El “Greenwashing” de la industria minera

El ‘Greenwashing’ de la industria minera

Un hogar cálido, un coche propio y el último smartphone; muchos de nosotros estamos acostumbrados a una vida de lujo. Para seguir satisfaciendo todas estas necesidades, tenemos que hacer una transición energética. El tan elogiado “acuerdo verde” abre la puerta a alternativas ecológicas como los coches eléctricos y los paneles solares. Pero, ¿son estas alternativas realmente tan verdes y nuestras necesidades tan indispensables?

Según el grupo de acción YLNM (Sí a la vida, No a la minería) no lo son. Recientemente han publicado un comunicado de prensa “En primera línea de la extracción de litio” en el que dan la voz de alarma. En particular, denuncian la drástica expansión de la minería en nombre de la energía verde. La minería equivale a la violación de los derechos humanos y a la destrucción de ecosistemas cruciales. Todo menos verde.

“La UE debe despertar y fijar un objetivo de reducción del uso de materiales en dos tercios para que el Pacto Verde Europeo no se convierta en otra nota a pie de página en la historia de la destrucción del planeta”, afirma Meadhbh Bolger, de Friends of Earth Europe.

Europa

La UE debería reducir la extracción de recursos naturales en un 65%. Esto es lo que Friends of the Earth Europe y el European Environmental Bureau (EEB) afirman en un reciente estudio titulado “La minería verde es un mito”. Europa ya utiliza una cantidad desproporcionada de recursos naturales disponibles. De hecho, la huella material de la UE se sitúa actualmente en 14,5 toneladas per cápita, aproximadamente el doble de lo que se considera un límite sostenible y equitativo, y muy por encima de la media mundial.

A pesar de estas cifras alucinantes, el European Green Deal no hace más que llevar la minería más allá. El uso de coches eléctricos individuales no es en absoluto una solución. Se espera que la demanda de litio en la UE a través de las baterías, por ejemplo, para los coches eléctricos, aumente en casi un 6000% para 2050.

Vienen y destruyen todo. Dicen que traen trabajo y comida. Pero eso es sólo por hoy. Mañana volveremos a tener hambre.

Promesas vacías

La industria minera suele estar en manos de multinacionales que se preocupan muy poco por los derechos de la población local. En el video de la conferencia de prensa de YLNM una mujer indígena dice: “Vienen y lo destruyen todo. Dicen que traen trabajo y comida. Pero eso es sólo hoy. Mañana volveremos a tener hambre”.

Los indígenas suelen ser el ejemplo de un estilo de vida sostenible. Sin embargo, son precisamente estas comunidades y entornos los que se abandonan, y ello en nombre de la energía verde. En muchos casos, los proyectos de litio se imponen a las comunidades locales. No hay transparencia ni decisión democrática. La industria minera está entrelazada con la política local y a menudo consigue el apoyo de los políticos locales. Además, a veces consiguen el apoyo de organizaciones internacionales de desarrollo para promover la “minería verde”. Pero la minería verde no existe.

El agua vale más que el litio

Además de violar los derechos humanos, la minería también destruye los ecosistemas. La extracción y el procesamiento del litio causan daños permanentes e irreversibles en los sistemas hídricos. Las minas no sólo afectan a los cursos de agua y a la calidad del agua, sino que también fragmentan el paisaje, haciendo casi imposible medios de vida más sostenibles como la agricultura y el turismo. Por ejemplo, el desierto de Atacama, en Chile, está perdiendo poco a poco sus últimos recursos hídricos debido a los efectos de la minería del litio. Chile tiene la mitad de las reservas mundiales de litio y casi todas sus exportaciones se extraen actualmente del desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo.

Necesidad de un cambio de comportamiento

Estas son conclusiones horribles. Por suerte, muchos grupos de acción proponen una serie de alternativas concretas para limitar al máximo la extracción y limitar los daños futuros.

Es crucial un cambio drástico en nuestros hábitos y consumo. La demanda de energía y materiales tiene que disminuir considerablemente. Esto puede conseguirse potenciando al máximo el transporte público, ofreciendo alternativas a los coches personales y prestando más atención a la reparación, reutilización y reciclaje de baterías y otros productos.

Además, es importante informar objetivamente a las comunidades locales sobre las consecuencias de la minería. La población debe tener derecho a decir no si no está de acuerdo con el proyecto.

El cambio climático debe abordarse desde una perspectiva holística y de justicia medioambiental. La minería es destructiva, no sólo desde el punto de vista ecológico sino también humano. Estos elementos deben ser reconocidos y las políticas deben abordarlos de manera significativa.

Por último, hay que acabar con la impunidad de las empresas. Los tratados vinculantes deben mejorar las empresas y los derechos humanos. Si no se cumplen, deben imponerse sanciones. Para garantizar esto, se necesitan normas sensatas de protección medioambiental y social.

Debemos ser conscientes de que estos enfoques “verdes” del European Green Deal se presentan a menudo como innovaciones, pero en realidad representan modelos destructivos que promueven una transición injusta y desigual. ¡No debemos dejar que se llegue a ese extremo!

Artículo escrito por la Catapista Helena Spriet

Fotos de Sebastian Pichler via Unsplash

Mineralen voor de energietransitie: naar een koolstofarme samenleving zonder verliezers

Nieuw onderzoek toont limieten van ontginning voor de energietransitie

De Europese Commissie kondigde aan dat de Europese Green Deal het kompas zal zijn voor het economisch herstel na de COVID19-crisis, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar de toepassingen voor hernieuwbare energie en elektrische vervoer die daarvoor nodig zijn, vragen grondstoffen en de ontginning daarvan zet in verschillende delen van de wereld – vaak in ontwikkelingslanden – druk op onder meer lokale gemeenschappen, watervoorraden en de biodiversiteit. Ontwikkelings- en milieuorganisaties 11.11.11, Broederlijk Delen, Bond Beter Leefmilieu, CATAPA, FairFin en Justice et Paix kaarten op basis van nieuw onderzoek aan dat de transitie naar een koolstofarme samenleving ook grondstofarm en met respect voor mensenrechten moet verlopen.

De organisaties lieten door de onafhankelijke onderzoeksbureaus VITO en Profundo berekenen wat de transitie naar 100% hernieuwbare energie en een mobiliteitsshift in België volgens verschillende scenario’s betekent voor de vraag naar grondstoffen. De vaststelling is dat er in alle scenario’s sprake is van een toename van de vraag naar cruciale energiemineralen, maar dat politieke en technologische keuzes een groot verschil kunnen maken om die vraag en dus de negatieve impact van ontginning te beperken. Het gevoerde beleid moet de samenleving in de richting sturen van een lager energie- en materiaalgebruik door maximaal in te zetten op circulaire strategieën, zoals een langere levensduur, deeleconomie, circulair ontwerp, meer hergebruik en recyclage.

