trying to buy their food in the very early hours of the morning, which absolutely poses more risks for mass contagion.
There is no national action plan for Covid-19 focused on Indigenous Peoples, despite the demands from the largest national indigenous organization, Aidesep, and the regional organization of indigenous federations, Orpio. They demand the participation of indigenous peoples’ representatives in the planning and implementation of measures to avoid scenarios of mass contagion in the indigenous communities.
Indigenous peoples’ organizations from Loreto such as Fediquep, Feconacor, Opikafpe and Acodecospat have proposed sanitation protocols to be urgently implemented, but they are still waiting for a response from the government. Loreto compasses more than 24% of the Amazon indigenous population in Peru according to the latest national census. It is the region with the most indigenous communities in the country, which count about 1200. But in most of these communities, health posts have a shortage of supplies, even more so during this sanitary crisis.
There is only one lab in the region that can process the Covid-19 molecular tests: it is located in Iquitos. The Regional Health Director, Percy Minaya León, mentioned that his main concern is the population in remote areas and close to international borders, which includes indigenous and native communities. In these areas, the health care personnel that takes samples for example in Santa Rosa o Caballococha (near the borders with Colombia and Brasil), must travel by boat on the Amazon river for more than 12 hours and then go back to the lab in Iquitos with the samples for testing. There are not enough tests, nor enough personnel to cover these areas appropriately in terms of Covid-19 testing.
Out of fear of getting infected by the virus, several native communities took the decision to block all entrances to their territories in order to isolate themselves. They prefer not to receive any donation rather than exposing themselves to possible infection. However, not everybody is respecting their decision. There are unscrupulous merchants, hostile public officials, rapporteurs, illegal loggers and miners, uninformed military and police, and other outsiders who do not understand that their decision falls within their right to self-determination and is valid and well-founded.
There are many basic needs which lack coverage for indigenous peoples in the Peruvian Amazon, now representing major obstacles for their wellbeing during this health crisis. According to the census for native communities conducted in 2017, only 9,8% of the indigenous population in the Amazon has access to the Internet, where they could consult the most recent prevention and protection measures. Moreover, only 25,8% of these communities have access to a public drinking water system, complicating washing hands to prevent infections.
To overcome this crisis, the national and regional governments have a huge amount of work to do, especially in these remote areas, to avoid the worst-case scenarios, in which the most vulnerable communities become infected on large scale. After the crisis it will be necessary to evaluate to which extent the government failed to meet the needs of the indigenous population during this pandemic.
You can also read more about the COVID-19 situation in Peru in our other blog post Caning, arrests and social issues: Ten days of quarantine in Peru.
Azuay, una provincia del sur del Ecuador con Cuenca como capital provincial histórica y cultural, se ha convertido rápidamente en una región emblemática en la lucha contra la minería.
En el cantón de Girón, en la provincia de Azuay, el 24 de marzo de 2019 se organizó una consulta pública (Consulta Popular) sobre el proyecto minero a gran escala Loma Larga. Un acontecimiento histórico porque fue el primer referéndum local en Ecuador sobre una actividad minera.
Durante la Consulta Popular en Girón, se les preguntó a los habitantes si estaban de acuerdo o no con la extracción de oro en el Páramo de Kimsacocha, ubicado en el Parque Nacional Cajas. Un páramo es un ecosistema frágil en la Cordillera de los Andes que es vital para el abastecimiento de agua en la región y en el país.
El resultado del referéndum fue convincente: El 87% de la comunidad prefirió el agua al oro y dijo “si a la vida, no a la minería”. Un precedente importante en Ecuador ya que, después de esta victoria, otras provincias trataron de hacer lo mismo. Imbabura y Carchi, dos provincias del norte de Ecuador, presentaron recientemente una solicitud de Consulta Popular, pero lamentablemente ha sido rechazada por la Corte Constitucional ecuatoriana.
También en términos de liderazgo político, la importancia de la provincia de Azuay no debe ser subestimada. En mayo de 2019 los habitantes eligieron a Yaku Pérez Guartambel como nuevo prefecto. Desde entonces, Yaku ha dirigido el gobierno autónomo de la provincia de Azuay.
Yaku Pérez es conocido por sus fuertes declaraciones contra el sector minero y su ambición de despejar legalmente la provincia de Azuay de la minería de metales, en particular mediante la organización de referéndums. Rápidamente, Yaku Pérez se convirtió en una figura simbólica en el país.
Tras la victoria del referéndum en el cantón de Girón, Yaku Pérez convocó a un referéndum general sobre las actividades mineras en la provincia de Azuay. Esta cuestión fue sometida a la Corte Constitucional, pero después de una audiencia el 17 de septiembre de 2019, esta solicitud ha sido rechazada.
Pérez expresó claramente su descontento con la naturaleza de la audiencia. Según él, el Presidente del Tribunal debe celebrar una audiencia pública antes de tomar una decisión, como es habitual en asuntos constitucionales. “Queremos una audiencia pública para poder mirar a los jueces a los ojos y hablar con el corazón. Demostrar de forma fáctica y legal la necesidad de una consulta pública”, según Pérez.
Además, existe un conflicto de intereses dentro de la Corte. Uno de los jueces constitucionales, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, no pudo participar en la audiencia debido a declaraciones anteriores contra el extractivismo. Otros jueces, que claramente tienen vínculos con el sector minero, fueron autorizados a participar. La Jueza Carmen Corral es abogada de Solines Asociados, una firma de abogados que brinda asesoría y apoyo a las empresas mineras. Otra jueza, Hilda Nugues, es miembro del comité de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se ha pronunciado en contra del referéndum.
