Benieuwd naar wat we vorig jaar allemaal uitgespookt hebben? Hier kan je CATAPA’s jaarverslag van 2019 downloaden, met onder andere een overzicht van onze activiteiten en projecten in Vlaanderen en Latijns-Amerika en onze vernieuwde missie- en visietekst!
Informe ejecutivo también diponible en Inglés, Neerlandés y Francés.
Debido a la escasez de literatura dedicada a las cadenas de suministro de metales al margen aquella sobre su comercio, la investigación de CATAPA acerca de la minería polimetálica en Bolivia ha tenido por objeto revelar los actores y procesos subnacionales, nacionales y transnacionales involucrados en la actividad minera. Se ha realizado una investigación de campo en el departamento de Oruro (Bolivia). Los resultados de esta investigación proporcionan elementos para evaluar las implicaciones locales de la industria global de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto ha ayudado a crear una definición específica acerca de lo que « Making ICT Fair » (Hagamos las TIC Justas) podría significar en cada una de las fases de la cadena de suministro, elaborando un marco en el que se determinan cuáles son los problemas laborales, comunitarios, medioambientales y legales involucrados en el contexto objetivo.
En Oruro (Bolivia), la cadena de suministro de estaño, plata, plomo y zinc – metales necesarios para la fabricación, entre otras cosas, de los dispositivos producidos por la industria electrónica – engloba a múltiples actores. Antes de la exportación, los minerales son extraídos aquí principalmente por cooperativas mineras (junto con minas estatales y minas privadas a pequeña y gran escala), y vendidas a empresas comercializadoras locales, que a su vez se convierten en los primeros proveedores de estos metales en la cadena de suministro internacional. Después, los minerales de la mena extraída son concentrados. El estaño es fundido por una de las dos fundiciones industriales ubicadas en Oruro para luego ser exportado, en forma de lingote, principalmente a los EE.UU. y los Países Bajos. Los concentrados de plata, plomo y zinc son directamente exportados a plantas metalúrgicas de Asia (Corea del Sur, China y Japón) y Europa (Bélgica, Países Bajos y España).
Las investigaciones fueron realizadas desde la fase de extracción, procesamiento y fundición, hasta la exportación. Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de seis cooperativas mineras, algunos proveedores locales, la fundidora estatal y los principales comercializadores internacionales activos en la zona. Esta investigación ha mostrado cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de estándares de calidad obligatorios con criterios sociales y medioambientales, los cuales podrían ser aplicados en las etapas adecuadas a las empresas al momento de realizar la compra de estos metales. También se ha mostrado la ausencia de criterios de trazabilidad que permitan enlazar los diferentes actores y así posibilitar una «responsabilidad social» por parte de los compradores respecto a los actores locales.
La misión de reconocimiento tuvo por objeto la obtención de datos acerca de los impactos producidos por la minería en las distintas fases de la cadena de suministro.
La singularidad de Oruro viene determinada por el importante papel que juegan las cooperativas de pequeña escala en la economía minera local de Bolivia, ya que esta forma de minería involucra a gran parte de los trabajadores de la región. Estas cooperativas son de hecho un sistema de «auto explotación», ya que no tienen un contacto directo con las compañías que compran sus minerales. Si el marco cooperativista implica cierta libertad para los trabajadores (quienes se supone que son socios cooperativistas), éste también conlleva que las operaciones se realicen de forma muy tradicional. Por ejemplo, el trabajo manual sigue siendo predominante a pesar del incremento de la mecanización llevada a cabo en la última década.
En la etapa de extracción, los trabajadores cooperativistas sufren condiciones de salud y seguridad irresponsables, destacando el limitado número de respiradores disponibles, lo que supone la aparición de numerosos casos de silicosis (también conocida como “enfermedad de mina”, causada por el polvo de sílice en los pulmones).
Los cooperativistas trabajando en los procesos de concentración del mineral se ven afectados por el uso incontrolado de sustancias tóxicas como el xantato, el cianuro y el queroseno, que causan directamente irritación de ojos y efectos a largo plazo en el sistema nervioso y en los órganos internos. El contacto directo con ácidos y metales pesados, así como una exposición excesiva al sol y al polvo, causan trastornos de salud y enfermedades cutáneas.
Otro de los problemas principales en las actividades mineras locales es la falta de una planificación a largo plazo. Debido a que los mineros expanden de las sub galerías, la falta de información disponible puede llevar a la aparición de situaciones de peligro como el acceso a áreas que previamente habían sido designadas como zonas prohibidas.
A pesar de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» existentes en Bolivia y del requisito, para la mayoría de los casos, de tener que obtener una licencia ambiental previa a la extracción mineras, todas las actividades de minería implican severos daños medioambientales. Los principales impactos son: el agua ácida generada por la mina, la polución del residuo minero en el aire y la descarga de productos químicos utilizados en los procesos de concentración en los cuerpos de agua (un pH por debajo de 3 es habitual en los cursos de agua alrededor de las áreas mineras).
Las explotaciones mineras tienen un grave impacto en las zonas agrícolas cercanas y aguas abajo. Con frecuencia los agricultores se ven forzados a convertirse en mineros debido a estas consecuencias medioambientales, ya que sus tierras quedan demasiado contaminadas. Es difícil calcular la totalidad del impacto generado en el ecosistema por las muchas explotaciones mineras e igualmente difícil de remediar.
Las mujeres en la minería cooperativista de Oruro son mayoritariamente viudas, que han perdido a sus maridos en actividades mineras o relacionadas, o madres solteras con hijos. Su ingreso en la sociedad cooperativa está restringido debido a que el ingreso de una mujer en la mina está tradicionalmente asociado a atraer la mala suerte en la mina. Por ello, ellas trabajan principalmente en los alrededores escogiendo y picando descartes de roca o en áreas con menores posibilidades de ingresos.
Los ingresos de los mineros dependen de su suerte: o bien encuentran minerales con mena rica en metales o no lo hacen. Muchas mujeres trabajan informalmente, incluso fuera del marco cooperativista. Sin seguro médico ni fondo de pensiones. Generalmente son los principales cuidadores de sus familias, por lo tanto, las mujeres casi siempre llevan la doble carga del trabajo productivo y reproductivo.
El deterioro medioambiental causado por las actividades mineras conlleva un impacto en las actividades de agrícolas, haciendo que en muchas zonas sean imposibles los cultivos, la ganadería o la pesca. Esto ha llevado a la migración de las comunidades agropecuarias hacia las zonas mineras y las ciudades.
El modelo cooperativo hace que sea difícil crear un sistema de gestión sostenible en las minas. La perspectiva a corto plazo crea incertidumbre sobre los ingresos de los mineros, especialmente en los períodos de precios bajos, aunque esta incertidumbre también se debe a que los minerales que extraen no son ilimitados.
Debido al bajo precio de los metales, las cooperativas pueden encontrar dificultades a la hora de invertir mejorar la productividad de la mina a través de la implementación de maquinaria, ingeniería y la exploración de futuras venas de mineral. Las empresas comercializadoras internacionales se benefician de su posición oligárquica usando estrategias para reducir injustamente el precio de los minerales desde el origen, una estrategia que afecta directamente en las cooperativas – el eslabón más débil de la cadena de comercio internacional, teniendo que afrontar pérdidas como resultado.
Las investigaciones llevadas a cabo en Oruro han mostrado la necesidad de aumentar la concienciación a nivel estatal acerca de las violaciones de derechos humanos producidas en las zonas mineras, con el objetivo de conseguir así una mejora de sus condiciones. Esto es necesario para poder conseguir recursos y personal supervisor que pueda garantizar la aplicación de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» y de las distintas regulaciones medioambientales, al igual que para el monitoreo de los derechos humanos en relación a los estándares sociales, laborales y de seguridad.
Bolivia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales acerca de los derechos humanos como la Declaración universal de derechos humanos, la cual exige a todos los estados firmantes a proporcionar « condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo » (Artículo 23) así como el « derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia (…) » y el derecho a la seguridad en caso de « (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad » (Artículo 25 . 1).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de la OIT compromete a los estados a garantizar desde el año 1976 « condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7 ii b), así como el « el máximo estándar de salud alcanzable » (Artículo 12 i).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) también proporciona protección a los mineros bolivianos, que prevé el derecho a unas condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (Artículo 7), así como el derecho a la salud (Artículo 10).
El mercado internacional de concentrados de zinc-plata-plomo de Oruro está dominado por un pequeño grupo de compañías internacionales que importan y revenden o funden estos minerales: Korea Zinc, Trafigura y Glencore. Incluso aunque estas compañías no estén legalmente vinculadas a los tratados sobre derechos humanos mencionados más arriba, son las principales partes interesadas dentro de la cadena y deben tomar responsabilidad por las violaciones de derechos mediante un controlado cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre la Debida Diligencia de la OCDE para unas Cadenas de Suministro Responsables.