Hoe dan ook zal er op korte termijn nog ontginning van grondstoffen als lithium en kobalt nodig zijn. Die ontginning leidt nu vaak tot schendingen van mensenrechten en milieuvervuiling, zoals het nieuwe dossier ook toont. Een eerlijk antwoord op de klimaatcrisis vraagt daarom ook regulering die garandeert dat ontginning gebeurt met respect voor mensenrechten en milieu en met toestemming van lokale gemeenschappen. De aankondiging van Europees Commissaris Reynders op 29 april dat hij volgend jaar bindende wetgeving inzake zorgplicht voor bedrijven zal invoeren, is dus een goede zaak. Een nieuwe verordening zou bedrijven verplichten om na te gaan dat hun activiteiten geen negatieve gevolgen hebben voor de mensenrechten en het milieu, en dat in de hele toeleveringsketen.

Lees het volledige rapport hieronder.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Benieuwd naar wat we vorig jaar allemaal uitgespookt hebben? Hier kan je CATAPA’s jaarverslag van 2019 downloaden, met onder andere een overzicht van onze activiteiten en projecten in Vlaanderen en Latijns-Amerika en onze vernieuwde missie- en visietekst!

Hacia una cadena de suministro de las TIC más justa – El caso de Bolivia

Hacia una cadena de suministro de las TIC más justa

Misión de investigación y reconocimiento en Oruro, Bolivia. En relación con el proyecto “Make ICT Fair” (Hagamos las TIC Justas)

Informe ejecutivo también diponible en Inglés, Neerlandés y Francés.

Informe ejecutivo

Debido a la escasez de literatura dedicada a las cadenas de suministro de metales al margen aquella sobre su comercio, la investigación de CATAPA acerca de la minería polimetálica en Bolivia ha tenido por objeto revelar los actores y procesos subnacionales, nacionales y transnacionales involucrados en la actividad minera. Se ha realizado una investigación de campo en el departamento de Oruro (Bolivia). Los resultados de esta investigación proporcionan elementos para evaluar las implicaciones locales de la industria global de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Esto ha ayudado a crear una definición específica acerca de lo que « Making ICT Fair » (Hagamos las TIC Justas) podría significar en cada una de las fases de la cadena de suministro, elaborando un marco en el que se determinan cuáles son los problemas laborales, comunitarios, medioambientales y legales involucrados en el contexto objetivo.

En Oruro (Bolivia), la cadena de suministro de estaño, plata, plomo y zinc – metales necesarios para la fabricación, entre otras cosas, de los dispositivos producidos por la industria electrónica – engloba a múltiples actores. Antes de la exportación, los minerales son extraídos aquí principalmente por cooperativas mineras (junto con minas estatales y minas privadas a pequeña y gran escala), y vendidas a empresas comercializadoras locales, que a su vez se convierten en los primeros proveedores de estos metales en la cadena de suministro internacional. Después, los minerales de la mena extraída son concentrados. El estaño es fundido por una de las dos fundiciones industriales ubicadas en Oruro para luego ser exportado, en forma de lingote, principalmente a los EE.UU. y los Países Bajos.  Los concentrados de plata, plomo y zinc son directamente exportados a plantas metalúrgicas de Asia (Corea del Sur, China y Japón) y Europa (Bélgica, Países Bajos y España).

Las investigaciones fueron realizadas desde la fase de extracción, procesamiento y fundición, hasta la exportación. Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de seis cooperativas mineras, algunos proveedores locales, la fundidora estatal y los principales comercializadores internacionales activos en la zona. Esta investigación ha mostrado cuáles son las consecuencias derivadas de la falta de estándares de calidad obligatorios con criterios sociales y medioambientales, los cuales podrían ser aplicados en las etapas adecuadas a las empresas al momento de realizar la compra de estos metales. También se ha mostrado la ausencia de criterios de trazabilidad que permitan enlazar los diferentes actores y así posibilitar una «responsabilidad social» por parte de los compradores respecto a los actores locales.

Pintura mural en las paredes de una antigua fundición de estaño en Oruro (Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Evaluando las implicaciones de la minería en Oruro:

La misión de reconocimiento tuvo por objeto la obtención de datos acerca de los impactos producidos por la minería en las distintas fases de la cadena de suministro. 

 

Condiciones de salud y seguridad precarias en las minas

La singularidad de Oruro viene determinada por el importante papel que juegan las cooperativas de pequeña escala en la economía minera local de Bolivia, ya que esta forma de minería involucra a gran parte de los trabajadores de la región. Estas cooperativas son de hecho un sistema de «auto explotación», ya que no tienen un contacto directo con las compañías que compran sus minerales. Si el marco cooperativista implica cierta libertad para los trabajadores (quienes se supone que son socios cooperativistas), éste también conlleva que las operaciones se realicen de forma muy tradicional. Por ejemplo, el trabajo manual sigue siendo predominante a pesar del incremento de la mecanización llevada a cabo en la última década.

En la etapa de extracción, los trabajadores cooperativistas sufren condiciones de salud y seguridad irresponsables, destacando el limitado número de respiradores disponibles, lo que supone la aparición de numerosos casos de silicosis (también conocida como “enfermedad de mina”, causada por el polvo de sílice en los pulmones).

Los cooperativistas trabajando en los procesos de concentración del mineral se ven afectados por el uso incontrolado de sustancias tóxicas como el xantato, el cianuro y el queroseno, que causan directamente irritación de ojos y efectos a largo plazo en el sistema nervioso y en los órganos internos. El contacto directo con ácidos y metales pesados, así como una exposición excesiva al sol y al polvo, causan trastornos de salud y enfermedades cutáneas.

Otro de los problemas principales en las actividades mineras locales es la falta de una planificación a largo plazo. Debido a que los mineros expanden de las sub galerías, la falta de información disponible puede llevar a la aparición de situaciones de peligro como el acceso a áreas que previamente habían sido designadas como zonas prohibidas. 

Contenedor minero para carga junto a la entrada de la mina de Morococala (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Poniendo en peligro la soberanía alimentaria y la biodiversidad de los ecosistemas

A pesar de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» existentes en Bolivia y del requisito, para la mayoría de los casos, de tener que obtener una licencia ambiental previa a la extracción mineras, todas las actividades de minería implican severos daños medioambientales. Los principales impactos son: el agua ácida generada por la mina, la polución del residuo minero en el aire y  la descarga de productos químicos utilizados en los procesos de concentración en los cuerpos de agua (un pH por debajo de 3 es habitual en los cursos de agua alrededor de las áreas mineras). 

Las explotaciones mineras tienen un grave impacto en las zonas agrícolas cercanas y aguas abajo. Con frecuencia los agricultores se ven forzados a convertirse en mineros debido a estas consecuencias medioambientales, ya que sus tierras quedan demasiado contaminadas. Es difícil calcular la totalidad del impacto generado en el ecosistema por las muchas explotaciones mineras e igualmente difícil de remediar.

Una situación particularmente precaria para la mujer

Las mujeres en la minería cooperativista de Oruro son mayoritariamente viudas, que han perdido a sus maridos en actividades mineras o relacionadas, o madres solteras con hijos. Su ingreso en la sociedad cooperativa está restringido debido a que el ingreso de una mujer en la mina está tradicionalmente asociado a atraer la mala suerte en la mina. Por ello, ellas trabajan principalmente en los alrededores escogiendo y picando descartes de roca o en áreas con menores posibilidades de ingresos.

Los ingresos de los mineros dependen de su suerte: o bien encuentran minerales con mena rica en metales o no lo hacen. Muchas mujeres trabajan informalmente, incluso fuera del marco cooperativista. Sin seguro médico ni fondo de pensiones. Generalmente son los principales cuidadores de sus familias, por lo tanto, las mujeres casi siempre llevan la doble carga del trabajo productivo y reproductivo.

