Ecuador: el extractivismo en tiempos de crisis económica y sanitaria (COVID-19)
Autora: Kim Baert
Ecuador es, después de Brasil y Perú, el país más afectado por el COVID-19 coronavirus en Latinoamérica. Hasta la fecha (el 14 de mayo 2020) las cifras oficiales han registrado 31,881 casos firmados y 1569 fallecimientos. Estos números son cuestionados desde diferentes ángulos, ya que serían una subestimación de la realidad. Ecuador, como otros países en Latinoamérica, lleva un enorme retraso al examinar el virus en grandes partes de la población, y además, el número de víctimas sería más elevado que el número indicado.
El epicentro del brote del COVID-19 en Ecuador se encuentra en la ciudad portuaria Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador. A finales de marzo aparecieron las primeras imágenes de cuerpos envueltos en plástico, abandonados en las calles y en los contenedores de basura, y en cajas de cartón utilizadas para guardar cadáveres. Estas imágenes chocantes han recorrido el mundo. En marzo, la ciudad contó con más del 70% de todos los casos firmados del país, un porcentaje que desde entonces se ha reducido al 55%. La capital Quito (en la provincia Pichincha) es la región más afectada después de Guayaquil, pero se ha podido salvar mayormente de semejantes situaciones catastróficas hasta ahora.
Un plan de contingencia sanitaria vs. un malestar económico
El presidente Lenin Moreno se ha encontrado bajo una fuerte presión. Numerosas organizaciones y miembros de la sociedad civil se preguntaron cómo el gobierno abordará la crisis sanitaria. El COVID-19 forma un desafío enorme para un país que ya se encontraba en una crisis económica y política: enormes deudas en el extranjero y la caída del precio del petróleo ponen a Ecuador en una posición especialmente vulnerable.
La sociedad civil y el parlamento incitaron al gobierno a que pospusiera el previsto reembolso de las deudas en marzo 2020, para poder gastar más dinero en el sistema de salud. El gobierno ecuatoriano reembolsó al final un importe de 325 millones de dólares el 24 de marzo. Los acreedores más importantes son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y China. Este reembolso provocó muchas críticas, porque para muchos queda claro que el gobierno actual de Moreno no considera la salud de sus ciudadanos como su prioridad. Después de muchas negociaciones entre Ecuador y los acreedores, llegaron al acuerdo de posponer el pago de las otras deudas. Además, se solicitó ayuda financiera en el FMI para hacer frente a la actual crisis sanitaria.
La caída del precio de petróleo causó daños suplementarios en la economía nacional ya inestable, que depende mayormente de la exportación de petróleo. El sector recibió golpes duros los últimos meses. La crisis sanitaria por el COVID-19, la caída en la demanda del petróleo y el subsecuente conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, causaron la caída del precio del petróleo global, y esto generó un golpe duro para todos los países exportadores del petróleo, incluso Ecuador.
A esto siguió un acontecimiento histórico: el 20 de abril 2020 el precio del petróleo del WTI estadounidense (West Texas Intermediate) cayó hasta – $37 por barril, un precio por debajo de cero. La WTI sirve como punto de referencia para el precio del petróleo en Ecuador, donde la misma tendencia se produjo. Este precio negativo se puede explicar por la baja demanda de petróleo y la falta de espacio para almacenar los barriles de petróleo.
Derrame de petróleo en el norte del Amazonas
Además de la caída del precio del petróleo, la industria petrolera recibió un golpe duro por el enorme impacto ecológico. El 7 de abril 2020 – en medio de la crisis del coronavirus – un derrame de petróleo causó daños graves en la parte norte del Amazonas de Ecuador, más concretamente en la frontera con las provincias Napo y Sucumbios.
El derrame fue causado por la fractura de varios oleoductos, incluido SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano), OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) y el Poliducto Shushufindi-Quito. La fractura se produjo después de la erosión en el río Coca, resultando en el hundimiento del suelo y la caída de presión en las tuberías.