El seguimiento de las cadenas de suministro es pretende crear un marco de trabajo responsable en las relaciones entre las compañías globales y sus diferentes proveedores, como parte de la creciente demanda de responsabilidad social de las corporaciones transnacionales. Esto significaría, en lo que se refiere a las cadenas de suministro, que los minerales que sean extraídos incumpliendo los estándares sociales y medioambientales mínimos ya no serían utilizados dentro del mercado internacional.
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, define específicamente la « Debida Diligencia » como un « proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el que las compañías pueden asegurar el respeto a los derechos humanos y ayudarles en el cumplimiento del derecho internacional ».
Los « Riesgos » son definidos en relación a los impactos potenciales adversos en las operaciones de las compañías, que resultan de su propia actividad o de su relación con terceros, lo que incluye a los proveedores y a otras entidades presentes en su cadena de suministro. Esta amplia perspectiva significa que las empresas comercializadoras internacionales están obligadas a respetar esta debida diligencia en relación con todas las partes implicadas en la cadena de suministro, incluyendo a los trabajadores de las cooperativas mineras.
Hacer las TIC justas requeriría que las empresas internacionales comercializadoras de metales vinculadas a Oruro siguiesen una serie de pasos para la debida diligencia tal y como se exige en la Guía:
Para poder obtener unos resultados favorables para los actores locales, las distintas partes interesadas de la cadena de suministro deben convertirse en colaboradores dentro de un nuevo marco monitoreado, donde las instituciones públicas tienen que tener el rol de promotor y controlador de las diferentes iniciativas.
Tanto las cooperativas como los proveedores locales han mostrado un claro interés por un sistema monitoreado con el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo cual supone un punto de partida para ser optimista acerca del desarrollo de un sector de las TIC justo y responsable, el cual necesitaría incluir:
Traducido por: Javier Núñez Corbal
Lea a continuación el informe completo.
Author: Mirna Fernández
If there is one thing which the Covid-19-outbreak has brought to the surface in a very clear way, it is the existing global inequalities. To which extent communities are able to withstand the crisis, depends a lot of their access to healthcare, sanitation and food systems.
The reality in the region of Loreto, located in the Peruvian Amazon, shows that this pandemic and its socioeconomic implications will pose severe threats to some of its most vulnerable communities.
When the first positive cases of the coronavirus were confirmed in Loreto, the hospitals were already close to collapsing. The Peruvian Health Minister, Victor Zamora, announced that Loreto was facing two “big problems” at the same time: Coronavirus and Dengue.
Before the arrival of Covid-19 the region of Loreto was victim of one of the worst episodes of a dengue epidemic in the history of the region. According to the National Center for Epidemiology, Prevention and Control of Diseases (CNE), only in the first 3 months of 2020, the number of cases of dengue in Peru reached 8 times the amount of cases compared to the same period last year. Loreto has reported the biggest number of cases, with 3,925 in total, which is 31 times higher than the same period last year. This was already a heavy burden for the weak regional health care system. In the hospitals, few beds were available for the many patients that needed to be covered by mosquito nets to prevent the spread of the disease to other patients in the hospitals.
The Covid-19 outbreak disrupted Loreto, as the region doesn’t have enough beds ready to use in Intensive Care Units (ICU). The Regional Hospital of Loreto – the biggest and most equipped hospital of Loreto – has only 12 ICU beds for Covid-19 patients, of which 10 are already in use. The other hospitals in the region all together have only 9 extra ICU beds and all of them are in use already by non Covid-19 patients. This should cover a population of 884 000 inhabitants. Belgium, in comparison, has a population of 11.46 million inhabitants and 1864 ICU beds, of which 785 remain free for future patients needing Intensive Care. The fact that only 2 ICU beds remain free for the whole region of Loreto is a hard reality check.
While the pandemic is spreading in the region, everyday we hear reports from health personnel dropping out due to a lack of protective equipment. A hospital called ESSALUD had to close temporarily when 4 health workers were tested positive, and improvised health centres had to be put in place to continue the medical attention for its patients. The president of the Medical Federation of Loreto, María Huilca Chambi, pointed out the lack of biosecurity for the personnel taking the samples for Covid-19 testing. “We are putting our lives at risk”, she said.
Loreto is currently the region with the fourth highest amount of most positive cases in Peru, with 619 to date. This is the result of 2876 tests performed in the region since the beginning of the outbreak, according to the official government data. There is an obvious lack of tests, labs and equipment for the personnel’s health, which did not improve much since the beginning of the outbreak. This raises questions about the credibility and transparency of the local authorities.
Loreto does not have a diversified agricultural production, due to the hard conditions that the Amazon ecosystem poses on peasants. With mainly poor, infertile soil where crops are often suffering from erosion due to heavy rains and from different plagues, only a limited variety of crops can survive. Therefore, the region needs to import massive amounts of food, especially vegetables, from other regions of Peru.
The transportation of imported food is especially complicated for Loreto. Its main city, Iquitos, which has about one million inhabitants, is the only major city in Peru that is not accessible by road. The imported food from other regions needs to arrive either by air or by ground transportation until Yurimaguas, and from there by boat for more than 3 days. The regional food supplies reach Iquitos by boat, coming from local communities settled on the river sides.
Family agriculture produces 70% of the food supplies that are consumed in Peru. In many cases, this means that the surplus food production of small families is sent to other regions by means of passengers’ transport, which is now prohibited by the State of Emergency. The cargo transport of food supplies is allowed, and people working in the food supply sector are officially allowed to pass by regularly. However, to obtain the necessary permits with the National Police, you would need to provide certain certifications that many small producers don’t have.
Therefore, if prices of basic food in the region have increased, it is directly linked with the State of Emergency declared by the government of Peru and its transport restrictions. Basic fresh food items like eggs, potatoes, tomatoes, bananas and onions have doubled in price since the beginning of the lockdown.
Speculation is another cause of increasing food prices. There was a wave of panic among the inhabitants of the country, especially during the first days of the lockdown, so the markets and stores were wiped out of some products. The resulting demand in turn increases the prices. While the Peruvian government is trying to send positive messages to the population ensuring that there will not be a shortage of food supplies, the outcome is nonetheless that the prices of some products might take a while to stabilize after the panic-buying.
There are also very strict and inconvenient rules put in place during the State of Emergency regarding groceries shopping. In Iquitos, markets start business around 5 am and the police force the vendors to start closing by 9:30 am. The result is a major assembly of people trying to buy their food in the very early hours of the morning, which absolutely poses more risks for mass contagion.
There is no national action plan for Covid-19 focused on Indigenous Peoples, despite the demands from the largest national indigenous organization, Aidesep, and the regional organization of indigenous federations, Orpio. They demand the participation of indigenous peoples’ representatives in the planning and implementation of measures to avoid scenarios of mass contagion in the indigenous communities.
Indigenous peoples’ organizations from Loreto such as Fediquep, Feconacor, Opikafpe and Acodecospat have proposed sanitation protocols to be urgently implemented, but they are still waiting for a response from the government. Loreto compasses more than 24% of the Amazon indigenous population in Peru according to the latest national census. It is the region with the most indigenous communities in the country, which count about 1200. But in most of these communities, health posts have a shortage of supplies, even more so during this sanitary crisis.
There is only one lab in the region that can process the Covid-19 molecular tests: it is located in Iquitos. The Regional Health Director, Percy Minaya León, mentioned that his main concern is the population in remote areas and close to international borders, which includes indigenous and native communities. In these areas, the health care personnel that takes samples for example in Santa Rosa o Caballococha (near the borders with Colombia and Brasil), must travel by boat on the Amazon river for more than 12 hours and then go back to the lab in Iquitos with the samples for testing. There are not enough tests, nor enough personnel to cover these areas appropriately in terms of Covid-19 testing.
Out of fear of getting infected by the virus, several native communities took the decision to block all entrances to their territories in order to isolate themselves. They prefer not to receive any donation rather than exposing themselves to possible infection. However, not everybody is respecting their decision. There are unscrupulous merchants, hostile public officials, rapporteurs, illegal loggers and miners, uninformed military and police, and other outsiders who do not understand that their decision falls within their right to self-determination and is valid and well-founded.
There are many basic needs which lack coverage for indigenous peoples in the Peruvian Amazon, now representing major obstacles for their wellbeing during this health crisis. According to the census for native communities conducted in 2017, only 9,8% of the indigenous population in the Amazon has access to the Internet, where they could consult the most recent prevention and protection measures. Moreover, only 25,8% of these communities have access to a public drinking water system, complicating washing hands to prevent infections.
To overcome this crisis, the national and regional governments have a huge amount of work to do, especially in these remote areas, to avoid the worst-case scenarios, in which the most vulnerable communities become infected on large scale. After the crisis it will be necessary to evaluate to which extent the government failed to meet the needs of the indigenous population during this pandemic.