Mujer lixiviando estaño de colas mineras en Machacamarca (Oruro, Bolivia) © Isabella Szukits / Südwind

Consecuencias para las generaciones venideras

El deterioro medioambiental causado por las actividades mineras conlleva un impacto en las actividades de agrícolas, haciendo que en muchas zonas sean imposibles los cultivos, la ganadería o la pesca. Esto ha  llevado a la migración de las comunidades agropecuarias hacia las zonas mineras y las ciudades.

El modelo cooperativo hace que sea difícil crear un sistema de gestión sostenible en las minas. La perspectiva a corto plazo crea incertidumbre sobre los ingresos de los mineros, especialmente en los períodos de precios bajos, aunque esta incertidumbre también se debe a que los minerales que extraen no son ilimitados. 

Debido al bajo precio de los metales, las cooperativas pueden encontrar dificultades a la hora de invertir mejorar la productividad de la mina a través de la implementación de maquinaria, ingeniería y la exploración de futuras venas de mineral. Las empresas comercializadoras internacionales se benefician de su posición oligárquica usando estrategias para reducir injustamente el precio de los minerales desde el origen, una estrategia que afecta directamente en las cooperativas – el eslabón más débil de la cadena de comercio internacional, teniendo que afrontar pérdidas como resultado.

Calle principal de Japo (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Hagamos las TIC Justas en Oruro: un marco a múltiple escala

 

Situación compleja para Bolivia en el respeto de los derechos humanos en peligro

Las investigaciones llevadas a cabo en Oruro han mostrado la necesidad de aumentar la concienciación a nivel estatal acerca de las violaciones de derechos humanos producidas en las zonas mineras, con el objetivo de conseguir así una mejora de sus condiciones. Esto es necesario para poder conseguir recursos y personal supervisor que pueda garantizar la aplicación de las leyes para la protección de «La Madre Tierra» y de las distintas regulaciones medioambientales, al igual que para el monitoreo de los derechos humanos en relación a los estándares sociales, laborales y de seguridad. 

Bolivia ha ratificado diferentes instrumentos internacionales acerca de los derechos humanos como la Declaración universal de derechos humanos, la cual exige a todos los estados firmantes a proporcionar « condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo » (Artículo 23) así como el « derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia (…) » y el derecho a la seguridad en caso de « (…) pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad » (Artículo 25 . 1). 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) de la OIT compromete a los estados a garantizar desde el año 1976 « condiciones laborales seguras y saludables (Artículo 7 ii b), así como el « el máximo estándar de salud alcanzable » (Artículo 12 i).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José) también proporciona protección a los mineros bolivianos, que prevé el derecho a unas condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias (Artículo 7), así como el derecho a la salud (Artículo 10).

Salida de agua ácida en la superficie de las galerías de Japo (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Necesidad del monitoreo de criterios justos y responsables en el mercado internacional

El mercado internacional de concentrados de zinc-plata-plomo de Oruro está dominado por un pequeño grupo de compañías internacionales que importan y revenden o funden estos minerales: Korea Zinc, Trafigura y Glencore. Incluso aunque estas compañías no estén legalmente vinculadas a los tratados sobre derechos humanos mencionados más arriba, son las principales partes interesadas dentro de la cadena y deben tomar responsabilidad por las violaciones de derechos mediante un controlado cumplimiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Guía sobre la Debida Diligencia de la OCDE para unas Cadenas de Suministro Responsables.

El seguimiento de las cadenas de suministro es pretende crear un marco de trabajo responsable en las relaciones entre las compañías globales y sus diferentes proveedores, como parte de la creciente demanda de responsabilidad social de las corporaciones transnacionales. Esto significaría, en lo que se refiere a las cadenas de suministro, que los minerales que sean extraídos incumpliendo los estándares sociales y medioambientales mínimos ya no serían utilizados dentro del mercado internacional.  

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, define específicamente la « Debida Diligencia »  como un « proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el que las compañías pueden asegurar el respeto a los derechos humanos y ayudarles en el cumplimiento del derecho internacional ».

Los « Riesgos » son definidos en relación a los impactos potenciales adversos en las operaciones de las compañías, que resultan de su propia actividad o de su relación con terceros, lo que incluye a los proveedores y a otras entidades presentes en su cadena de suministro. Esta amplia perspectiva significa que las empresas comercializadoras internacionales están obligadas a respetar esta debida diligencia en relación con todas las partes implicadas en la cadena de suministro, incluyendo a los trabajadores de las cooperativas mineras.

Fundición de estaño - Empresa Metalúrgica Vinto (Oruro, Bolivia) © Silke Ronsse / CATAPA

Llamada a la acción internacional

Hacer las TIC justas requeriría que las empresas internacionales comercializadoras de metales vinculadas a Oruro siguiesen una serie de pasos para la debida diligencia tal y como se exige en la Guía:

  • Identificar las circunstancias objetivas involucradas en la extracción, transporte, manipulación, comercialización, procesamiento, fundición, refinamiento y  aleación y manufactura de los productos.
  • Identificar y valorar cualquier riesgo actual o potencial evaluando las condiciones objetivas frente a los estándares establecidos en las cadenas de suministro de las compañías.
  • Prevenir o mitigar los riesgos identificados, adoptando e implementando un plan de gestión de riesgos que pueda derivar tanto en la decisión de continuar con el comercio esforzándose en mitigar el riesgo, suspender temporalmente el comercio mientras se intenta mitigar el riesgo, o desvincularse de un proveedor tras los intentos fallidos de mitigación o cuando la compañía considere que la mitigación no es factible o que los riesgos sean inaceptables.

Para poder obtener unos resultados favorables para los actores locales, las distintas partes interesadas de la cadena de suministro deben convertirse en colaboradores dentro de un nuevo marco monitoreado, donde las instituciones públicas tienen que tener el rol de promotor y controlador de las diferentes iniciativas.

Tanto las cooperativas como los proveedores locales han mostrado un claro interés por un sistema monitoreado con el objetivo de mejorar la gestión de la cadena de suministro, lo cual supone un punto de partida para ser optimista acerca del desarrollo de un sector de las TIC justo y responsable, el cual necesitaría incluir: 

  • Establecer un precio justo para los metales en base a un salario mínimo justo para los mineros, y no según los costes de producción de las empresas fundidoras.
  • Aplicación de las leyes nacionales así como los estándares internacionales relativos a la gestión medioambiental, para evitar, al menos de aquí en adelante, la infiltración de los metales pesados en el suelo.
  • Inversión en marcos multilaterales o colaborativos para apoyar las distintas alternativas locales a la minería, pudiendo revitalizar y diversificar las economías locales dañadas.

Traducido por: Javier Núñez Corbal

 

Lea a continuación el informe completo.

Covid-19 in the Peruvian Amazon: Challenges for the most vulnerable communities of Loreto

Covid-19 in the Peruvian Amazon: Challenges for the most vulnerable communities of Loreto

Author: Mirna Fernández

 

If there is one thing which the Covid-19-outbreak has brought to the surface in a very clear way, it is the existing global inequalities. To which extent communities are able to withstand the crisis, depends a lot of their access to healthcare, sanitation and food systems.