Las empresas Petroecuador y OCP comunicaron inmediatamente la suspensión temporal de la producción de petróleo. Ahora, un mes después, esperan empezar a producir de nuevo, a pesar de que no se han tomado medidas claras para remediar los daños causados por el derrame.
La zona donde se produjo el derrame es considerada como una región de alto riesgo. Organizaciones ambientales como Acción Ecológica y expertos en geología ya alertaron durante la construcción de los oleoductos de las posibles consecuencias ecológicas y sociales. La ruta del derrame no sólo discurre por el volcán activo Reventador sino también a lo largo de tres parques nacionales protegidos (Cayambe Coca, Sumaco Napo Gelaras en Yasuni). También el impacto social del derrame es significativo: el derrame cruza centros de población y no sólo contaminó el río Coca sino también sus ramas laterales, por lo que más de 35.000 personas se quedan sin agua limpia. Un desastre que llega en el peor momento posible, en medio de la coronacrisis.
Minería en tiempos del coronavirus
Como respuesta a la actual crisis económica y sanitaria, el sector minero en Ecuador se propuso como el posible rescate de esta precaria situación. En comparación con la larga historia del sector petrolero, la minería sigue siendo una industria relativamente nueva en Ecuador, aunque su impacto social y ecológico es similar al del sector petrolero.
Aunque el gobierno tomó medidas severas para proteger la salud pública a mediados de marzo, las reglas de la cuarentena no parecen aplicarse a todo el mundo. Las compañías mineras que operan en Ecuador, comunicaron que suspendieron temporalmente sus actividades a causa del brote de COVID-19. En la práctica, sin embargo, el trabajo continuó como de costumbre.
Además, el sector minero abusó de las medidas de cuarentena para obtener el material para una mayor exploración o explotación en su terreno. Esto ocurrió en diferentes lugares del país. En la provincia Pichincha y más concretamente en la región de Pacto (DMQ), una compañía minera abusó la situación de urgencia el 16 de marzo para entrar con camiones y instalar máquinas. Estos acontecimientos no habrían sido posibles en circunstancias normales, ya que habrían encontrado resistencia por parte de la población local.
Las compañías mineras y petroleras en Ecuador son consideradas como sectores estratégicos y por lo tanto recibieron ‘carta blanca’ para poder seguir operando. Surgieron muchas críticas porque las empresas ponen en peligro a las comunidades locales e indígenas de esta manera. Según MiningWatch Canada los campos de minas forman, a pesar de las medidas actuales, un gran riesgo para la mayor propagación del coronavirus. Las regiones de minería son muchas veces aisladas de adecuadas instalaciones médicas y tienen menos acceso al agua potable. Así, la comunidad indígena Shuar informó que la presencia de las compañías mineras en las provincias meridionales del Ecuador les coloca en una posición muy vulnerable.
Los dos proyectos más grandes del país, Fruta del Norte (la minería de oro) y El Mirador (la minería de carbón), que oficialmente empezaron en 2019 con la excavación y la producción del oro y cobre, han reducido su número de empleados en el sitio a más de la mitad. Las autoridades locales en la provincia Zamora Chinchipe, donde se sitúan los proyectos, habían pedido una suspensión temporal de la producción para reducir el transporte y el movimiento dentro y fuera del sitio. El Mirador siguió esta llamada y mientras tanto decidió centrarse en la construcción de una segunda presa residual (‘Tundayme’) para almacenar residuos químicos. Una vez que se levanten las medidas de la corona, El Mirador volverá a aumentar su producción en su totalidad.
El reciente colapso de la industria petrolera en Ecuador suscita dudas sobre la excesiva dependencia de las materias primas crudas y la rígida adhesión a las fuentes de energía no renovables y finitas. También existe una preocupación entre las organizaciones ambientales por el rápido crecimiento del sector minero, que promete sacar a la nación de la crisis pero, al igual que la industria petrolera, está causando enormes daños a las comunidades locales y al medio ambiente.
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