You can also read more about the COVID-19 situation in Peru in our other blog post Caning, arrests and social issues: Ten days of quarantine in Peru.
We again reached a record. The amount of material consumed by humanity has passed 100 billion tonnes every year*. At the same time the percentage of materials recycled is lower than the years before. In short, we are overconsuming. To satisfy our increasing demand of goods companies look for the lowest production cost, which means bad labor conditions and the generation and accumulation of tons of waste only to get the highest amount of profit. Let’s think together about solutions before there are no resources left!
During the 11th edition of CATAPA’s Open MinEd international speakers tour we focus on the impacts of our constant demand for products and the resources we need to produce them. We will zoom on workers in China, producing our electronic devices in awful labor conditions. We will go to Colombia where everything starts with the extraction of gold, a basic resource in all our ICT products, creates all kinds of problems for communities. And lastly, we put the ecological and social consequences in the spotlight of one of our most important resources: oil. During the diverse events of the speakers tour we will look for answers, search for alternatives to our current way of producing and consuming, highlighting fair initiatives and inspiring movements.
We are glad to host three speakers, witnesses of exploitation and struggle, who are fighting for a just world:
– Lap Hang Au is a member of the Labour Education and Service Network in Hong Kong. He will talk about the workers’ conditions in ICT factories in China and he has specific expertise in the impact of lithium-ion batteries used for electric cars. These are considered fundamental for the Green Transition.
– Antonella Calle Avilés is an Ecuadorian feminist and ecologist. She is active in our partner organization, Acción Ecológica, an environmental organization engaged in campaigns on the impacts of extraction. For years, Antonella has been an environmental rights defender and, at the moment, she is mainly focused on the oil extraction project in Yasuní national park, one of the most biodiverse places on earth.
– Yefferson Rojas Arango is the co-founder of our partner organization COSAJUCA in Colombia. It’s a youth collective successfully fought against a huge open pit-gold project called ‘La Colosa’. Now the collective and Yefferson are focusing on alternatives to mining in the region, such as organic farming. He is particularly interested in agro ecology and medicinal plants.
From 8 – 15 March our international guest speakers will participate in events and lectures in different cities and universities of Belgium, telling their stories and sharing their knowledge.
THURSDAY 5th March
Evening tbc | Opening exhibition: Activism and feminism | ES, NL
@Antwerp – Mundana, Paardenmarkt 74
SUNDAY 8th March
9:30 – 11:30h | ANTONELLA | Ontbijt met een Rebel (Belmundo) | NL
@Ghent – Bond Moyson, Vrijdagmarkt 10 (take the entrance through the door in the street ‘Meerseniersstraat’)
MONDAY 9th March
20h | ANTONELLA | GEC Talks (Belmundo) | NL
@Ghent – Lekker GEC, Koningin Maria Hendrikaplein 6
14:30 – 17h | ANTONELLA | Guest lecture | EN
@Ghent – Universiteitstraat 4, auditorium B
16 – 17:30h | AU | Guest lecture | EN
@Heverlee (Leuven) – KU Leuven Celestijnenlaan 200C-01.06 (aula D) (Campus Heverlee)
8:30 – 9:45h |YEFFERSON | Guest lecture | ES
@Gent – UGent, Abdisstraat 1, auditorium A410
13 – 14:30h | YEFFERSON | Guest lecture | NL
@Gent – Campus aula, universiteitsstraat 4, auditorium D (straatkant, vlak aan kalandeberg)
TUESDAY 10th March
11 – 12h |AU | Webinar from Fair ICT Flanders: Labour conditions in Battery factories in China | ES
@Online
14 – 15:30h | AU | Guest lecture | EN
@VIVES Brugge
18 – 19:30h | AU | Guest lecture | EN
@Gent – address + auditorium to be confirmed
20h | ANTONELLA | Cinema Belmundo, movie screening of By the name of Tania | NL
@Gent – Studio Skoop, Sint-Annaplein 63.
WEDNESDAY 11th March
12:30 – 13:50 | YEFFERSON | Spanish Class | ES
@Antwerp – Universiteit Antwerpen Stadscampus – auditorium tbc
THURSDAY 12th March
9 – 10:30 | YEFFERSON | Guest lecture | EN
@Leuven – KULeuven HIVA Parkstraat 47
13 – 17h | AU | Conference: “Green Transition Challenged by the Metal Supply Chain” | EN
@Flemish Parliament, Brussels https://kuleuven.sim2.be/registration-for-green-transition-challenged-by-the-metal-supply-chain/
FRIDAY 13th March
14:30 – 17:15h | ANTONELLA | Guest lecture: Political issues of sustainability: ecology, justice and North-South relations. The case of mining | NL
@Ghent – UGent, Universiteitsstraat 4, auditorium tbc
10:45 – 12:15h | AU | Guest lecture: Car technology & automotive engineering | EN
@Sint-Katelijn-Waver- KU Leuven Technology Campus De Nayer, Jan Pieter de Nayerlaan 5, ROOM A002
Evening tbc | ANTONELLA & YEFFERSON | Fun(d)raising concert |NL, ES, EN
@Gent – to be confirmed
SATURDAY 14th March
17:30 | ANTONELLA & YEFFERSON | Benefit Dinner Ecuador – Colombia | NL
@Gent – Louisaal (Buurtcentrum Macharius), Tarbotstraat 61A.
SUNDAY 15th March
Morning tbc | YEFFERSON | Brunch with Farmers |
@Brussels – address to be confirmed
*The Circularity Gap Reporting Initiative: a global score for circularity
El desierto de Acatama en Chile, el desierto más seco del mundo, está perdiendo gradualmente sus últimos recursos hídricos. Las comunidades indígenas han estado dando la voz de alarma durante varios años y ahora están siendo fortalecidas por la investigación científica y las organizaciones ambientales. ¿Por esta deshidratación? Minería de litio.
El litio es esencial para las baterías de nuestros teléfonos, nuestros ordenadores y para los vehículos eléctricos, con un explosivo aumento en demanda, que a menudo se ven como la clave para una transición a la energía verde. Chile, que posee la mitad de las reservas mundiales de litio, ha sido declarado “la Arabia Saudí del litio” y casi todas sus exportaciones se extraen actualmente del desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo. Pero extraer el litio de Atacama significa bombear grandes cantidades de recursos hídricos escasos. Recursos hídricos que han permitido a los pueblos indígenas y a los animales sobrevivir en el desierto durante miles de años.
Según los investigadores, la extracción ya está causando daños duraderos a los frágiles ecosistemas de la zona. En Atacama y en otras partes de Chile, las comunidades indígenas están protestando contra los planes actuales y futuros de extracción de litio. Muchas comunidades afirman que nunca fueron consultadas antes de los proyectos mineros, aunque las autoridades chilenas están obligadas a hacerlo en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado chileno. El centro de investigación Danwatch puede documentar que compañías como Samsung, Panasonic, Apple, Tesla y BMW obtienen baterías de compañías que usan litio chileno.
Con las incomparables reservas de litio del país y la creciente importancia del metal para el sector energético, Chile ha recibido ocasionalmente la etiqueta de “la Arabia Saudí del litio”. Casi el 40 por ciento del suministro mundial proviene de Chile en los últimos 20 años y, como Danwatch puede revelar, termina en algunos de los aparatos electrónicos y coches eléctricos más populares. El metal es uno de los productos más populares del sector energético chileno.
Sin embargo, las comunidades indígenas de Atacama se vieron atrapadas. Chile ha firmado el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se llevan a cabo proyectos importantes en su zona. Sin embargo, según la gente de Pai-Ote, no fueron consultados antes de que los proyectos de litio fueran presentados en los medios de comunicación. “Nos enteramos por la prensa que se había hecho un acuerdo que permitió a SQM iniciar la minería de litio aquí. Nadie le preguntó al pueblo Colla si quería que la minería estuviera en su territorio”, dice Ariel León, representante de la comunidad Colla.
El litio chileno se puede extraer a bajo costo: los mineros bombean salmuera rica en litio desde un depósito masivo bajo la planicie salada de Atacama hasta enormes charcos en la superficie del desierto. La mayor radiación solar del mundo hace que el agua de la salmuera se evapore rápidamente, haciendo que el litio se recoja junto con otras sales y minerales.
Durante este proceso, el 95% de la salmuera extraída se evapora en el aire. Esto acelera la escasez de agua en Atacama, según Ingrid Garcés, profesora de tecnología de la Universidad chilena de Antofagasta, que realiza investigaciones en salinas. “En Chile, la minería de litio es considerada una forma normal de minería, como si se tratara de una roca dura. Pero no se trata de una actividad minera habitual, sino de la extracción de agua”, dice.