The reality in the region of Loreto, located in the Peruvian Amazon, shows that this pandemic and its socioeconomic implications will pose severe threats to some of its most vulnerable communities.

An already collapsed Health Care System

When the first positive cases of the coronavirus were confirmed in Loreto, the hospitals were already close to collapsing. The Peruvian Health Minister, Victor Zamora, announced that Loreto was facing two “big problems” at the same time: Coronavirus and Dengue.

Before the arrival of Covid-19 the region of Loreto was victim of one of the worst episodes of a dengue epidemic in the history of the region. According to the National Center for Epidemiology, Prevention and Control of Diseases (CNE), only in the first 3 months of 2020, the number of cases of dengue in Peru reached 8 times the amount of cases compared to the same period last year. Loreto has reported the biggest number of cases, with 3,925 in total, which is 31 times higher than the same period last year. This was already a heavy burden for the weak regional health care system. In the hospitals, few beds were available for the many patients that needed to be covered by mosquito nets to prevent the spread of the disease to other patients in the hospitals.   

Patients with dengue with mosquito nets to avoid the spread of the disease. Photo: DIRESA Loreto

The Covid-19 outbreak disrupted Loreto, as the region doesn’t have enough beds ready to use in Intensive Care Units (ICU). The Regional Hospital of Loreto – the biggest and most equipped hospital of Loreto – has only 12 ICU beds for Covid-19 patients, of which 10 are already in use. The other hospitals in the region all together have only 9 extra ICU beds and all of them are in use already by non Covid-19 patients. This should cover a population of 884 000 inhabitants. Belgium, in comparison, has a population of 11.46 million inhabitants and 1864 ICU beds, of which 785 remain free for future patients needing Intensive Care. The fact that only 2 ICU beds remain free for the whole region of Loreto is a hard reality check.

While the pandemic is spreading in the region, everyday we hear reports from health personnel dropping out due to a lack of protective equipment. A hospital called ESSALUD had to close temporarily when 4 health workers were tested positive, and improvised health centres had to be put in place to continue the medical attention for its patients. The president of the Medical Federation of Loreto, María Huilca Chambi, pointed out the lack of biosecurity for the personnel taking the samples for Covid-19 testing. “We are putting our lives at risk”, she said.

Loreto is currently the region with the fourth highest amount of most positive cases in Peru, with 619 to date. This is the result of 2876 tests performed in the region since the beginning of the outbreak, according to the official government data. There is an obvious lack of tests, labs and equipment for the personnel’s health, which did not improve much since the beginning of the outbreak. This raises questions about the credibility and transparency of the local authorities.  

Increasing food prices

Loreto does not have a diversified agricultural production, due to the hard conditions that the Amazon ecosystem poses on peasants. With mainly poor, infertile soil where crops are often suffering from erosion due to heavy rains and from different plagues, only a limited variety of crops can survive. Therefore, the region needs to import massive amounts of food, especially vegetables, from other regions of Peru.

The transportation of imported food is especially complicated for Loreto. Its main city, Iquitos, which has about one million inhabitants, is the only major city in Peru that is not accessible by road. The imported food from other regions needs to arrive either by air or by ground transportation until Yurimaguas, and from there by boat for more than 3 days. The regional food supplies reach Iquitos by boat, coming from local communities settled on the river sides.  

Family agriculture produces 70% of the food supplies that are consumed in Peru. In many cases, this means that the surplus food production of small families is sent to other regions by means of passengers’ transport, which is now prohibited by the State of Emergency. The cargo transport of food supplies is allowed, and people working in the food supply sector are officially allowed to pass by regularly. However, to obtain the necessary permits with the National Police, you would need to provide certain certifications that many small producers don’t have.

Therefore, if prices of basic food in the region have increased, it is directly linked with the State of Emergency declared by the government of Peru and its transport restrictions. Basic fresh food items like eggs, potatoes, tomatoes, bananas and onions have doubled in price since the beginning of the lockdown.

Speculation is another cause of increasing food prices. There was a wave of panic among the inhabitants of the country, especially during the first days of the lockdown, so the markets and stores were wiped out of some products. The resulting demand in turn increases the prices. While the Peruvian government is trying to send positive messages to the population ensuring that there will not be a shortage of food supplies, the outcome is nonetheless that the prices of some products might take a while to stabilize after the panic-buying.

There are also very strict and inconvenient rules put in place during the State of Emergency regarding groceries shopping. In Iquitos, markets start business around 5 am and the police force the vendors to start closing by 9:30 am. The result is a major assembly of people trying to buy their food in the very early hours of the morning, which absolutely poses more risks for mass contagion.

Belen market early in the morning during the state of emergency. Photo: Luis Rodriguez

Threats to Indigenous Peoples and Native Communities

There is no national action plan for Covid-19 focused on Indigenous Peoples, despite the demands from the largest national indigenous organization, Aidesep, and the regional organization of indigenous federations, Orpio. They demand the participation of indigenous peoples’ representatives in the planning and implementation of measures to avoid scenarios of mass contagion in the indigenous communities.

Indigenous peoples’ organizations from Loreto such as Fediquep, Feconacor, Opikafpe and Acodecospat have proposed sanitation protocols to be urgently implemented, but they are still waiting for a response from the government. Loreto compasses more than 24% of the Amazon indigenous population in Peru according to the latest national census. It is the region with the most indigenous communities in the country, which count about 1200. But in most of these communities, health posts have a shortage of supplies, even more so during this sanitary crisis.

There is only one lab in the region that can process the Covid-19 molecular tests: it is located in Iquitos. The Regional Health Director, Percy Minaya León, mentioned that his main concern is the population in remote areas and close to international borders, which includes indigenous and native communities. In these areas, the health care personnel that takes samples for example in Santa Rosa o Caballococha (near the borders with Colombia and Brasil), must travel by boat on the Amazon river for more than 12 hours and then go back to the lab in Iquitos with the samples for testing. There are not enough tests, nor enough personnel to cover these areas appropriately in terms of Covid-19 testing.

Out of fear of getting infected by the virus, several native communities took the decision to block all entrances to their territories in order to isolate themselves. They prefer not to receive any donation rather than exposing themselves to possible infection. However, not everybody is respecting their decision. There are unscrupulous merchants, hostile public officials, rapporteurs, illegal loggers and miners, uninformed military and police, and other outsiders who do not understand that their decision falls within their right to self-determination and is valid and well-founded. 

Communities block the access to their territories. Photo: Agencia Andina

There are many basic needs which lack coverage for indigenous peoples in the Peruvian Amazon, now representing major obstacles for their wellbeing during this health crisis. According to the census for native communities conducted in 2017, only 9,8% of the indigenous population in the Amazon has access to the Internet, where they could consult the most recent prevention and protection measures. Moreover, only 25,8% of these communities have access to a public drinking water system, complicating washing hands to prevent infections.

To overcome this crisis, the national and regional governments have a huge amount of work to do, especially in these remote areas, to avoid the worst-case scenarios, in which the most vulnerable communities become infected on large scale. After the crisis it will be necessary to evaluate to which extent the government failed to meet the needs of the indigenous population during this pandemic.