Está claro que hay mucha presión por parte del gobierno nacional y de las grandes multinacionales. Existe una gran preocupación por lo ocurrido en Girón y temor por el resultado de estos referendos a nivel provincial y nacional.
No es casualidad que, el mismo día de la audiencia, el sector pro-minería distribuyera una campaña en Twitter en la que atacaron a Yaku Pérez.
Alegaron que Pérez había tenido concesiones mineras en el período entre 1999 y 2000 porque su nombre fue encontrado en el registro minero.
Yaku Pérez rechazó este argumento. En ese momento, como abogado, había firmado documentos para la extracción de arena y piedras para trabajos de construcción en la provincia. Este tipo de minería también está registrada, pero no se refiere a la minería de metales.
Tras la decisión negativa del Tribunal Constitucional, Pérez anunció que intensificaría la resistencia y abriría una puerta más amplia organizando un referéndum a nivel nacional.
La Constitución ecuatoriana reconoce a la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legal. Sin embargo, la industria minera y el gobierno ecuatoriano argumentan que las consultas locales sobre minería no pueden tener lugar porque los recursos naturales en el subsuelo son un asunto de interés nacional.
Además, la Constitución establece que los poderes de los diversos órganos políticos no son exclusivos, sino competitivos. “Usted puede ser el dueño de lo que hay en el subsuelo, pero tiene que pasar por encima de la tierra”, dice la abogada Verónica Potes, experta en derecho ambiental y derechos humanos.
“Es una batalla de David contra Goliat”, dice Yaku Pérez, “No somos muchos, pero tenemos la verdad, la razón y la legitimidad a nuestro favor. Continuamos la resistencia y si es necesario, denunciaremos este asunto ante los tribunales internacionales”.
“Over the years, China Labor Watch has monitored the working conditions at several Foxconn facilities and investigations have revealed a string of labor rights violations. In this year’s report, several investigators were employed at the Zhengzhou Foxconn factory, and one of the investigators worked there for over four years. Because of the long investigation period, this report reveals many details about the working and living conditions at the Foxconn factory.”
Among others, some of the labor rights violations registered at Zhengzhou Foxconn by NGO China Labor Watch are the following:
Read the full report here: Zhengzhou Foxconn
Catapa publicó junto con War on Want este informe (en inglés) sobre el cobre, las tecnologías de la información y de la comunicación y los derechos humanos en Chile. Puede leerlo aquí.
CHILE, COPPER & ICT
Chile is currently the largest copper producer in the world, holding 29% of the world reserves of the red metal. Copper represents a crucial portion of the Chilean economy and the copper industry -as will be shown in this report- is highly influential in national politics.
But the extent and intensity of copper extraction across Chile’s territory has precipitated negative impacts in the environment and on communities that resist extractivism.
Through the analysis of a case study, this report unveils the adverse socio-environmental impacts of copper extraction and discusses the role of the company, the national government and international actors in addressing the consequences brought by the copper mining industry.
Within this last group, this report highlights the role that ICTs –which represent 24% of the usage of copper (Comisión Chilena del Cobre, 2016a) – could play in the improvement of social, environmental and labour conditions at the local level.
The case study
Caimanes is a small agrarian town situated in northern Chile that has been at the centre of opposition to the Los Pelambres (hereinafter MLP or the Company) mining project, the fifth largest copper mine in the world. The community does not have political relations with national or local elites, and therefore, as will be seen, its opportunities for mobilisation have been mostly limited.
Yet, the local community reacted against the construction of El Mauro tailings dam –the largest in Latin America- identifying various negative socio-environmental impacts on issues of water, health and security. As will be detailed in this report, the capacity of the community to mobilise resources has varied across the 20 years of struggle. Through its history of resistance, the community has gone through different phases of mobilisation: from a period of direct action to a process of formalising its demands in a judicial lawsuit, which has marked the last 10 years of mobilisation.
This case also reveals a process of countermobilisation to the protest. Given the significant scale of the project, and its high
levels of associated investment, the mining project has been assiduously defended by the state and the Company, restricting the possibilities for social contention. As will be seen throughout the report, both the Company and the state have deployed direct techniques of repression such as forced displacement, the criminalisation of local leaders, and use of police forces to suppress protests. Additionally, the corporate-state nexus, has also used more sophisticated forms of counter-mobilisation such as using company-community interactions to divide the inhabitants of Caimanes, and diminishing their capacity to decide in formal spaces of community engagement.
By analysing the mechanisms that explain the rise of the Caimanes mobilisation and its main shifts, this report explores the
emergence of micro-dynamics of contention in territories that lack political opportunities and resources. Its insights allow us to understand episodes of protest in an unfavourable context for social contention; and how, despite this restrictive context, the community has been able to create opportunities, resources and solidarities at different stages of the conflict.
The report begins with a contextualisation of the political economy of copper in Chile, highlighting how it relates to consumption at a global scale, with a specific emphasis placed on the consumption of ICTs. It then generates a process-tracing analysis of the episodes of contention marked by two significant stages of protest: (i) a period during which the community aimed to, and were successful in receiving compensation from the company and (ii) a period during which the community sought to legally demonstrate the negative impacts of the project. This part of the report includes a discussion about the interlinked relationship of the community with a growing labour movement that has not yet been able to coordinate their demands with the socioenvironmental movement. The concluding section summarises these two periods of
protest highlighting the most important elements that have generated conflict in the last 20 years. It also shows how the global consumption of copper (especially from ICTs), the closed political opportunities at the national level, the process of countermobilisation by the Company and lack of networks have ended up dividing and isolating the community, diminishing its capacity to self-organise.