Las dos empresas detrás de la minería de litio en Atacama, la chilena Soc. Química & Minera de Chile (SQM) y la estadounidense Albemarle Corp., tienen permisos para extraer casi 2.000 litros de salmuera por segundo. Además de la salmuera, los mineros de litio también extraen cantidades significativas de agua dulce junto con las minas de cobre cercanas. “El resultado es un impacto en la biodiversidad en general. Y ese efecto ya es visible: los humedales se están secando”, dice Ingrid Garces.
Las comunidades indígenas de Atacama han estado dando la voz de alarma sobre la escasez de agua durante años. Según el Consejo del Pueblo Atacama, que representa a 18 comunidades indígenas, los ríos, lagunas y praderas han disminuido en agua en la última década. Sin embargo, las autoridades chilenas han confiado en gran medida en las evaluaciones de impacto ambiental de las propias empresas mineras. Y, en general, estos estudios no han encontrado ningún impacto significativo en los niveles de agua o en la naturaleza circundante.
“Para la población local, el cambio es muy claro. Notan que hay menos agua para sus animales y ven cómo los ríos se secan. Estos conocimientos anecdóticos no son tomado en serio por las empresas ni por el Estado”, afirma Cristina Dorador, bióloga y profesora asociada de la Universidad chilena de Antofagasta, que estudia la vida microbiana en Atacama.
En agosto de 2019, un análisis de imágenes de satélite realizado por la empresa de análisis de satélites SpaceKnow y la revista científica Engineering & Technology llegó a una conclusión similar. Con base en imágenes satelitales del período 2015-2019, se observó una fuerte relación inversa entre el nivel de agua en las lagunas de litio de SQM y las lagunas circundantes: “A medida que el nivel de agua en las lagunas de SQM aumentaba, el nivel de agua en las lagunas descendía”.
Irónicamente, el salar de Atacama fue una vez un gran lago antes de que se secara hace miles de años debido al severo cambio climático. Los científicos están estudiando el desierto hoy en día como un ejemplo de lo que puede suceder con los ecosistemas en otras partes del planeta si el cambio climático global se hace efectivo. Pero en un esfuerzo por mitigar el aumento de las temperaturas con coches eléctricos, las industrias están absorbiendo la poca agua que queda en el desierto más seco del mundo.
Las empresas a menudo hacen un “greenwashing” o ecoblanqueo. Esta narrativa de ecoblanqueo se basa en la afirmación de que es necesario un aumento sustancial de la minería de metales para satisfacer las necesidades materiales de las tecnologías de energía renovable y la infraestructura asociada. Sin embargo, el sector de las energías renovables no consume o consumiría en ningún caso la mayor parte de la producción anual de metales. Sin embargo, esta narrativa permitió a las compañías mineras sacrificar nuevos sitios para explorar y explotar.
Danwatch, SETEM y CATAPA hicieron una investigación sobre el impacto de la exploitación de litio en la campaña Europea Make ICT Fair. Este proyecto quiere hacer más visible la cadena de suministro de la electrónica e influir en los compradores públicos para que pidan a sus proveedores de TIC, tanto a las empresas mineras como a las manufactureras, que mejoren las condiciones medioambientales y laborales. Litio, como uno de los metales más importantes en la transición a la energía verde, es el enfoque de este artículo.
Danwatch ha estado en Chile para investigar la creciente industria de extracción de litio del país. En el proceso, han entrevistado a numerosos científicos, empresas, políticos y a las personas que viven más cerca de los sitios de extracción. Han revisado los estudios de impacto de las compañías mineras, así como los pocos documentos de investigación independientes sobre el tema. Basan especialmente la investigación en un estudio de 2019 sobre la minería de litio en Chile realizado por investigadores de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad del Estado de Arizona.
La investigación está apoyada por el proyecto financiado por la Unión Europea, Make ICT Fair, y publicado en colaboración con SETEM y CATAPA.
DISPOSITIVOS QUE DRENAN EL DESIERTO
Pueden encontrar todos los artículos del proyecto de investigación a continuación.
ARTICULO 4: Probablemente haya litio chileno detrás de la pantalla en la que estás leyendo esto.
ARTICULO 5: ¿Cuánta agua se utiliza para fabricar las baterías del mundo?
ARTICULO 7 / VIDEO: Observe los surrealistas paisajes de extracción de litio desde arriba
As all neighboring countries of Peru are stuck or have been stuck in violent protests recently, Peru seems calm. Cajamarca, known for its huge protests to stop the mining project of Conga, seems calm.
Those protests happened only about 7 years ago, in 2011 and 2012, and still have a special taste in everyone’s mouth. Everyone in Cajamarca today has lived them profoundly. Everyone has somehow been part of the cruel protests. But looking at Cajamarca now, it seems like the idea of protesting has died. It seems like people have quietly accepted legal and illegal mining activity in the region. For example, there seems to be no reaction to the new mining project Michiquillay of the company Southern Copper, which they hope to start using in 2022. And there is very little reaction to the contamination of the Valle de Condebamba, where vegetables most Cajamarquinos eat get produced and are severely contaminated with toxic metals.
Why is that? Why do people stay calm? Is it because there are too many protests in Peru? Because they got tired? Because of the number of social conflicts that never get resolved? Because of the 279 people that died defending human rights until 2018 in Peru? Because of the horrible criminalization of protests in Peru in all its forms – both direct attacks as methods like states of emergency? Because of the memory of the horrible protests in 2012?
All very good reasons to not take to the streets anymore. But the truth is – the protests have never really stopped. They have just taken different forms.
Calm, silent protests are happening everywhere. Protesting doesn’t mean aggression. Protesting means showing how things can be different, making people think, for example through art, photo exhibitions, music, whatever you feel like. Protesting can be as silent or as violent as you want it to be. It’s your fight.
So yes, people in Cajamarca – or in Peru – might be tired of protest marches. It’s easy to see that the protest marches for women rights are smaller every year. The three climate change actions we’ve organized this year shrunk every time, and in June, when bull fights came back to Cajamarca after years, we were just a small group screaming outside of the arena holding up cardboards and getting laughed at.
But almost no one came to see the bull fights. The stadium was empty, which made the government cancel the second day of fights. And isn’t that a sign that Cajamarca doesn’t want bull fights anymore? Isn’t just not showing up a form of protest too? Isn’t silent protest, protest too?
Protest is what you want it to be. And using art as a form of protest isn’t something new. In fact, it represents the way of protesting in Peru. In the world. And all through history.
It’s said that art as a form of protest or activism was first seen with Dada, an anti-war movement which openly outed critiques to the First World War. Picasso protested with paintings based on for example the Spanish Civil War. The Vietnam War formed a base for many works of art in the sixties, and also gender issues, feminism, immigrant problems, and so on, got addressed through art. And then we haven’t even mentioned Banksy yet with all his work on all kinds of global issues, or the Russian feminist punk-rock band Pussy Riot that dealt with themes as feminism, freedom of speech, LGBT+ rights, etcetera, through their music.
Art is political, and art can be a powerful weapon. Art can make you think about things you hadn’t thought about before. Art can make a political statement, can be some sort of critique on a political or social situation. Art often looks up boundaries, or crosses them.
Also during the awful protests against mining project Conga in 2011 and 2012, art was used. The Plaza de Armas in Cajamarca changed into an art gallery, there were concerts, people were singing and dancing on the street. The Marcha del Agua towards Lima was beautiful with everyone singing together. And that has never stopped. That’s still part of Peru’s – or Cajamarca’s – culture. Art is protest.
As Carlos, founder of an environmental organization in Cajamarca says: “Art has a great impact on people. People get conscious about the environment, and on top of that about the beauty of the art and the people.” Art has an incredibly creative power to move people emotionally, while activism sets a goal, shows us the social or political change we need to see in the world. Art moves a feeling, while activism creates an effect. And in order to make that change, in order to get that effect, we need some sort of stimulation. We need to be moved. Emotionally. Art and activism combined, can lead to many, many things.
On top of that, art used as a form of protest, outside of actual protest marches or political spaces, gets you a surprise effect. It makes people think about serious, maybe political, issues, without them maybe realizing it. It gets in your mind, and slowly, gets you to that effect activism wants to reach.
Murals for example, big paintings on walls, are widely used as a form of protest or activism in Cajamarca and in Peru. In the province of Celendín the streets are full of colourful walls. And also in Cajamarca the city is covered in painted walls, leaving powerful messages. Something we could already see in the beginning of the 20th century in Mexico.
And I have to admit, while painting one of those murals, thinking about the load of work waiting for me on my desk, I did think to myself that I could use my time better. That I could actually do something useful to help the environment, instead of just paint. That I shouldn’t waste my time painting a wall with a message probably no one would read. But was I wrong. All the people passing by that day stopped to check out our message. To see what it was about. And still very often, as I walk passed that wall, I see people talking about the painting. Maybe the mural didn’t gain the change immediately. But it is changing people’s minds, slowly, daily, firmly.