You can also read more about the COVID-19 situation in Peru in our other blog post Caning, arrests and social issues: Ten days of quarantine in Peru.

©Pablo Rojas Madariaga / Danwatch

La explotación de litio está secando el desierto más seco del mundo

La explotación de litio está secando el desierto más seco del mundo

 

*Este artículo es un resumen de un projecto de investigación realizado por Danwatc, publicado en colaboración con CATAPA y SETEM. Más información al final del artículo.

El desierto de Acatama en Chile, el desierto más seco del mundo, está perdiendo gradualmente sus últimos recursos hídricos. Las comunidades indígenas han estado dando la voz de alarma durante varios años y ahora están siendo fortalecidas por la investigación científica y las organizaciones ambientales. ¿Por esta deshidratación? Minería de litio.

El litio es esencial para las baterías de nuestros teléfonos, nuestros ordenadores y para los vehículos eléctricos, con un explosivo aumento en demanda, que a menudo se ven como la clave para una transición a la energía verde. Chile, que posee la mitad de las reservas mundiales de litio, ha sido declarado “la Arabia Saudí del litio” y casi todas sus exportaciones se extraen actualmente del desierto de Atacama, el lugar más seco del mundo. Pero extraer el litio de Atacama significa bombear grandes cantidades de recursos hídricos escasos. Recursos hídricos que han permitido a los pueblos indígenas y a los animales sobrevivir en el desierto durante miles de años.

Según los investigadores, la extracción ya está causando daños duraderos a los frágiles ecosistemas de la zona. En Atacama y en otras partes de Chile, las comunidades indígenas están protestando contra los planes actuales y futuros de extracción de litio. Muchas comunidades afirman que nunca fueron consultadas antes de los proyectos mineros, aunque las autoridades chilenas están obligadas a hacerlo en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado chileno. El centro de investigación Danwatch puede documentar que compañías como Samsung, Panasonic, Apple, Tesla y BMW obtienen baterías de compañías que usan litio chileno.

Con las incomparables reservas de litio del país y la creciente importancia del metal para el sector energético, Chile ha recibido ocasionalmente la etiqueta de “la Arabia Saudí del litio”. Casi el 40 por ciento del suministro mundial proviene de Chile en los últimos 20 años y, como Danwatch puede revelar, termina en algunos de los aparatos electrónicos y coches eléctricos más populares. El metal es uno de los productos más populares del sector energético chileno.

Sin embargo, las comunidades indígenas de Atacama se vieron atrapadas. Chile ha firmado el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se llevan a cabo proyectos importantes en su zona. Sin embargo, según la gente de Pai-Ote, no fueron consultados antes de que los proyectos de litio fueran presentados en los medios de comunicación. “Nos enteramos por la prensa que se había hecho un acuerdo que permitió a SQM iniciar la minería de litio aquí. Nadie le preguntó al pueblo Colla si quería que la minería estuviera en su territorio”, dice Ariel León, representante de la comunidad Colla.

El litio chileno se puede extraer a bajo costo: los mineros bombean salmuera rica en litio desde un depósito masivo bajo la planicie salada de Atacama hasta enormes charcos en la superficie del desierto. La mayor radiación solar del mundo hace que el agua de la salmuera se evapore rápidamente, haciendo que el litio se recoja junto con otras sales y minerales.

Durante este proceso, el 95% de la salmuera extraída se evapora en el aire. Esto acelera la escasez de agua en Atacama, según Ingrid Garcés, profesora de tecnología de la Universidad chilena de Antofagasta, que realiza investigaciones en salinas. “En Chile, la minería de litio es considerada una forma normal de minería, como si se tratara de una roca dura. Pero no se trata de una actividad minera habitual, sino de la extracción de agua”, dice.

Las dos empresas detrás de la minería de litio en Atacama, la chilena Soc. Química & Minera de Chile (SQM) y la estadounidense Albemarle Corp., tienen permisos para extraer casi 2.000 litros de salmuera por segundo. Además de la salmuera, los mineros de litio también extraen cantidades significativas de agua dulce junto con las minas de cobre cercanas. “El resultado es un impacto en la biodiversidad en general. Y ese efecto ya es visible: los humedales se están secando”, dice Ingrid Garces.

Las comunidades indígenas de Atacama han estado dando la voz de alarma sobre la escasez de agua durante años. Según el Consejo del Pueblo Atacama, que representa a 18 comunidades indígenas, los ríos, lagunas y praderas han disminuido en agua en la última década. Sin embargo, las autoridades chilenas han confiado en gran medida en las evaluaciones de impacto ambiental de las propias empresas mineras. Y, en general, estos estudios no han encontrado ningún impacto significativo en los niveles de agua o en la naturaleza circundante.

“Para la población local, el cambio es muy claro. Notan que hay menos agua para sus animales y ven cómo los ríos se secan. Estos conocimientos anecdóticos no son tomado en serio por las empresas ni por el Estado”, afirma Cristina Dorador, bióloga y profesora asociada de la Universidad chilena de Antofagasta, que estudia la vida microbiana en Atacama.

En agosto de 2019, un análisis de imágenes de satélite realizado por la empresa de análisis de satélites SpaceKnow y la revista científica Engineering & Technology llegó a una conclusión similar. Con base en imágenes satelitales del período 2015-2019, se observó una fuerte relación inversa entre el nivel de agua en las lagunas de litio de SQM y las lagunas circundantes: “A medida que el nivel de agua en las lagunas de SQM aumentaba, el nivel de agua en las lagunas descendía”.

Irónicamente, el salar de Atacama fue una vez un gran lago antes de que se secara hace miles de años debido al severo cambio climático. Los científicos están estudiando el desierto hoy en día como un ejemplo de lo que puede suceder con los ecosistemas en otras partes del planeta si el cambio climático global se hace efectivo. Pero en un esfuerzo por mitigar el aumento de las temperaturas con coches eléctricos, las industrias están absorbiendo la poca agua que queda en el desierto más seco del mundo.

Las empresas a menudo hacen un “greenwashing” o ecoblanqueo. Esta narrativa de ecoblanqueo se basa en la afirmación de que es necesario un aumento sustancial de la minería de metales para satisfacer las necesidades materiales de las tecnologías de energía renovable y la infraestructura asociada. Sin embargo, el sector de las energías renovables no consume o consumiría en ningún caso la mayor parte de la producción anual de metales. Sin embargo, esta narrativa permitió a las compañías mineras sacrificar nuevos sitios para explorar y explotar.

Danwatch, SETEM y CATAPA  hicieron una investigación sobre el impacto de la exploitación de litio en la campaña Europea Make ICT Fair.  Este proyecto quiere hacer más visible la cadena de suministro de la electrónica e influir en los compradores públicos para que pidan a sus proveedores de TIC, tanto a las empresas mineras como a las manufactureras, que mejoren las condiciones medioambientales y laborales. Litio, como uno de los metales más importantes en la transición a la energía verde, es el enfoque de este artículo.

Danwatch ha estado en Chile para investigar la creciente industria de extracción de litio del país. En el proceso, han entrevistado a numerosos científicos, empresas, políticos y a las personas que viven más cerca de los sitios de extracción. Han revisado los estudios de impacto de las compañías mineras, así como los pocos documentos de investigación independientes sobre el tema. Basan especialmente la investigación en un estudio de 2019 sobre la minería de litio en Chile realizado por investigadores de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad del Estado de Arizona.
La investigación está apoyada por el proyecto financiado por la Unión Europea, Make ICT Fair, y publicado en colaboración con SETEM y CATAPA.

DISPOSITIVOS QUE DRENAN EL DESIERTO

Pueden encontrar todos los artículos del proyecto de investigación a continuación.

*Artículos originales en Inglés
ARTICULO 1: Nuestra demanda de baterías está secando el lugar más árido del mundo.
ARTICULO 2: Gran parte del litio del mundo se extrae de los territorios de los pueblos indígenas contra su voluntad.
ARTICULO 3: Los pueblos indígenas enfrentan cargos por resistirse a futuros proyectos de litio en todo Chile.

ARTICULO 4: Probablemente haya litio chileno detrás de la pantalla en la que estás leyendo esto.

ARTICULO 5: ¿Cuánta agua se utiliza para fabricar las baterías del mundo?

ARTICULO 6 / ENTREVISTA: Las empresas mineras sólo ven agua. Pero el agua es vida para nosotros.

Entrevista con Clementino López, de 67 años, uno de los cerca de 20.000 indígenas Likan Antai que viven en el desierto de Atacama

ARTICULO 7 / VIDEO: Observe los surrealistas paisajes de extracción de litio desde arriba

Observe los surrealistas paisajes de extracción de litio desde arriba

Autores: Aäron De Fruyt y Charlotte Christiaens.
Fotografía: ©Pablo Rojas Madariaga / Danwatch

Art as a Form of Protest – Peru

Art as a Form of Protest – Peru

As all neighboring countries of Peru are stuck or have been stuck in violent protests recently, Peru seems calm. Cajamarca, known for its huge protests to stop the mining project of Conga, seems calm.

Those protests happened only about 7 years ago, in 2011 and 2012, and still have a special taste in everyone’s mouth. Everyone in Cajamarca today has lived them profoundly. Everyone has somehow been part of the cruel protests. But looking at Cajamarca now, it seems like the idea of protesting has died. It seems like people have quietly accepted legal and illegal mining activity in the region. For example, there seems to be no reaction to the new mining project Michiquillay of the company Southern Copper, which they hope to start using in 2022. And there is very little reaction to the contamination of the Valle de Condebamba, where vegetables most Cajamarquinos eat get produced and are severely contaminated with toxic metals.

Why is that? Why do people stay calm? Is it because there are too many protests in Peru? Because they got tired? Because of the number of social conflicts that never get resolved? Because of the 279 people that died defending human rights until 2018 in Peru? Because of the horrible criminalization of protests in Peru in all its forms – both direct attacks as methods like states of emergency? Because of the memory of the horrible protests in 2012?

All very good reasons to not take to the streets anymore. But the truth is – the protests have never really stopped. They have just taken different forms.

Silent protests

Calm, silent protests are happening everywhere. Protesting doesn’t mean aggression. Protesting means showing how things can be different, making people think, for example through art, photo exhibitions, music, whatever you feel like. Protesting can be as silent or as violent as you want it to be. It’s your fight.

So yes, people in Cajamarca – or in Peru – might be tired of protest marches. It’s easy to see that the protest marches for women rights are smaller every year. The three climate change actions we’ve organized this year shrunk every time, and in June, when bull fights came back to Cajamarca after years, we were just a small group screaming outside of the arena holding up cardboards and getting laughed at.

But almost no one came to see the bull fights. The stadium was empty, which made the government cancel the second day of fights. And isn’t that a sign that Cajamarca doesn’t want bull fights anymore? Isn’t just not showing up a form of protest too? Isn’t silent protest, protest too?

Cross boundaries

Protest is what you want it to be. And using art as a form of protest isn’t something new. In fact, it represents the way of protesting in Peru. In the world. And all through history.

It’s said that art as a form of protest or activism was first seen with Dada, an anti-war movement which openly outed critiques to the First World War. Picasso protested with paintings based on for example the Spanish Civil War. The Vietnam War formed a base for many works of art in the sixties, and also gender issues, feminism, immigrant problems, and so on, got addressed through art. And then we haven’t even mentioned Banksy yet with all his work on all kinds of global issues, or the Russian feminist punk-rock band Pussy Riot that dealt with themes as feminism, freedom of speech, LGBT+ rights, etcetera, through their music.

Art is political, and art can be a powerful weapon. Art can make you think about things you hadn’t thought about before. Art can make a political statement, can be some sort of critique on a political or social situation. Art often looks up boundaries, or crosses them.

Art and activism

Also during the awful protests against mining project Conga in 2011 and 2012, art was used. The Plaza de Armas in Cajamarca changed into an art gallery, there were concerts, people were singing and dancing on the street. The Marcha del Agua towards Lima was beautiful with everyone singing together. And that has never stopped. That’s still part of Peru’s – or Cajamarca’s – culture. Art is protest.

As Carlos, founder of an environmental organization in Cajamarca says: “Art has a great impact on people. People get conscious about the environment, and on top of that about the beauty of the art and the people.” Art has an incredibly creative power to move people emotionally, while activism sets a goal, shows us the social or political change we need to see in the world. Art moves a feeling, while activism creates an effect. And in order to make that change, in order to get that effect, we need some sort of stimulation. We need to be moved. Emotionally. Art and activism combined, can lead to many, many things.

On top of that, art used as a form of protest, outside of actual protest marches or political spaces, gets you a surprise effect. It makes people think about serious, maybe political, issues, without them maybe realizing it. It gets in your mind, and slowly, gets you to that effect activism wants to reach.

Changing minds

Murals for example, big paintings on walls, are widely used as a form of protest or activism in Cajamarca and in Peru. In the province of Celendín the streets are full of colourful walls. And also in Cajamarca the city is covered in painted walls, leaving powerful messages. Something we could already see in the beginning of the 20th century in Mexico.

And I have to admit, while painting one of those murals, thinking about the load of work waiting for me on my desk, I did think to myself that I could use my time better. That I could actually do something useful to help the environment, instead of just paint. That I shouldn’t waste my time painting a wall with a message probably no one would read. But was I wrong. All the people passing by that day stopped to check out our message. To see what it was about. And still very often, as I walk passed that wall, I see people talking about the painting. Maybe the mural didn’t gain the change immediately. But it is changing people’s minds, slowly, daily, firmly.

The same happened when we used a beautiful Cajamarcan tradition as a form of activism. On Corpus Christi, the whole Plaza de Armas gets covered in alfombras, or flower carpets. We focused on animal rights and protested against the bull fights with our carpet, whereas some others used it to address gender inequality, for example. And in between the beautiful art works, those pieces of art showing some sort of social or political issue, were the alfombras where most people stood around, discussing what they saw. Not what was actually there, but what they saw, what it meant to them, what they understood the message was. It made people rethink their own actions.

Happiness in protest

And that’s not all. Ecological fairs keep popping out of the ground like mushrooms, focusing on economic alternatives to mining and environmental issues, and that way making passengers-by think about the impact of mining activity without them realizing that’s what it’s about. Wakes are organized to mourn the death of our environment, combined with a beautiful piano concert, to focus on environmental issues in a different way. Theatres are held all through town showing the effects of gender inequality or climate change. Movie nights focusing on social themes are a big thing.