The same happened when we used a beautiful Cajamarcan tradition as a form of activism. On Corpus Christi, the whole Plaza de Armas gets covered in alfombras, or flower carpets. We focused on animal rights and protested against the bull fights with our carpet, whereas some others used it to address gender inequality, for example. And in between the beautiful art works, those pieces of art showing some sort of social or political issue, were the alfombras where most people stood around, discussing what they saw. Not what was actually there, but what they saw, what it meant to them, what they understood the message was. It made people rethink their own actions.
And that’s not all. Ecological fairs keep popping out of the ground like mushrooms, focusing on economic alternatives to mining and environmental issues, and that way making passengers-by think about the impact of mining activity without them realizing that’s what it’s about. Wakes are organized to mourn the death of our environment, combined with a beautiful piano concert, to focus on environmental issues in a different way. Theatres are held all through town showing the effects of gender inequality or climate change. Movie nights focusing on social themes are a big thing.
The lyrics to the typical cheerful carnival music of Cajamarca get changed to songs defending human rights and are being sung whenever the opportunity shows.
A few weeks ago a protest action was held at Cerro Quilish. Only about 30 people showed up, hiking to the top of the mountain from where you could look out over Yanacocha. But those 30 people brought up their giant speaker, singing and dancing their way up. And after the talk on top of the mountain, the volume of that same speaker was turned up a bit more.
People opened their bags, uncovering bowls of food, giving everyone a spoonful of whatever they had brought. Sharing. Dancing. Singing. Turning a protest into a beautiful moment together, showing their strength, their traditions, their bond. Showing they are one. Unstoppable. Finding happiness in protest.
There’s loads of centers that open their doors for all kind of social movement or activity, for free, supporting artists. There’s a cultural magazine made entirely by volunteers that also hold events every few weeks addressing for example topics as cultural identity, traditions, history. There’s movies or poetry in Quechua to make people rethink their roots and history. There’s dozens of bands in Cajamarca singing about animal rights or human rights or violence against women or any topic you can think of.
Lots of youth organizations take charge and organize fun activities for all ages such as actions on recycling with quiz questions and prices to win. Photo exhibitions focus on what nature should look like and shows the work of different human and environmental right defenders.
Of course, protesting is hard in Peru. And it’s sad that there’s still so much to protest about. But at least we know it will always be here, in its own way. And protesting can be so, so beautiful.
There’s resistance. There’s hope. In all its forms. Don’t underestimate the power of art. And don’t underestimate Cajamarca.
On the 2nd of October, CATAPA had the honor of receiving Armenian activist Anna Shahnazaryan, from the Armenian Environmental Front. She is part of the Save Amulsar campaign, which for years has been opposing the Amulsar gold mine by Lydian International. The Amulsar mine is the second largest gold deposit in Armenia. Shahnazaryan travelled to Belgium to have conversations with EU lobby groups and managed to give a short presentation with CATAPA.
During this gathering, we also met Laura Luciani (author of this article), who is a PhD student at the Centre for EU Studies of Ghent University, where she researches human rights and civil society in the South Caucasus.
ORIGINAL ARTICLE in the East Journal in Italian, by Laura Luciani.
In 1986, a group of 350 Armenian intellectuals wrote an open letter to Mikhail Gorbačëv to denounce the catastrophic consequences of pollution caused by heavy industries, whose repercussions had long been ignored by the Soviet authorities. Even though for over thirty years environmental protests have been taking place in an almost cyclical way in Armenia, and the damages caused by irresponsible industrial practices are constantly monitored, today citizens still have to take to the streets to prevent yet another ecological disaster.
For seven years, local communities and environmentalist groups have been opposing the construction of a gold mine in Amulsar – a mountainous area in the South of Armenia, located in the centre of the national water supply system. But in the last year, in the wake of the political changes that affected Armenia, this local protest has taken on a transnational dimension: now, the “post-Velvet-Revolution” government led by Nikol Pashinyan finds itself having to handle it with caution.
Armenia is a country rich in mineral resources including copper, gold, but also lead, silver, zinc and other industrial minerals; these constitute more than half of the country’s exports. With a surface of less than 30,000 km2, Armenia counts today around 27 authorized mineral sites, of which 17 are active. However, the exploitation of these deposits has for decades been at the centre of controversies due to mismanagement and to these extractive projects’ extremely negative environmental effects.
In 2012, a mining company called Lydian Armenia (subsidiary of the offshore company Lydian International) signs a first deal with the Armenian government, at that time led by the Republican Party. In 2016, the company receives the final mine operation permit, even though the project is highly problematic. Amulsar, which is the 2nd largest gold deposit in Armenia, is in fact located only 6 km away from the spa town of Jermuk, famous for its thermal water: the inhabitants (who were not consulted about the project and its impact) fear that the proximity of the mine and the pollution resulting from it may discourage tourist flows to the town, thus affecting the community’s main source of income.
Scientists also indicate that the project could have ecological repercussions on a much larger scale: the Amulsar deposit is located within a seismic area, which increases the risk that acid drainage processes, accelerated by the excavations, leak in and contaminate the surrounding rivers (Arpa, Vorotan and Darb), with negative consequences for agriculture and livestock. Furthermore, contamination threatens to reach Lake Sevan – the largest freshwater reservoir of the country and an almost sacred place in Armenian popular culture. Last but not least, the project would alter the Amulsar ecosystem, which hosts different protected species including the Caucasian leopard (or Persian leopard) – of which only 10 specimen remain in Armenia.
After years of protest, in June 2018 the local communities decided to seize the window of opportunity opened by the “Velvet Revolution” that took place over one month earlier (thanks to an unprecedented wave of mass peaceful protests) to undertake direct action and block the streets leading to the mining site. The #SaveAmulsar campaign was born: for over a year and a half, local people supported by environmental activists have been supervising the entrance to the mine, doing shifts in checkpoints they built for this purpose, and managed to effectively stop the works in the construction site.
However, the citizens’ euphoria suffered a severe blow on 9 September this year: after opening an investigation and commissioning an independent assessment of the project’s environmental impact, prime minister Nikol Pashinyan unexpectedly gave the go-ahead for the digging in the Amulsar gold mine, asking protesters to clear the streets. As Anna Shahnazaryan, Armenian Environmental Front’s activist, explains in an interview for Kiosk (T.N. Italian radio programme), “the independent report, published in August, stated that Lydian’s estimations about the mine’s impact on water resources were incorrect, and that the project contained several evaluation errors – including intentional ones. Therefore, the environmental impact mitigation measures envisaged by Lydian were not adequate”.
Nevertheless, the Investigative Committee and the prime minister himself concluded that the company would be able to manage all the environmental risks. “For this reason, – Shahnazaryan continues – in the last two months the situation has become hectic: the prime minister took the side of Lydian and organized different meetings with the company’s representatives, while we activists took to the streets both in Amulsar and in Yerevan”.
Experts suggest that Pashinyan is defending the private interests of Lydian Armenia and its investors (among which the USA, the United Kingdom and several international financial institutions) to prevent the company from having recourse to the Investor-State Dispute Settlement (ISDS). This is an international mechanism which allows a foreign investor to request arbitration by a corporate court if the “host-state” violates its rights: this decision could cost Armenia around two billion dollars, that is two thirds of its state budget.
However, there are also people who believe that Pashinyan’s ambiguous position is symptomatic of some criticalities of Armenia’s post-revolutionary government: first, the lack of an ideology going beyond the mere overthrow of the corrupt political system, which for ten years had been in the hands of former president Serzh Sarghsyan. According to Anna Shahnazaryan, “the current government uses many slogans, but behind the slogans there is little action. And one of these slogans is ‘we will not follow the economic path traced by the previous government, which focused on the mining industry, but we will try to develop new sectors such as tourism and the IT sector’”.
In reality, the “economic revolution” that Pashinyan wants to bring about in Armenia seems to be based on the same neo-liberal approach of the previous government, aimed at “opening up the country” to multinationals and foreign investors (with the 400 million dollars destined for Amulsar, Lydian would be the largest single investor in the history of independent Armenia). An understanding of “development” which disregards ecological considerations, human rights and the citizens’ well-being.
Another problem, Shahnazaryan points out, is that “with the revolution in Armenia people developed a certain idolatry of the current prime minister, who is considered the leader of the revolution. Many former activists who participated in the revolution and were then elected to Parliament have now expressed ‘unconditional support’ to Pashinyan’s position on Amulsar”. According to Shahnazaryan, this raised many doubts, even among those who were not necessarily opposed to the project, “because it is something that undermines the democratic structure of the country: the legislative body should not be ‘unconditionally supporting’ the person that it is in charge of supervising”.