The lyrics to the typical cheerful carnival music of Cajamarca get changed to songs defending human rights and are being sung whenever the opportunity shows.

A few weeks ago a protest action was held at Cerro Quilish. Only about 30 people showed up, hiking to the top of the mountain from where you could look out over Yanacocha. But those 30 people brought up their giant speaker, singing and dancing their way up. And after the talk on top of the mountain, the volume of that same speaker was turned up a bit more.

People opened their bags, uncovering bowls of food, giving everyone a spoonful of whatever they had brought. Sharing. Dancing. Singing. Turning a protest into a beautiful moment together, showing their strength, their traditions, their bond. Showing they are one. Unstoppable. Finding happiness in protest.

Beautiful protests

There’s loads of centers that open their doors for all kind of social movement or activity, for free, supporting artists. There’s a cultural magazine made entirely by volunteers that also hold events every few weeks addressing for example topics as cultural identity, traditions, history. There’s movies or poetry in Quechua to make people rethink their roots and history. There’s dozens of bands in Cajamarca singing about animal rights or human rights or violence against women or any topic you can think of.

Lots of youth organizations take charge and organize fun activities for all ages such as actions on recycling with quiz questions and prices to win. Photo exhibitions focus on what nature should look like and shows the work of different human and environmental right defenders.

Of course, protesting is hard in Peru. And it’s sad that there’s still so much to protest about. But at least we know it will always be here, in its own way. And protesting can be so, so beautiful.

There’s resistance. There’s hope. In all its forms. Don’t underestimate the power of art. And don’t underestimate Cajamarca.

Armenia: Amulsar, the Mountain where Water is more Precious than Gold

On the 2nd of October, CATAPA had the honor of receiving Armenian activist Anna Shahnazaryan, from the Armenian Environmental Front. She is part of the Save Amulsar campaign, which for years has been opposing the Amulsar gold mine by Lydian International. The Amulsar mine is the second largest gold deposit in Armenia. Shahnazaryan travelled to Belgium to have conversations with EU lobby groups and managed to give a short presentation with CATAPA.

During this gathering, we also met Laura Luciani (author of this article), who is a PhD student at the Centre for EU Studies of Ghent University, where she researches human rights and civil society in the South Caucasus.

ORIGINAL ARTICLE in the East Journal in Italian, by Laura Luciani.

Armenia: Amulsar, the Mountain where Water is more Precious than Gold

In 1986, a group of 350 Armenian intellectuals wrote an open letter to Mikhail Gorbačëv to denounce the catastrophic consequences of pollution caused by heavy industries, whose repercussions had long been ignored by the Soviet authorities. Even though for over thirty years environmental protests have been taking place in an almost cyclical way in Armenia, and the damages caused by irresponsible industrial practices are constantly monitored, today citizens still have to take to the streets to prevent yet another ecological disaster.

For seven years, local communities and environmentalist groups have been opposing the construction of a gold mine in Amulsar – a mountainous area in the South of Armenia, located in the centre of the national water supply system. But in the last year, in the wake of the political changes that affected Armenia, this local protest has taken on a transnational dimension: now, the “post-Velvet-Revolution” government led by Nikol Pashinyan finds itself having to handle it with caution.

The project and its impact

Armenia is a country rich in mineral resources including copper, gold, but also lead, silver, zinc and other industrial minerals; these constitute more than half of the country’s exports. With a surface of less than 30,000 km2, Armenia counts today around 27 authorized mineral sites, of which 17 are active. However, the exploitation of these deposits has for decades been at the centre of controversies due to mismanagement and to these extractive projects’ extremely negative environmental effects.

In 2012, a mining company called Lydian Armenia (subsidiary of the offshore company Lydian International) signs a first deal with the Armenian government, at that time led by the Republican Party. In 2016, the company receives the final mine operation permit, even though the project is highly problematic. Amulsar, which is the 2nd largest gold deposit in Armenia, is in fact located only 6 km away from the spa town of Jermuk, famous for its thermal water: the inhabitants (who were not consulted about the project and its impact) fear that the proximity of the mine and the pollution resulting from it may discourage tourist flows to the town, thus affecting the community’s main source of income.

Scientists also indicate that the project could have ecological repercussions on a much larger scale: the Amulsar deposit is located within a seismic area, which increases the risk that acid drainage processes, accelerated by the excavations, leak in and contaminate the surrounding rivers (Arpa, Vorotan and Darb), with negative consequences for agriculture and livestock. Furthermore, contamination threatens to reach Lake Sevan – the largest freshwater reservoir of the country and an almost sacred place in Armenian popular culture. Last but not least, the project would alter the Amulsar ecosystem, which hosts different protected species including the Caucasian leopard (or Persian leopard) – of which only 10 specimen remain in Armenia.

A turning point 

After years of protest, in June 2018 the local communities decided to seize the window of opportunity opened by the “Velvet Revolution” that took place over one month earlier (thanks to an unprecedented wave of mass peaceful protests) to undertake direct action and block the streets leading to the mining site. The #SaveAmulsar campaign was born: for over a year and a half, local people supported by environmental activists have been supervising the entrance to the mine, doing shifts in checkpoints they built for this purpose, and managed to effectively stop the works in the construction site.

However, the citizens’ euphoria suffered a severe blow on 9 September this year: after opening an investigation and commissioning an independent assessment of the project’s environmental impact, prime minister Nikol Pashinyan unexpectedly gave the go-ahead for the digging in the Amulsar gold mine, asking protesters to clear the streets. As Anna Shahnazaryan, Armenian Environmental Front’s activist, explains in an interview for Kiosk (T.N. Italian radio programme), “the independent report, published in August, stated that Lydian’s estimations about the mine’s impact on water resources were incorrect, and that the project contained several evaluation errors – including intentional ones. Therefore, the environmental impact mitigation measures envisaged by Lydian were not adequate”.

Nevertheless, the Investigative Committee and the prime minister himself concluded that the company would be able to manage all the environmental risks. “For this reason, – Shahnazaryan continues – in the last two months the situation has become hectic: the prime minister took the side of Lydian and organized different meetings with the company’s representatives, while we activists took to the streets both in Amulsar and in Yerevan”.

“Post-revolutionary” Armenia and its problems

Experts suggest that Pashinyan is defending the private interests of Lydian Armenia and its investors (among which the USA, the United Kingdom and several international financial institutions) to prevent the company from having recourse to the Investor-State Dispute Settlement (ISDS). This is an international mechanism which allows a foreign investor to request arbitration by a corporate court if the “host-state” violates its rights: this decision could cost Armenia around two billion dollars, that is two thirds of its state budget.

However, there are also people who believe that Pashinyan’s ambiguous position is symptomatic of some criticalities of Armenia’s post-revolutionary government: first, the lack of an ideology going beyond the mere overthrow of the corrupt political system, which for ten years had been in the hands of former president Serzh Sarghsyan. According to Anna Shahnazaryan, “the current government uses many slogans, but behind the slogans there is little action. And one of these slogans is ‘we will not follow the economic path traced by the previous government, which focused on the mining industry, but we will try to develop new sectors such as tourism and the IT sector’”.

In reality, the “economic revolution” that Pashinyan wants to bring about in Armenia seems to be based on the same neo-liberal approach of the previous government, aimed at “opening up the country” to multinationals and foreign investors (with the 400 million dollars destined for Amulsar, Lydian would be the largest single investor in the history of independent Armenia). An understanding of “development” which disregards ecological considerations, human rights and the citizens’ well-being.

Another problem, Shahnazaryan points out, is that “with the revolution in Armenia people developed a certain idolatry of the current prime minister, who is considered the leader of the revolution. Many former activists who participated in the revolution and were then elected to Parliament have now expressed ‘unconditional support’ to Pashinyan’s position on Amulsar”. According to Shahnazaryan, this raised many doubts, even among those who were not necessarily opposed to the project, “because it is something that undermines the democratic structure of the country: the legislative body should not be ‘unconditionally supporting’ the person that it is in charge of supervising”.

#SaveAmulsar continues 

Last year, the Armenian Environmental Front launched a petition requesting municipal councils in Jermuk and other towns in the region to ban all mining activities and declare Jermuk an ‘ecological area’. Although the petition has collected 12,000 signatures so far, the government has recently appealed against this initiative. Lydian Armenia is also putting pressure on protesters through legal channels.

Meanwhile, activists are trying to internationalize the movement, with the aim of exposing the responsibilities of international financial institutions (in this case, the European Bank for Reconstruction & Development) and other project funders (notably, the Swedish government which channelled money to Amulsar through state export-credit funds) in the global phenomenon of extractivism – namely non-sustainable development practices based on the extraction of mineral resources at the expense of local communities’ interests and the environment on which they depend.

Anna Shahnazaryan is convinced that the government cannot give a definitive authorization to Lydian “because the citizens are firmly opposed to the project, and if Pashinyan decides to use violent methods this will only turn against him”. The stakes in Amulsar seem to be very high: they do not “only” touch upon the protection of the environment and natural resources, but also the legitimacy of Nikol Pashinyan and the future of democracy in Armenia.

Minería en Azuay: una historia de David contra Goliat

Minería en Azuay: una historia de David contra Goliat

Azuay, una provincia del sur del Ecuador con Cuenca como capital provincial histórica y cultural, se ha convertido rápidamente en una región emblemática en la lucha contra la minería.

En el cantón de Girón, en la provincia de Azuay, el 24 de marzo de 2019 se organizó una consulta pública (Consulta Popular) sobre el proyecto minero a gran escala Loma Larga. Un acontecimiento histórico porque fue el primer referéndum local en Ecuador sobre una actividad minera.

Durante la Consulta Popular en Girón, se les preguntó a los habitantes si estaban de acuerdo o no con la extracción de oro en el Páramo de Kimsacocha, ubicado en el Parque Nacional Cajas. Un páramo es un ecosistema frágil en la Cordillera de los Andes que es vital para el abastecimiento de agua en la región y en el país.

El resultado del referéndum fue convincente: El 87% de la comunidad prefirió el agua al oro y dijo “si a la vida, no a la minería”. Un precedente importante en Ecuador ya que, después de esta victoria, otras provincias trataron de hacer lo mismo. Imbabura y Carchi, dos provincias del norte de Ecuador, presentaron recientemente una solicitud de Consulta Popular, pero lamentablemente ha sido rechazada por la Corte Constitucional ecuatoriana.

También en términos de liderazgo político, la importancia de la provincia de Azuay no debe ser subestimada. En mayo de 2019 los habitantes eligieron a Yaku Pérez Guartambel como nuevo prefecto. Desde entonces, Yaku ha dirigido el gobierno autónomo de la provincia de Azuay.

Yaku Pérez es conocido por sus fuertes declaraciones contra el sector minero y su ambición de despejar legalmente la provincia de Azuay de la minería de metales, en particular mediante la organización de referéndums. Rápidamente, Yaku Pérez se convirtió en una figura simbólica en el país.

Yaku Pérez at the demonstration in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Un problema constitucional

Tras la victoria del referéndum en el cantón de Girón, Yaku Pérez convocó a un referéndum general sobre las actividades mineras en la provincia de Azuay. Esta cuestión fue sometida a la Corte Constitucional, pero después de una audiencia el 17 de septiembre de 2019, esta solicitud ha sido rechazada.

Pérez expresó claramente su descontento con la naturaleza de la audiencia. Según él, el Presidente del Tribunal debe celebrar una audiencia pública antes de tomar una decisión, como es habitual en asuntos constitucionales. “Queremos una audiencia pública para poder mirar a los jueces a los ojos y hablar con el corazón. Demostrar de forma fáctica y legal la necesidad de una consulta pública”, según Pérez.

Demonstration in front of Constitutional Court in Quito, 17 September 2019 © Iván Castaneira

Además, existe un conflicto de intereses dentro de la Corte. Uno de los jueces constitucionales, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, no pudo participar en la audiencia debido a declaraciones anteriores contra el extractivismo. Otros jueces, que claramente tienen vínculos con el sector minero, fueron autorizados a participar. La Jueza Carmen Corral es abogada de Solines Asociados, una firma de abogados que brinda asesoría y apoyo a las empresas mineras. Otra jueza, Hilda Nugues, es miembro del comité de mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se ha pronunciado en contra del referéndum.

Está claro que hay mucha presión por parte del gobierno nacional y de las grandes multinacionales. Existe una gran preocupación por lo ocurrido en Girón y temor por el resultado de estos referendos a nivel provincial y nacional.

'SOMOS AGUA', demonstrators from Azuay in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Campaña contra Yaku Pérez

No es casualidad que, el mismo día de la audiencia, el sector pro-minería distribuyera una campaña en Twitter en la que atacaron a Yaku Pérez.

Alegaron que Pérez había tenido concesiones mineras en el período entre 1999 y 2000 porque su nombre fue encontrado en el registro minero.

Yaku Pérez rechazó este argumento. En ese momento, como abogado, había firmado documentos para la extracción de arena y piedras para trabajos de construcción en la provincia. Este tipo de minería también está registrada, pero no se refiere a la minería de metales.

La batalla continúa

Tras la decisión negativa del Tribunal Constitucional, Pérez anunció que intensificaría la resistencia y abriría una puerta más amplia organizando un referéndum a nivel nacional.

La Constitución ecuatoriana reconoce a la Consulta Popular como una iniciativa ciudadana legal. Sin embargo, la industria minera y el gobierno ecuatoriano argumentan que las consultas locales sobre minería no pueden tener lugar porque los recursos naturales en el subsuelo son un asunto de interés nacional.

'SOMOS AGUA', demonstrators from Azuay in Quito, 16 September 2019 © Iván Castaneira

Además, la Constitución establece que los poderes de los diversos órganos políticos no son exclusivos, sino competitivos. “Usted puede ser el dueño de lo que hay en el subsuelo, pero tiene que pasar por encima de la tierra”, dice la abogada Verónica Potes, experta en derecho ambiental y derechos humanos.

“Es una batalla de David contra Goliat”, dice Yaku Pérez, “No somos muchos, pero tenemos la verdad, la razón y la legitimidad a nuestro favor. Continuamos la resistencia y si es necesario, denunciaremos este asunto ante los tribunales internacionales”.