Last year, the Armenian Environmental Front launched a petition requesting municipal councils in Jermuk and other towns in the region to ban all mining activities and declare Jermuk an ‘ecological area’. Although the petition has collected 12,000 signatures so far, the government has recently appealed against this initiative. Lydian Armenia is also putting pressure on protesters through legal channels.
Meanwhile, activists are trying to internationalize the movement, with the aim of exposing the responsibilities of international financial institutions (in this case, the European Bank for Reconstruction & Development) and other project funders (notably, the Swedish government which channelled money to Amulsar through state export-credit funds) in the global phenomenon of extractivism – namely non-sustainable development practices based on the extraction of mineral resources at the expense of local communities’ interests and the environment on which they depend.
Anna Shahnazaryan is convinced that the government cannot give a definitive authorization to Lydian “because the citizens are firmly opposed to the project, and if Pashinyan decides to use violent methods this will only turn against him”. The stakes in Amulsar seem to be very high: they do not “only” touch upon the protection of the environment and natural resources, but also the legitimacy of Nikol Pashinyan and the future of democracy in Armenia.
On the morning of the 1st October, the Make ICT Fair consortium held a breakfast event at the European Parliament in Brussels attended by around thirty participants. The event was hosted by Austrian MEP Monika Vana of the Greens/EFA and Swedish MEP Abir Al-Sahlani of Renew Europe in the Members Salon of the Parliament. The breakfast was organised to raise awareness of sustainability and human rights abuses in the supply chain of information communication technology (ICT) products, as well as facilitate the discussion on the role of MEPs in promoting EU policies on human rights, European development banks and public procurement.
MEP Abir Al-Sahlani said: “Our societies have benefited greatly from globalization. But it is important to raise awareness of human rights risks associated with the production of some of the most popular products that many of us enjoy – like smartphones. People should never be in danger when doing their jobs.”
The breakfast began with a video testimonial addressed to MEPs from Pak Kin Wan, a worker in the Labour Education and Service Network in Hong Kong, and a speech by Anna Shahnazaryan who works in the Armenian Environmental Front in Armenia and had experienced first-hand the violations to human rights. Following this, speakers from SETEM, Bankwatch and Südwind gave talks on the priority EU areas of action: business and human rights, European development banks and public procurement.
“The situation of workers in ICT supply chains demands our immediate attention,” said MEP Monika Vana. “Human rights and labour rights are violated every day, alongside severely negative impacts on the environment in many countries. We as politicians have a responsibility and the possibility to act efficiently. It is us who can help to ensure that a legal framework is in place, that guides companies and financial institutions to carry out human rights due diligence before business or financial decisions are taken. We can also make sure that the European Parliament applies the same level of scrutiny towards its own ICT procurement.”
Make ICT Fair participant organisations presented the MEPs with a list of case studies conducted by members of the consortium, as well as a briefing document outlining the key actions MEPs can take to ensure the implementation of fair and sustainable EU policies on the priority areas.
Participants could upload photos and footage using the hashtag #MakeICTFair and #fairelectronics on social media.
For more information contact the Executive Director of the Fair Trade Advocacy Office, Sergi Corbalán, at corbalan@fairtrade-advocacy.org.
Make ICT Fair is an EU-wide project that aims to improve the lives of workers and communities affected by the production of ICT devices such as smartphones and laptops. We target EU citizens, public procurers, development banks, decision-makers, and companies to improve their purchasing practices and to align policies. The partners: SETEM Catalunya, CATAPA, ICLEI, the University of Edinburgh, Le Monde Diplomatique, People & Planet, CEE Bankwatch, Swedwatch, Electronics Watch, Towards Sustainability Association, and Südwind.
Azuay, una provincia del sur del Ecuador con Cuenca como capital provincial histórica y cultural, se ha convertido rápidamente en una región emblemática en la lucha contra la minería.
En el cantón de Girón, en la provincia de Azuay, el 24 de marzo de 2019 se organizó una consulta pública (Consulta Popular) sobre el proyecto minero a gran escala Loma Larga. Un acontecimiento histórico porque fue el primer referéndum local en Ecuador sobre una actividad minera.
Durante la Consulta Popular en Girón, se les preguntó a los habitantes si estaban de acuerdo o no con la extracción de oro en el Páramo de Kimsacocha, ubicado en el Parque Nacional Cajas. Un páramo es un ecosistema frágil en la Cordillera de los Andes que es vital para el abastecimiento de agua en la región y en el país.
El resultado del referéndum fue convincente: El 87% de la comunidad prefirió el agua al oro y dijo “si a la vida, no a la minería”. Un precedente importante en Ecuador ya que, después de esta victoria, otras provincias trataron de hacer lo mismo. Imbabura y Carchi, dos provincias del norte de Ecuador, presentaron recientemente una solicitud de Consulta Popular, pero lamentablemente ha sido rechazada por la Corte Constitucional ecuatoriana.
También en términos de liderazgo político, la importancia de la provincia de Azuay no debe ser subestimada. En mayo de 2019 los habitantes eligieron a Yaku Pérez Guartambel como nuevo prefecto. Desde entonces, Yaku ha dirigido el gobierno autónomo de la provincia de Azuay.
Yaku Pérez es conocido por sus fuertes declaraciones contra el sector minero y su ambición de despejar legalmente la provincia de Azuay de la minería de metales, en particular mediante la organización de referéndums. Rápidamente, Yaku Pérez se convirtió en una figura simbólica en el país.
Tras la victoria del referéndum en el cantón de Girón, Yaku Pérez convocó a un referéndum general sobre las actividades mineras en la provincia de Azuay. Esta cuestión fue sometida a la Corte Constitucional, pero después de una audiencia el 17 de septiembre de 2019, esta solicitud ha sido rechazada.
Pérez expresó claramente su descontento con la naturaleza de la audiencia. Según él, el Presidente del Tribunal debe celebrar una audiencia pública antes de tomar una decisión, como es habitual en asuntos constitucionales. “Queremos una audiencia pública para poder mirar a los jueces a los ojos y hablar con el corazón. Demostrar de forma fáctica y legal la necesidad de una consulta pública”, según Pérez.
Además, existe un conflicto de intereses dentro de la Corte. Uno de los jueces constitucionales, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, no pudo participar en la audiencia debido a declaraciones anteriores contra el extractivismo. Otros jueces, que claramente tienen vínculos con el sector minero, fueron autorizados a participar. La Jueza Carmen Corral es abogada de Solines Asociados, una firma de abogados que brinda asesoría y apoyo a las empresas mineras. Otra jueza, Hilda Nugues, es miembro del comité de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se ha pronunciado en contra del referéndum.
Está claro que hay mucha presión por parte del gobierno nacional y de las grandes multinacionales. Existe una gran preocupación por lo ocurrido en Girón y temor por el resultado de estos referendos a nivel provincial y nacional.
No es casualidad que, el mismo día de la audiencia, el sector pro-minería distribuyera una campaña en Twitter en la que atacaron a Yaku Pérez.
Alegaron que Pérez había tenido concesiones mineras en el período entre 1999 y 2000 porque su nombre fue encontrado en el registro minero.
Yaku Pérez rechazó este argumento. En ese momento, como abogado, había firmado documentos para la extracción de arena y piedras para trabajos de construcción en la provincia. Este tipo de minería también está registrada, pero no se refiere a la minería de metales.
Tras la decisión negativa del Tribunal Constitucional, Pérez anunció que intensificaría la resistencia y abriría una puerta más amplia organizando un referéndum a nivel nacional.
La Constitución ecuatoriana reconoce a la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legal. Sin embargo, la industria minera y el gobierno ecuatoriano argumentan que las consultas locales sobre minería no pueden tener lugar porque los recursos naturales en el subsuelo son un asunto de interés nacional.
Además, la Constitución establece que los poderes de los diversos órganos políticos no son exclusivos, sino competitivos. “Usted puede ser el dueño de lo que hay en el subsuelo, pero tiene que pasar por encima de la tierra”, dice la abogada Verónica Potes, experta en derecho ambiental y derechos humanos.
“Es una batalla de David contra Goliat”, dice Yaku Pérez, “No somos muchos, pero tenemos la verdad, la razón y la legitimidad a nuestro favor. Continuamos la resistencia y si es necesario, denunciaremos este asunto ante los tribunales internacionales”.
Colección resumen, traducción y edición por Sam Packet, Karlijn Van den Broeck y Laura García
Descarga Mines & Territory, Mayo 2019 en español aquí.
Las noticias vienen y van. Con las redes sociales como el medio principal de las organizaciones colombianas de la sociedad civil para que sus historias sean escuchadas, una historia puede hacerse viral un día y perderse entre la información masiva al siguiente. Mines & Territory tiene como objetivo registrar y compartir estas historias durante más tiempo que solo un hilo viral. Mines & Territory recopila los eventos más importantes que se han producido el mes pasado en relación con asuntos extractivistas en Colombia y los resume en español y en inglés para que la información sea accesible para cualquier persona interesada y para que se cree conciencia internacional sobre las realidades eco-sociales actuales en Colombia.
Francia Márquez Mina, lideresa social del Cauca y ganadora en 2018 del prestigioso Goldman Environmental Prize, también denominado Nobel ambiental, denunció el 4 de mayo que había sufrido un atentado con disparos y una granada mientras se encontraba acompañada de varias personas preparando una reunión con el gobierno nacional. Aunque ella salió ilesa, dos de sus escoltas resultaros heridos en el atentado.
Reconocida internacionalmente por su incansable lucha contra la explotación de oro en la zona aferente al río Ovejas del municipio de Suárez, Cauca, lugar de donde es oriunda, Francia logró mediante una acción de tutela en 2009 que la Corte Constitucional retirara los títulos mineros a la multinacional Anglo Gold Ashanti. A partir de ese momento empezó a recibir toda suerte de amenazas por las que se vio obligada a abandonar su territorio en 2014.
La lucha por la preservación del medio ambiente ha supuesto una disputa desigual entre los colectivos ambientales del país, por un lado, que generan espacios de visibilización de problemáticas medioambientales en zonas de extracción de minerales; y los grupos al margen de la ley, por otro lado, que controlan la explotación ilegal y el tráfico de drogas empleando métodos violentos de intimidación.
Dos días después del ataque Víctor Hugo Moreno, presidente de la Asociación de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que se encontraba en el mismo lugar que Francia cuando intentaron asesinarla, recibió un mensaje a su celular que revalidaba el terror reinante en esta zona: “(…) lo del sábado es solo el comienzo de lo que les sucederá a todos ustedes; la próxima morirán todos los miembros de su organización (…) y todos aquellos que cerraron la vía humanitaria en la llamada minga, les llegó la hora negros… (…)”.
Fuentes: PULZO ‘Colombia es el tercer país donde más se asesinan defensores del medio ambiente’; CONTAGIORADIO ‘Atentan contra lideresa Francia Márquez’.
El 26 de marzo de 2017 tuvo lugar la consulta popular en Cajamarca, Tolima, donde el 97% de los votos dijo NO a las actividades mineras dentro del municipio. Dicha decisión frenó la llegada del megaproyecto minero La Colosa, la mina de oro a cielo abierto que prometía ser la más grande de América Latina. Como resultado de la consulta, los líderes y lideresas sociales y ambientales que la promovieron han venido sufriendo estigmatización por parte de las entidades territoriales locales, sectores del gobierno y de las empresas con interés en el territorio, estigmatizaciones que cada vez son más fuertes y ponen en riesgo la vida de estas personas.
El 14 de mayo llegó a los correos de algunos miembros y organizaciones como Cosajuca, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Conciencia Campesina un correo con el mensaje que en resumen anunciaba que llegaba el momento de “limpiar el país de todos los que se hacen pasar por esos ambientalistas y defensores de Cajamarca que impiden el desarrollo y se refugian en las ONG para llenar sus bolsillos”. Los expedidores de la amenaza se identificaron al final del mensaje como ‘Águilas Negras Tolima’.
Los integrantes de Cosajuca y el Comité Ambiental, dos organizaciones aliadas de Catapa en Colombia, denuncian las amenazas y expresaron que el mensaje evidencia una relación clara entre los intereses políticos y empresariales y los grupos armados detrás de las amenazas. Aparte de exigir respeto a la autonomía de los territorios, en su comunicado también expresan que las autoridades deben brindar todas las garantías necesarias que permitan la integridad de los miembros de las organizaciones sociales y ambientales afectadas y sus familias.
Fuente: FACEBOOK COSAJUCA’/photos/a.319407811806631/689982171415858/’; TWITTER ‘/CSPP_/status/1131597211966562310?s=19’.
En julio el gobierno de Duque se propone presentar al Congreso una ley que reglamentará el procedimiento de Coordinación y Concurrencia, la cual se ha ido construyendo de la mano del sector minero. Esto se da después de que la Corte Constitucional concediera a este sector el acceso a la producción de los recursos del subsuelo y quitara a las consultas populares su poder de veto sobre estos proyectos.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dio a entender que el país ha avanzado en materia jurisprudencial, lo que le dará más certeza al sector minero: “Esta precisión y claridad genera mayor inversión y tranquilidad a la industria extractiva y de paso a los inversores. Las decisiones que emitió la Corte Constitucional entre diciembre y enero pasado deja claro que los entes territoriales no pueden prohibir la minería a través de los mecanismos de participación ciudadana, como lo hacían antes con las consultas populares o los acuerdos municipales.”
Así mismo, afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) permitirá afianzar la operación en la pequeña y mediana minería a través de la formalización, y ve con buenos ojos la reforma al Sistema General de Regalías (SGR).
El presidente aclara: “Para el sector es fundamental modificar el actual SGR ya que terminará por beneficiar a varios frentes. Primero, equilibra la discusión pública local. Segundo, hace que los habitantes de los municipios mineros realmente sientan el beneficio económico gracias al desarrollo de las industrias extractivas con operación en sus territorios, y que es el propósito de las regalías. Y tercero, simplifica un sistema que tiene unas complejidades en su ley que a día de hoy no permiten que los municipios puedan acceder fácilmente a estos recursos.”
Piedad Córdoba Ruíz, en su columna en ‘Las2Orillas’, expreso su frustración frente a la propuesta de ley que según ella solo busca a favorecer aún más a las empresas extractivistas y multinacionales que contaminan el medio ambiente: “La Corte dio vía libre a los recursos del subsuelo, las consultas populares perdieron el veto y ahora viene la ley reglamentaria de Coordinación y Concurrencia de la mano del sector minero. Parece que estamos viviendo en una dictadura minera gobernada por multinacionales.”
Fuentes: LAS2ORILLAS ‘El medio ambiente minado’; PORTAFOLIO: ‘Alistan ley que espanta el fantasma de las consultas populares mineras’.
El domingo 10 de mayo decenas de miles de personas marcharon en Bucaramanga por la protección del páramo de Santurbán y en contra del proyecto de la minera árabe Minesa, con el que durante los próximos 25 años planea extraer nueve millones de onzas de oro en inmediaciones de ese ecosistema, que abastece agua a 2 millones de habitantes de los dos Santanderes.
La movilización coincidió con la redelimitación del páramo que tiene que hacer el Ministerio de Ambiente por orden de la Corte Constitucional, y con el trámite de la licencia ambiental que está pidiendo la minera ante la ANLA para que le dé luz verde al proyecto.
Además, se dio dos semanas después de que se filtraran videos de una de las reuniones de personal de la minera, en la que su presidente Santiago Urdinola dejó en evidencia que las relaciones con la comunidad dentro y fuera del área de influencia del páramo no están dentro de sus prioridades. (Para más información lea la edición de abril de M&T)
La disputa por la minería en el Páramo de Santurbán ya completa casi una década. En 2011 se llevaron a cabo las primeras manifestaciones. Una de las principales preguntas en la previa de esta marcha era si sería capaz de igualar a la marcha que en 2017 movilizó alrededor de 50 mil personas en contra de la explotación minera en inmediaciones del páramo de Santurbán. Si bien no hay cifras precisas de cuántas personas marcharon, los cálculos coinciden en que la cantidad de gente que asistió fue superior en varios miles a la de hace año y medio.
La Silla Vacía, un periódico Santandereano, revisó detalladamente las 2.800 páginas que comprenden los capítulos estructurales del estudio que plantea la explotación de la mina subterránea a gran escala durante 25 años, y las resumió en los siguientes siete hechos e impactos claves que dejará Minesa en la vecindad de Santurbán:
Fuentes: LA SILLA VACIA ‘Siete impactos claves Minesa vecindad Santurbán’; LA SILLA VACIA ‘Lo reveló la marcha de Santurbán’; EL ESPECTADOR ‘Una nutrida marcha contra la minería en Santurbán’.
Con 11 votos positivos fue aprobado en el Concejo el proyecto 08 de 2019, “por medio del cual se señalan medidas para la defensa del patrimonio ecológico y ambiental del municipio de Yopal y se dictan otras disposiciones”, con el que se busca prohibir la explotación de petróleo a través de fracking. Es la primera iniciativa de este orden que se presenta en Colombia.
De todas formas, se aclaró que este proyecto de acuerdo no pretende excluir a Yopal de la explotación petrolera, lo único que busca es evitar que se aplique en el municipio este método que ha sido tan cuestionado.
Muchas voces se han alzado en apoyo de esta iniciativa. En vista del revés que tuvieron las consultas populares, ahora a las regiones solo les queda invocar su autonomía para influir en el desarrollo de su territorio, ante la intervención cada vez más voraz del Estado central, que les quita cada vez más independencia en el manejo de sus recursos y cargando con más obligaciones fiscales a las maltrechas finanzas territoriales.
Lea también nuestro artículo sobre el fracking en Colombia en el M&T del mes pasado: ‘Contraloría advierte que Colombia no está lista para hacer fracking’
Fuentes: VIOLETA STEREO ‘Concejo de Yopal cierra el paso al fracking en el municipio’; CASANARE NOTICIAS ‘Aprueban prohibición del fracking en Yopal’.
El juez Sexto Penal de Conocimiento de Ibagué archivó el proceso penal que cursaba contra el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y el jefe de la Oficina Jurídica de esa entidad, José Francisco Montufar, que habían sido denunciados por la multinacional minera AngloGold Ashanti por un supuesto delito de peculado por acción.
Según lo manifestado por el ente investigador, los funcionarios no cometieron ningún delito al solicitar la suspensión preventiva de los trabajos que adelantaba Anglogold Ashanti en el corregimiento de Doima, municipio de Piedras, el 11 de marzo de 2013. El Juzgado avaló la solicitud de la Fiscalía porque no encontró suficientes elementos probatorios para acusar a los funcionarios.
La compañía minera había solicitado a Cortolima la autorización para realizar trabajos hidrogeológicos con miras a la construcción de una infraestructura relacionada con el proyecto de La Colosa en Cajamarca, solicitud que fue avalada. Sin embargo, el director de Cortolima explicó que la multinacional “engañó” a la Corporación porque el permiso se entregó para hacer un estudio del suelo, y AngloGold realmente hizo una actividad totalmente diferente.
Sumado a esto, Cortolima recibió varias denuncias por parte de la comunidad sobre la maquinaria que había llegado al municipio de Piedras y de los trabajos que estaban realizando. “Nosotros fuimos a hacer la visita al lugar y vimos que habían hecho aprovechamiento forestal, adecuación de la quebrada Camao. Habían instalado una maquinaria típica para la perforación de explotación de aguas subterráneas, actividades diferentes a las que habían comunicado”, puntualizó Cardoso.
Fuente: EL OLFATO ‘Nuevo revés jurídico para AngloGold en el Tolima’.
Por protesta de la comunidad, se posterga procedimiento de exploración minera en Jericó
La minera Quebradona, propiedad de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, pretendía instalar el lunes 13 de mayo una plataforma de perforación para realizar estudios de suelos y geotecnia, con el fin de desarrollar su proyecto para la explotación de cobre en la vereda Vallecitos-Palo Cabildo del municipio de Jericó, en el Suroeste antioqueño. Los funcionarios llegaron, además, acompañados por la Policía, el Ejército y el Esmad.
Ante el anuncio de la empresa, personas de la comunidad, dirigentes de la administración municipal y líderes y lideresas de colectivos ambientales hicieron presencia en la zona para oponerse a la perforación de la montaña. También se acercaron varias docenas de campesinos para enfrentarse a lo que consideraban un ataque frontal a la institucionalidad, argumentando que la empresa estaba cometiendo una violación del acuerdo municipal 10 de 2018, que establece la prohibición de las actividades de minería metálica en la localidad, ante lo cual la empresa desistió de su propósito.
Para evitar una confrontación de grandes proporciones (las partes se han visto las caras y todo ha terminado en tensión y en el uso de la fuerza por parte de la Policía), el alcalde Jorge Pérez llegó al lugar y habló con los directivos en el territorio de la mina Quebradona, nombre del proyecto de AGA, para que se saltaran las órdenes establecidas por el Concejo Municipal, recomendación que fue acatada después de más de tres horas de ires y venires, quedando consignado que la minera no intentará la exploración hasta que el Tribunal se pronuncie.
Alcalde Jorge Pérez: “Duque tiene que revisar el verdadero potencial del país.”
“Es lamentable la actitud de la multinacional minera, pues ellos saben que el acuerdo aún está vigente y que no hemos conocido el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero ellos obvian eso. Ellos van a la vereda Vallecitos con el Esmad, la Policía, el Ejército y esa no es la manera, son campesinos quienes están allá, no son delincuentes”, le dijo el alcalde a SEMANA.
Razón tiene Pérez al decir: “No es fácil porque en esta lucha de poderes nosotros estamos en una inferioridad muy notoria, somos un municipio de sexta categoría donde la mayoría de los jericoanos estamos en contra de la actividad minera, pero por encima tenemos la voluntad de la secretaría de Minas de Antioquia que promueve la minería, el ministerio, la Agencia Nacional Minera y lo que dice el presidente Duque sobre que la única salida económica que tiene el país es la explotación de los recursos. Eso no es cierto, él tendría que revisar el verdadero potencial del país. Hay que mirar la potencialidad de producir alimentos, la biodiversidad, el turismo. A veces vemos complicada esta puja, pero estamos parados en un marco legal, nos amparamos en el acuerdo 010; aspiramos a que cuando estas confrontaciones jurídicas se agoten, todos los colombianos se levanten para proteger los territorios”.
Mientras tanto, se sabe que en el próximo mes AGA tramitará ante la ANLA la licencia ambiental del proyecto, lo que ya tiene a los pobladores con los ánimos crispados, pues la licencia social del proyecto parece que no es de consenso total en Jericó.
Álvaro Uribe en contra del proyecto
El panorama es incierto, pues los intereses son muchos y han movido la política local. El suroeste antioqueño es uno de los botines del Centro Democrático, partido que nunca ha perdido una elección en la zona y donde el presidente Iván Duque arrasó en campaña. Y como si fuera poco, en esta región fue donde nació el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así que el CD se debate entre su apoyo a la expansión minera y el cuidado de un puñado de votos que no le caen nada mal.
Justo en medio de esta disputa, el expresidente Uribe tuiteó el 7 de abril un video de 13 minutos hecho por la oposición minera y en el que explica por qué, según su visión, la minería no puede llegar a Jericó. El trino estuvo acompañado de las siguientes palabras: “Jericó y Suroeste, preservar el verde, potenciar los proyectos verdes, no a la minería”. Toda una sorpresa para sus seguidores, pues fue el gobierno de Uribe el que más licencias mineras ha otorgado en la historia de Colombia.
Un choque entre la Caja de compensación familiar Comfama y AngloGold Ashanti por dos proyectos vecinos
Encima de todo, la tensión que ya existe entre el municipio y la empresa también será protagonizada ahora por un cruce de posiciones por un ecoparque que la Caja tendrá aledaño a la mina de cobre que la empresa minera quiere explotar.
El pasado 24 de mayo, David Escobar, director de Comfama, le envió una carta a Felipe Márquez, presidente de la empresa minera en Colombia, en la que le manifestó que el proyecto minero no es conveniente para el departamento debido a una presunta falta de claridad sobre los impactos que la mina tendrá sobre el medio ambiente.
Tres días después, el 27 de mayo, el vocero de AngloGold Ashanti respondió al documento con otra carta en la que asegura que han entregado más de 28 documentos que contienen los posibles impactos del proyecto minero y sus posibles afectaciones al proyecto de Comfama, como en fauna, flora, análisis de ruido, polvo, iluminación, vibraciones, transporte, agua, impacto sobre fauna, y otros.
De igual forma, rechazó el tono de la carta de Comfama acusando que legitima el proyecto de Parque Ecoturístico y deslegitima la minería en el Suroeste. “A su vez, y se lo manifestamos con respeto, pareciera que se arroga la vocería de otros sectores como el cafetero, cítricos, turísticos y comerciales de la subregión. No conviene que el rol que asuma Comfama en relación con el territorio y la minería se convierta en el de evaluador y aprobador”, dice Márquez en el documento.
Un juez de Medellín respalda el acuerdo municipal
Un juez de Medellín consideró que no podía otorgar una medida cautelar de suspensión del acto administrativo del Concejo Municipal, con el que se establecieron las prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Jericó, Antioquia, según solicitó la empresa AngloGold.
El juez recordó decisiones judiciales en las que se ha advertido “la posibilidad constitucional que ostentan los Concejos Municipales para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, como lo advirtió la máxima Corporación Contencioso-Administrativa.”
En conclusión, para el funcionario judicial, “en este momento procesal no es evidente la contradicción o violación de las disposiciones señaladas en el libelo introductor, que conlleve a acceder a la medida cautelar perseguida”.
Fuentes: SEMANA ‘Crece la tensión por minería a gran escala en Jericó, Antioquia’, CONTAGIORADIO ‘AngloGold Ashanti desconoce el acuerdo municipal que prohibe la minería’; EL COLOMBIANO ‘Exploración minera en Jericó se posterga’; EL TIEMPO ‘Choque entre Comfama y Anglo Gold Ashanti por mina en Jericó; LA REPÚBLICA ‘Anglo Gold pierde otra batalla en el proyecto minero de Quebradona’.
